Mario Osava | Ips agencia de noticias 

RÍO DE JANEIRO, 27 jun 2019 (IPS) – Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.

El récord histórico de 65.602 homicidios, que corresponde a 31,6 casos por cada 100.000 habitantes, se propaló como una noticia alarmante por todo el mundo, cuando el 5 de junio se divulgaron los resultados del Atlas de la Violencia 2019.

Pero eran datos rezagados, de 2017, ya que el Atlas, publicación del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada,  en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una asociación de interesados en el tema, maneja estadísticas consolidadas de años anteriores.

En 2018 hubo una caída de 12,8 por ciento en los asesinatos y esa tendencia se acentuó en los cuatro primeros meses de 2019, con rebaja de 23 por ciento, en comparación con igual período del año anterior, según el Monitor de la Violencia, que acompaña el tema mensualmente.

Se trata de un observatorio de G1, portal periodístico del mayor grupo de comunicación en Brasil, Globo, asociado al mismo FBSP y al Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo.

Un dato negativo, las “muertes por intervención policial” que el Monitor registra a parte aumentaron 17,9 por ciento, de 5.225 a 6.160, entre 2017 y 2018.

Refleja “el modelo y la lógica adoptada en una política de seguridad bélica”, basada en una represión cada día más violenta, observó Ricardo Moura, investigador del Laboratorio de Estudios de Violencia de la Universidad Federal de Ceará.

El caso de Ceará, ¿un modelo?

En Ceará, un estado del Nordeste brasileño con nueve millones de habitantes, es donde se registró la reducción más espectacular de muertes violentas, 53 por ciento, en el primer cuatrimestre de este año, cuando hubo 759 víctimas, según el Monitor de la Violencia.

En  2018 ocurrieron en ese estado 4.498 homicidios, una caída de 12,4 por ciento respecto al año anterior.

Ese éxito, por lo menos en Ceará, es engañoso, porque 2017 fue “un año fuera de la curva”, de excepcional mortandad en la guerra entre tres bandas criminales por el control del narcotráfico local, explicó Moura a IPS.

“La comparación con un nivel anterior tan elevado de muertes genera la falsa impresión de que se puede contener la violencia”, matizó.

“Este año parece mejor, con reducción más acentuada que quizás se mantenga, algo que se verá en el segundo semestre”, concedió el también periodista, que firma una columna sobre seguridad pública en el diario local O Povo.

Los avances de este año en el combate a la criminalidad en Ceará se deben a tres factores principales, en su evaluación.

Primero porque “los líderes de las facciones (del narcotráfico) decidieron no pelear entre ellos y considerar el Estado como enemigo principal y común”.

En la práctica eso se tradujo en una oleada de ataques con armas de fuego y bombas contra sedes gubernamentales, comercios, bancos y viaductos, además del incendio de decenas de autobuses, en los dos primeros meses del año.

Fue una represalia a las medidas del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, para intentar controlar las organizaciones criminales dentro de las prisiones y quitarles las condiciones de operar desde las cárceles.

El “acuerdo de paz”, que venían negociando desde el semestre anterior, promovió la “suspensión de la rivalidad” y de las cruentas batallas entre facciones.

El segundo factor fue el Programa Proteger del gobierno de Ceará, que comprende la “ocupación de áreas vulnerables, donde ocurren muchos homicidios” por unidades policiales. Iniciada en 2017, esa ocupación obtuvo “cierto éxito” en contener la violencia, reconoció Moura.

Por último el gobierno intervino el sistema penitenciario, dificultando la comunicación entre los líderes presos y sus redes criminales, lo que limitó sus acciones.

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