Los pobladores de San Felipe Tepatlán han llenado las paredes de sus casas con inscripciones, demostrando su oposición a la hidroeléctrica Foto: Martina Žoldoš

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera 

El juicio de amparo interpuesto por tres comunidades indígenas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en 2016 está próximo a recibir sentencia. Después de más de 3 años de lucha legal la audiencia constitucional se llevó a cabo el 11 de junio de 2019, y ahora los defensores del territorio esperan conocer la resolución en no más de 90 días hábiles, sobre si el juez aprueba o rechaza la presa que se construiría en el cauce del río Ajajalpan. 

Tres comunidades de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, acompañadas por el consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Fundar Centro de Análisis e Investigación, interpusieron un juicio de amparo en abril de 2016 en contra de la Semarnat, el INAH, la Conagua, la Sener (Secretaría de Energía) y los ayuntamientos de ambos municipios por haber otorgado los permisos para la construcción de la presa violando sus derechos.

Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, dijo en entrevista para LADO B que en el juicio de amparo se reclama la violación de derechos al medio ambiente sano, al agua, a la tierra y al territorio, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado.

Ahora que está pronta la sentencia, el consejo Tiyat Tlali lanzó una campaña de recolección de firmas, pidiendo la cancelación de los permisos para que no se realice el proyecto y se eviten los impactos ambientales negativos.

Guardianes del Río Ajajalpan” Foto: Martina Žoldoš

Una consulta opaca

El caso de la hidroeléctrica Puebla 1 es uno de los pocos megaproyectos en México donde se llevó a cabo la consulta indígena para determinar su destino. Sin embargo las organizaciones y opositores denunciaron fallas y violaciones durante el proceso: acarreo de votantes, falsificación de firmas y compra de votos por parte de la empresa, la cual incluso organizaba comidas masivas para los habitantes.

Además la consulta no cumplió con el carácter de previa –debe ser previa, libre e informada–, pues los permisos se empezaron a otorgar desde 2009 y la consulta se realizó hasta abril de 2015. En julio de ese mismo año el IMDEC y el Consejo de comunidades Tutunaku en defensa del Río Ajajalpan denunciaron públicamente que el representante de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia encargada de organizar la consulta, llegó con personal de la Sener y sin explicar nada les pidieron que firmaran para que después esas firmas fueran tomadas a favor del proyecto.

La abogada Diana Pérez dijo que las organizaciones y habitantes “están exigiéndole al juez que reconozca que hubo una violación de los derechos de las comunidades”. 

El juez que está llevando actualmente el caso es Miguel Arroyo Herrera, personaje que en 2015 estuvo envuelto en la polémica por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el Cerro del Fortín, junto al auditorio de la Guelaguetza. Arroyo resolvió finalmente que el polígono de la construcción tenía todos los permisos y no estaba dentro del polígono del Área Natural Protegida del Parque Estatal “Cerro del Fortín”, pese a la denuncia que establecía lo contrario, interpuesta por grupos ambientalistas, activistas y el pintor Francisco Toledo. 

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Violencia e irregularidades

El río Ajajalpan es de suma importancia para la vida y cultura de los pueblos totonacos y nahuas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán. Los habitantes defienden la conexión ancestral y espiritual que los une al Ajajalapan y han emprendido una lucha para evitar que la presa se construya, generando impactos ambientales negativos e irreversibles tanto al río como al ecosistema de la región.

Los opositores a la presa, agrupados en la organización Tutunaku-Nahuatl “Guardianes del Río Ajajalpan” han sido víctimas de amenazas, presiones y ataques legales. En octubre de 2015 fueron denunciados penalmente 14 integrantes de la organización por supuestas amenazas de muerte e intento de linchamiento. La denuncia nunca fue ratificada y ellos aseguran que se hizo para “meterles miedo”.

El proyecto arrancó desde 2009, año en que los entonces ayuntamientos priistas otorgaron las licencias de cambio de uso de suelo y construcción, abriendo la puerta a la empresa de la hidroeléctrica. En 2011 la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en 2013 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Sener otorgó el permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, y un año después, Conagua aprobó el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del Ajajalpan. Incluso el INAH, quien reconoce que dentro del área de afectación del proyecto Puebla 1 hay vestigios arqueológicos, en 2015 dio el visto bueno para las obras.

Diana Pérez dijo que en cualquiera de los dos escenarios, si se avala el proyecto o si se cancelan los permisos, todavía existe la posibilidad de que la parte que no sea favorecida interponga un recurso legal más. Así habría una  segunda instancia, que sería un recurso de revisión que subiría a un tribunal colegiado para resolver sobre las inconformidades que se hayan interpuesto sobre la sentencia pronunciada, aunque los activistas esperan que el juez falle a favor de las comunidades y detenga el proyecto.

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