Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 19 de mayo de 2014 se publicó la Ley de Protección a las Víctimas para el estado de Puebla, fecha a partir de la cual el gobierno del estado, entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, tenía 120 días para promulgar el reglamento, pero nunca lo hizo. 

Cinco años después, finalmente Puebla tendrá una ley operativa que pueda ayudar a las víctimas.

Gracias a un amparo interpuesto por el abogado Felipe de Jesús Monroy Reyna, también en 2014 y resuelto hace poco, el gobierno de Puebla tiene 90 días hábiles, aproximadamente hasta octubre de este año, para publicar el reglamento y 45 crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que garantizaría a las víctimas tanto de delitos como de violaciones a Derechos Humanos la reparación integral del daño, que en estos últimos contempla la disculpa pública por parte del Estado

El abogado explicó que la sentencia no sólo ordena a las autoridades que cumplan sino que el gobierno del estado sería acreedor a sanciones en caso de no hacerlo.

Para Monroy Reyna, quien acompañó el proceso legal de Rubén Sarabia “Simitrio”, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre y de su hijo Rubén Sarabia Reyna, acusados de narcomenudeo y otros delitos, a raíz del cual surgió el amparo, dijo en entrevista con LADO B que el logro de la sentencia del amparo es benéfico para toda la sociedad. 

Simitrio y su hijo señalaron una persecución política en su contra y fueron detenidos y encarcelados por presunto narcomenudeo, lo cual posteriormente fue desmentido y recuperaron su libertad. 

La lucha legal

En 2014 Rubén Sarabia Reyna, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre fue detenido y contra él se abrieron dos procesos, uno de ellos radicado en Cholula pese a que los delitos de narcomenudeo de los que se le acusaba ocurrieron en Puebla.

El hecho de haber radicado el proceso en otra jurisdicción, de la cual estaba a cargo el juez José Refugio Alejandro León Flores, quien ejerció con cédula y título falso durante años,  constituía una clara violación al proceso, pues no tendría por qué haber estado en sus manos un proceso de un delito ocurrido en un municipio fuera de su jurisdicción. 

Rubén, hijo de Simitrio, líder de la UPVA, quedó en libertad y se confirmó que no había elementos para acusarlo por narcomenudeo, y por ello su abogado promovió una solicitud de reparación del daño como víctima de violaciones a Derechos Humanos.

Aunque en ese momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), a falta de reglamento y de una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, tendría que haber atendido la reparación del daño, como establece uno de los artículos transitorios de la legislación, no lo hizo, por lo que el abogado promovió un amparo, el 2480/2017, contra la CDH, el Congreso del Estado y el gobernador, el cual fue resuelto sólo contra la CDH dejando fuera tanto al Legislativo como al Ejecutivo locales, pasando por alto sus omisiones.

El abogado de Rubén Sarabia Reyna explicó a LADO B que ante la primera resolución que restaba responsabilidad al Ejecutivo estatal y al Congreso se promovió un recurso de revisión, que recién se resolvió el 12 de julio de este año. La parte fundamental de la sentencia revoca la anterior, pues ahora reconoce la responsabilidad del Congreso y del gobierno estatal por sus omisiones ante la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas,  y la dilación en la publicación del reglamento de la ley local.

Tanto para el abogado Felipe de Jesús Monroy Reyna como para Rubén una de las cuestiones más importantes que implica la sentencia es poder reparar “la imagen y la honra de la persona”, que en el caso del hijo de Simitrio había sido detenido por supuesto narcomenudeo que nunca se comprobó.

“Hoy que se gana el amparo que obliga la creación de la CEAV se beneficia a todo el estado y sobre todo a los que fueron presos políticos”, dijo Rubén a LADO B. El activista y el abogado dijeron que vigilarán el seguimiento del cumplimiento de la sentencia y que es importante que la gente conozca que existirá el registro estatal de víctimas para que se inscriban y puedan exigir la reparación del daño.