Foto: Marlene Martínez

Jhovany Amastal Molina

El 28 de junio, tras una reunión fallida con José Luis Márquez –subsecretario general de gobierno– y Alberto Vivas –subsecretario de movilidad y transporte–, la Unión de Transportistas de Puebla anunció un paro a sus servicios, con el objetivo de presionar a las autoridades estatales a aceptar un incremento en las tarifas de transporte de 6 a 10 pesos.

En efecto, el primero de julio de este año, 40 rutas de un total de 127 (es decir, el 31.5%) suspendieron sus servicios. “Algunas al 100%, otras al 30% o 40%”, lo cual, de acuerdo con Arturo Loyola –delegado de la Coordinadora de Transporte Público–, representa aproximadamente “el paro de 1,200 unidades”, entre las cuales se encontraron las rutas 1A, 9, S16, 17, M17, 18, 23, 23A, 28, 52, 63, 67, 72, 72A, 77, 2000, 53 Norte, los Morados, Loma Bella, Perimetral, Libertad Cuauhtémoc y Jaguar.

Jorge Gómez Gil –representante de la Unión de Transportistas– indicó que dicha acción fue necesaria dado el incremento de precios de combustibles, y de los costos de mantenimiento de las unidades, por lo que resultó inviable para algunos transportistas continuar con el servicio.

Incluso, dijo Gómez, de manera general “se tienen paradas más de mil unidades por falta de servicio mecánico y eléctrico”, lo que ha generado la pérdida de empleo de “500 choferes de transporte público”. En este sentido, el incremento de 6 a 10 pesos –correspondiente al 67%– parece reflejar las necesidades sociotécnicas del sector, por lo cual, es importante contextualizar los siguientes puntos:

1.- Liberación de los precios de combustibles

En 2017, como consecuencia de la implementación de la Reforma Energética de 2013, los precios de los combustibles pasaron de regirse de un sistema subsidiado y, relativamente estable, a uno de competencia y variabilidad cíclica. Los resultados de ello se vieron reflejados en un incremento de aproximadamente el 10% en comparación a los precios de diciembre 2016 a enero 2017. Una tendencia a la alza que se ha mantenido en un promedio de 0.70%. El problema, sin embargo, es la arbitrariedad en la que dichos incrementos se desenvuelven, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

Con datos de: Comisión Reguladora de Energía

Al respecto, Ángel Molinero Molinero –especialista en Ciencias de Ingeniería y exdirector de Urbanismo y Sistemas de Transporte (USTRAN)– considera que estas variaciones pueden generar incrementos que van desde el 10% al 20% en los costos de operación de cada unidad de transporte. “Todo ello, en función de la captación que se tenga en cada ruta”.

2.- Incremento de la compra ilegal de combustible (huachicoleo)

Un problema paralelo que se ha vinculado al alza de los precios de hidrocarburos es la venta ilegal de combustibles (también denominado “huachicoleo”). 

Puebla se ha consolidado como uno de los principales centros de producción y venta de huachicol. Esta actividad despuntó en 2016, año en que se registró un total de 1,533 tomas clandestinas en la entidad; es decir, el 22.4% del total de las tomas registradas a nivel nacional, conforme a cifras de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Por su parte, el 73% de estas tomas clandestinas (datos de 2018) se concentran en 5 municipios: San Martín Texmelucan; San Matías Tlalancaleca; Puebla; Coronango y Huejotzingo. 

En lo que respecta a los precios de venta ilegal de los combustibles, estos se encuentran en promedio por debajo de los precios ofertados por los establecimientos oficiales en un 40%; no obstante, tal y como se ha reportado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el precio, en realidad, depende de la ubicación de las tomas, así como de los índices de demanda. En el caso del estado de Puebla, los precios más bajos se registran en Palmar del Bravo y Acatzingo (5 y 8 pesos por litro de gasolina), mientras que los más altos se encuentran en Puebla capital (12 pesos).

3.- Aumento de los precios al consumidor

Otro argumento insertado en el discurso de los representantes de la Unión de Trabajadores a favor del incremento de las tarifas, ha sido el aumento de los precios de alimentos, servicios básicos y otros insumos. De enero a la primera quincena de junio, la inflación alcanzó una tasa del 4%. Si bien esta cifra representa una disminución de -0.59% en comparación con la tasa del periodo anterior, aún se encuentra un punto porcentual por arriba de lo esperado por el gobierno.

