Crédito: Departamento de Infografía GESE

Errol Caballero, La Estrella de Panamá | Connectas

A pesar de haber sido denunciados por falsificar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal, inhabilitada por 10 años para contratar con el Canal ‘por falta de honestidad’ y de estar involucrada en procesos legales, incluyendo uno que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, un grupo familiar, a través de dos sociedades anónimas, ha sido favorecido en múltiples licitaciones con entidades estatales. Así ha sido por 18 años. Tan solo en los últimos dos han ganado 6 millones de dólares.

La Sociedad Anónima Rocayol Safety & Industrial Center fue inscrita en el 2004 en el Registro Público. En el pacto social de la empresa aparecen los nombres de Casilda Múñoz y Roger Espinosa, uno de sus hijos. El otro, Joel, también ocupa un puesto en la directiva.

Han sido años de prosperidad, buenos para el negocio de la comercialización y distribución de equipos de protección personal. Solo entre agosto y diciembre del 2017 la firma se adjudicó contratos por 4,551,496.69 de dólares: para adquisición de botas y demás equipo de seguridad para la Policía Nacional y personal del Sistema Penitenciario, para mascarillas y mangueras para el Cuerpo de Bomberos, uniformes que ayudarían al personal del Aeropuerto Internacional de Tocumen a prevenir incendios, salvavidas para la Autoridad Marítima, cámaras infrarrojas para el Servicio Nacional Marítimo, guantes de piel de vaca para el IDAAN, ojos de gatos para las calles que atraviesan las áreas revertidas, etc. La lista es extensa.

En el 2018 las ganancias subieron como la espuma que es utilizada para sofocar incendios por los bomberos, destinatario de hasta un 84% de las ventas de Rocayol al Estado en el 2018, por un monto de 5,177,252.26 millones de dólares.

La cifra total de contrataciones al gobierno superó los 6 millones de dólares en agosto pasado. Los equipos y servicios prestados fueron varios: de rescate acuático para el Sistema Nacional de Protección Civil, chalecos antibalas para la seguridad del Banco Nacional de Panamá, LEDs para ambulancias, etc.

Dos contratos por el IDAAN, para el suministro de 3 mil pares de botas y 8 mil pares de guantes fueron inicialmente suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) el año pasado, por tratarse de artículos contemplados en el ‘Convenio Marco de Equipos e Implementos de Seguridad’.

No había trascurrido un mes desde que a suspensión cuando el IDAAN, a través de las resoluciones ejecutivas 124 y 125, adjudicó los contratos a la firma. El monto de sus propuestas eran inferior a la de sus competidores, incluyendo las presentadas por Aryan, parte del grupo de sociedades de la familia. Casilda y sus hijos competían y se superaban a sí mismos.

Para lograrlo recurrieron a contrataciones directas, fuera del Convenio Macro, a pesar de que una resolución de DGCP, con fecha del 26 de junio de 2018, subraya que la Ley 22 de contrataciones públicas ‘obliga a las entidades licitantes a consultar el catálogo electrónico de productos y servicios antes de proceder a llamar a un acto de selección del contratista’.

‘En el caso de una emergencia, el gobierno permite que se puedan comprar directamente ciertos artículos. Se agarraron de eso’, expusieron un grupo de competidores de Rocayol, que solicitaron mantener la reserva de sus nombres. De acuerdo con el decreto 24, artículo 330, publicado en Gaceta Oficial del 14 de noviembre de 2017, dicha excepción es ‘para adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para la presentación del servicio público’, y no para equipos de protección personal, como guantes y botas.

¿Ganancias sin cotizar?

Por 10 años los negocios siguieron, sin tropiezos. Hasta que en el 2013 la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó una auditoría.

Los abogados de Rocayol pidieron, entonces, la intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero los magistrados, a través de una sentencia del pleno, con fecha del 7 de abril de 2014, negaron el amparo de garantías presentado.

Más recientemente, ante la fiscalía metropolitana fue una interpuesta una demanda contra Casilda Múñoz, en su condición de representante legal de Rocayol Safety & Industrial Center S.A., por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos.

El supuesto delito comenzó a perpetrarse en noviembre de 2016, fecha en que Rocayol empezó a aportar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal de la Caja del Seguro Social para participar en los actos públicos aludidos anteriormente. En dichas certificaciones se asegura que la compañía se encuentra a ‘paz y salvo en el convenio de pago y en las cuotas empleado-empleador’.

Una consulta realizada en el sitio web del Seguro Social (www.css.gob.pa/pazysalvo/) arrojó como resultado un paz y salvo electrónico, válido hasta fin de mes. Esta certificación corrige la incongruencia presentada en los anteriores, dado, que como, se argumenta en la denuncia presentada, ‘si se mantiene un convenio de pago no se encuentra paz y salvo en dichas cuotas’.

En las que corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, aparece una firma que llama la atención. Es la de un funcionario cuyo nombre y apellido aparecen con diferente escritura y tinta, irregularidad que también quedó registrada en la demanda.

La competencia sospecha que los paz y salvos que Rocayol presentó antes del 25 de marzo, fecha de emisión del certificado que se puede encontrar actualmente en el sitio css.gob.pa/pazysalvo/, están falsificados, lo que en retrospectiva pudiese afectar las licitaciones en cuestión y ‘acarrear graves afectaciones a los fondos monetarios de la Caja del Seguro Social’.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Casilda Múñoz a través del teléfono de su oficina y correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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