Corte de caja: A un año del tsunami electoral

Corte de caja: A un año del tsunami electoral

Foto tomada de Pie de Página
Cuauhtémoc Cruz Isidoro

Se cumple un año de la jornada electoral en la que Andrés Manuel López Obrador alcanzó la Presidencia de la República. En el Informe de Actividades que presentó el lunes 1 de julio, el titular del Ejecutivo indicó que ya había cumplido 78 de los 100 compromisos anunciados en diciembre pasado. Es cierto que, en estos doce meses, hemos tenido algunos avances, pero también retrocesos y una que otra alerta roja. Aquí un panorama de cómo andamos en materia de derecho a la información.

Publicidad oficial. Uno de los compromisos presuntamente cumplidos en estos primeros meses de la llamada 4ª Transformación es el relacionado con el gasto en medios de comunicación. Según palabras del presidente: “se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50 por ciento, lo que representa un ahorro de cuatro mil millones de pesos”.

Mantengo mis reservas porque, si bien el presupuesto asignado para publicidad oficial este año es casi la mitad del gasto promedio anual reportado en la administración anterior, la Política de Comunicación Social presentada en meses pasados permite la ampliación en los presupuestos sin que se fije un tope máximo, lo cual abriría la puerta para que, al cierre del año, el monto ejercido sea mayor. Al tiempo.

Tampoco hay que olvidar que aunque está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si la Ley General de Comunicación Social vigente es inconstitucional, en la cancha del Ejecutivo, junto con la mayoría que tiene en el Congreso, está la posibilidad de presentar una Iniciativa de Ley que responda a los criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Colectivo #MediosLibres. Sólo falta un poco de voluntad política.

Libertad de expresión. Otros compromisos supuestamente cumplidos son los que se refieren al respeto a la libertad de expresión de que “nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”, y de la garantía a “la libre manifestación de ideas […] y la libertad de prensa”. Sin embargo, el panorama para las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo no ha cambiado mucho en comparación con sexenios anteriores.

De acuerdo con datos del Artículo 19, en lo que va del actual gobierno han sido asesinados siete periodistas. La cifra más alta para el primer año de los últimos cuatro sexenios. A esto, se ha sumado una estrategia de desacreditación por parte del Ejecutivo Federal contra medios de comunicación críticos calificándolos de “prensa fifí” o “conservadores”, e incluso con algunas expresiones con tono de intimidación como: “si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”.

Medios Públicos. En noviembre pasado, todavía como presidente electo, López Obrador expresó su intención de conjuntar a las estaciones de radio y televisión dependientes del Poder Ejecutivo Federal como son el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Canal Once, Canal 22 y Radio Educación, bajo la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), en un gran conglomerado de medios públicos al estilo de la BBC del Reino Unido o de RTV de España. La idea, que de entrada puede no sonar nada mal, a la fecha no ha caminado.

Al contrario, hace unos días, se anunció que varias estaciones que conforman el IMER dejarían de transmitir contenidos en vivo, otras más cerrarían y casi un tercio de sus trabajadores serían despedidos, “debido a la situación financiera” originada por la austeridad republicana. La presión, principalmente de las audiencias de Rector 105.7, logró revertir el escenario y el Gobierno Federal terminó garantizando los recursos económicos necesarios para, por lo menos este año, tener IMER.

Los medios públicos, dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, “pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos nonecesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.

Sobre este punto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general hicimos un llamado al presidente de la República con la intención de que se garanticen los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para la operación no sólo del IMER sino también de los distintos medios públicos. No sea que al rato en lugar de BBC, la austeridad nos lleve a quedarnos sin nada.

Las mañaneras. Sin duda las conferencias matutinas han representado un cambio drástico en el modelo de comunicación política. De acuerdo con una encuesta hecha por Parametría en febrero pasado, las personas “prefieren enterarse de la situación del país y de las acciones de gobierno” en un mismo porcentaje a través de la conferencias matutinas (47%) que a través de los medios de comunicación (46%); de igual forma, según una encuesta de Consulta Mitofsky, presentada en abril, el 64% de la población estaba a favor de que las mañaneras se mantengan durante todo el sexenio. Tal ha sido el impacto que YouTube le otorgó el “Botón de oro” por superar el millón de suscriptores en su canal.

Las mañaneras han servido no sólo para que el Presidente tenga una comunicación “más directa” –sin intermediarios mediáticos– con las audiencias a través de un espacio desde el cual se dicta la agenda informativa, y desde el cual también se hace contrapeso con el famoso “yo tengo otros datos” a las informaciones menos favorables para la 4T.

Medios ¿religiosos?. Uno de los puntos que más polémica y preocupación han despertado en torno al derecho a la información, es el acercamiento que han tenido grupos religiosos evangélicos, particularmente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), con el presidente de la República para solicitar el acceso a concesiones de radio y televisión. Actualmente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no permite que las organizaciones de índole religioso usen o exploten frecuencias del espacio radioeléctrico para operar medios de comunicación.

El otorgamiento de dos concesiones a la Asociación Civil La Visión de Dios ha abierto de nuevo el debate en torno al tema y ha prendido las alertas en las organizaciones especialistas en derecho a la información, las cuales han señalado que los medios deben cumplir con un servicio público de interés general, como establece nuestra Constitución, y no de adoctrinamiento político o religioso. El tema, sin duda, estará presente a lo largo del sexenio. Ya se verá.

Hasta aquí el corte de caja a un año del tsunami lopezobradorista.

También puedes leer: #MediosLaicos y derechos de las audiencias

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