Un dato más representativo es el índice de Precios al Consumidor, el cual, según INEGI, al mes de mayo reporta un incremento  del 4.9% con respecto al mismo mes del año anterior. Dentro de los productos que registran un mayor incremento se encuentran productos alimenticios, costo de servicios médicos y de electricidad.

Con datos de INEGI (2019)

Cabe destacar que Puebla se encuentra dentro de las cinco ciudades con mayor variación de IPC, al tener un incremento en su tasa de 4.9 puntos —con relación al mes de mayo de 2018 y 2019— sólo por debajo de: Atlacomulco (Estado de México); San Andrés Tuxtla (Veracruz); Tehuantepec (Oaxaca) y Acapulco (Guerrero).

4.- Variabilidad de ingreso

Alberto A., conductor por más de cuatro años en Puebla capital, comentó a Lado B que el ingreso promedio de un chofer suele ubicarse en un rango de “400 a 600 pesos diarios, en un horario de 6 a.m. a 10 p.m.” Es decir, aproximadamente 31 pesos por hora. No obstante, aclaró que esta cantidad puede variar ampliamente respecto a “la ruta, el día y, desde luego, del horario cubierto”.

Manuel R., actual conductor de la ruta 2A, mencionó que uno de los retos a los que se enfrentan la “mayoría o casi todos los choferes […] es cumplir con el horario que se te da para que llegues a las terminales”, dado que por cada minuto tarde suelen cobrarles 10 pesos, sin considerar el nivel de tráfico o posibles accidentes menores.

Otro de los factores de inestabilidad ha sido la entrada de las diversas rutas del Metrobús (RUTA), ya que, de acuerdo con Alberto, esto representó un decremento de sus ingresos en “casi el 50 por ciento”, además de que la reubicación de las líneas generó recorridos más largos por zonas poco transitables, lo que de manera directa ha afectado los costos de operación.

Foto: Luis Colchado

5.- La seguridad, un factor más de desestabilización al transporte

Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo a transporte público en el estado de Puebla ha tenido un incremento promedio de 2.55% durante los últimos tres años. Este incremento se ha concentrado principalmente en el municipio de Puebla, pues de un total de 202 robos en 2019, 154 (es decir 76%) se ha concentrado en la capital.

Esta situación no solo ha generado un mayor temor en el uso de determinadas rutas por parte de los usuarios, sino que han condicionado la aprobación de un aumento en el costo, sólo si la incidencia de robos disminuye. En contraparte, Jorge Gómez mencionó en varias ocasiones que la gente los “culpa de los asaltos a bordo de las unidades porque carecemos de botones de alerta, pero esa tecnología cuesta y no podemos solventarla con una tarifa de seis pesos”.

Es importante resaltar que dentro de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en el artículo 37, se indica que todo vehículo de transporte público (urbano, suburbano y masivo) deberá estar provisto de una “[…] cámara de videovigilancia, botón de pánico […] vinculados a los sistemas de seguridad pública”. 

La posición del gobierno ¿una estrategia sin estrategia?

Ante los anuncios sobre la posible suspensión de los servicios de las unidades de transporte el 20 de junio, la reacción del gobierno fue asumir un rol poco conciliador al no entablar una negociación entre los interesados. Antonio Peniche, actual secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), en un comunicado de prensa confirmó que “no habría aumento a la tarifa del transporte público en lo que resta de la administración”. De igual forma, sentenció que la problemática que enfrenta el sector de movilidad no podría solucionarse “simplemente con el aumento del pasaje”.

Aunque, 10 días más tarde, esta posición cambió radicalmente. El secretario se mostró a favor de los transportistas al mencionar que “el alza era necesaria, dado que el promedio a nivel nacional es de alrededor de 9 y en Puebla está en 6 pesos”.

Estas visiones contrapuestas, sin embargo, tuvieron su clímax el 1 de julio, cuando se llevó a cabo la suspensión de los servicios de ciertas unidades, ante lo cual, el gobierno del Estado decidió enunciar el artículo 103, fracción VI del Reglamento de la Ley de Transporte, que le permite revocar las concesiones ante el cese del servicio sin justificación, aseverando el inicio de los procedimientos contra nueve concesionarias. 

Por su parte, Miguel Barbosa, gobernador electo, parece seguir con los pasos de la administración en turno, pues tras una reunión que se llevó a cabo el 4 de julio con los líderes transportistas—sin dar una respuesta concreta— señaló que “el tema es relevante pero no el único a atender”, por lo que para llegar a una solución “se tendrán que escuchar todas las voces”. Para ello, nuevamente, se establecieron mesas de trabajo.

*Foto de portada toma de Agencia EEF