Hasta hace poco las políticas culturales se definían a partir de dos grandes presupuestos: por una parte, las que defienden una visión patrimonial y de preservación –fundamentalmente nacionalista e identitaria– y, por otro, la de las industrias culturales, que buscan hacer negocios con el ocio y el turismo. Hoy ya no está tan clara esa distinción.

El Estado se ha dado a la tarea de espectacularizar la cultura y la iniciativa privada a inventarse las identidades de moda. La cultura como práctica social se ha relegado en favor de su gestión y capitalización. Da lo mismo el títere, que el automóvil o la evolución; la música vienesa, el chile en nogada o un condominio llamado Arts. De lo que se trata es de administrar y hacer caja en nombre de la cultura.

¿Y por qué insistir entonces en la necesidad de una política cultural? ¿Y de gestionar la cultura? Si hay una política, hay quien la decide, administra y tutela, y quien hace esto es el Estado y sus instituciones. Hacer política cultural, siguiendo a Toby Miller y George Yúdice, implica burocratizarla y regularla –decidir quién es indígena, qué es artesanía y qué arte, qué es patrimonio y quién una becaria del FONCA–, justo lo opuesto a la experimentación con modos de hacer, a la negociación de relaciones y modos de vida, al libre intercambio y al aprendizaje que están asociados con la dimensión social de la cultura.

No vamos ahora a descubrir el hilo negro, ¿verdad? Los museos, centros de arte, programas de becas, fiestas del libro o del cinco de mayo son, por decirlo como el historiador Tony Bennett, tecnologías de ciudadanía: dictan cómo ser ciudadanos, cómo es correcto habitar la ciudad o qué es un sujeto aceptable. Las instituciones culturales públicas son mecanismos de ordenamiento de la vida social. Esto no es nada nuevo. Lo que sí es inédito es el grado al que el Estado y la iniciativa privada intentan reducir la cultura: no es más que un servicio o un producto de consumo.

Las decisiones ligadas a la cultura no parecen responder hoy a otra cosa que a convertir a todos los ciudadanos en consumidores y a la ciudad en una marca. Puebla convertida en un centro comercial de eventos y espectáculos, lo que uno de los entrevistados en este número de Klastos, Jesús Carrillo, llama la cultura GPS: de Tutankamones y Picassos, de Puebla Capital del Diseño, de museos que son edificios y de video mappings en la fachada de la catedral, de turibuses y airbnb’s.

A la cultura del  espectáculo en Puebla hay que sumarle el ardid de la identidad, que la ha querido convertir en un loop de autorrepresentación: los logos de PUEBLA ante los museos poblanos, los desfiles del 5 de mayo donde el teleférico, el sismo o los voladores se convierten en carros alegóricos, las fotografías monumentales que bajo los puentes retratan otros puentes, el parque de Gigantes que se representa a sí mismo… No deja de ser paradójico que tanta insistencia en la representación de la identidad acaba por no representarnos. Algo similar a lo que se ha logrado que ocurra con el show de la política, donde el baile entre siglas, candidatos y partidos ha llevado a la indiferencia más profunda, al hartazgo y la desconfianza. Basta recordar que sólo el 33% de los votantes participaron en las últimas elecciones a gobernador.

En las contribuciones que se reúnen en este número de Klastos proponemos analizar, desmontar críticamente y proponer otros horizontes para hacer cultura y hacer política que abran espacios para la experimentación colectiva en la situación crítica en la que apenas logramos sobrevivir. Nos preguntamos qué es exactamente eso que se llama política cultural –y desde cuándo ha sido necesario gestionar la cultura–, indagamos en el fracaso reiterado y los titubeos del IMACP, en la privatización de la multimillonaria infraestructura cultural que lleva a cabo Museos Puebla, y planteamos la urgente necesidad de un manual de buenas prácticas para la administración de las instituciones artísticas estatales. No todo está perdido. Hay iniciativas que en Klastos nos parecen valiosas y que podrían servir de guía para llevar a la práctica un giro efectivo en el funcionamiento de las instituciones culturales locales. Por eso compartimos las experiencias de Jesús Carrillo en el Museo Reina Sofía y el Ayuntamiento de Madrid y de Alejandra Rangel en CONARTE en Nuevo León.

Estamos literalmente ahogados en una situación de deterioro tan grave –en medio ambiente, en educación, en seguridad, en empleo– que el despilfarro y la banalidad de la gestión cultural desde las instituciones públicas son insultantes.

Desde Klastos reivindicamos la cultura como espacio de experimentación social para imaginar y activar otras formas de estar juntos. Para eso necesitamos zafarnos del paternalismo estatal y del código del compadrazgo que la “ética clientelar priísta” ha inoculado durante décadas en la clase artística y académica local. Para eso suscribimos el potencial que las prácticas culturales disidentes tienen para la experimentación y la convivencia, para intervenir y reinventar el presente e imaginar algún tipo de futuro menos injusto y mezquino que este.

Consejo editorial

Klastos. Investigación y crítica cultural

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