Fátima Frausto

Dicen que la mejor política cultural es una política educativa; sin embargo, el sistema educativo sólo es una parte del amplio espectro de lo cultural. Así, cuando oímos hablar de políticas culturales encontramos conceptos como: arte, costumbres, tradiciones, tecnología, instituciones, identidad, públicos, democratización, Estado, legislación, conservación, investigación, globalización, desigualdad, participación, producción, y un largo etcétera. Justamente eso y más engloban las políticas culturales, un campo que cada día adquiere mayor relevancia, y el caso de México representa un laboratorio continuo en dicha materia.

El de las políticas culturales es un tema recurrente y analizado por muchos autores y autoras, pero realmente son pocos quienes tienen una implicación directa en su construcción práctica. En el caso de México, la cultura ha sido gestionada por el Estado, vinculada directamente con un proceso de institucionalización ligado principalmente con la educación y la protección del patrimonio arqueológico. Así, la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1921), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 1939), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA, 1946) marcaron el devenir de las políticas culturales. Durante 1960, la cultura se sustentó en la noción de patrimonio, protección, educación artística y el acceso de una mayoría a los bienes y servicios ofertados por el Estado.

En esta sintonía se realizó, en 1952, el primer estudio de públicos en un museo mexicano a cargo del investigador Arturo Monzón, en el Museo Nacional de Antropología, con la finalidad de detectar las causas de la baja afluencia de visitantes. En esta misma institución, pero en 1961, se aplicó otro estudio que evaluó la efectividad didáctica; no obstante, los resultados demostraron que los visitantes recurrentes eran artistas y profesionales cuyas principales razones de visita eran el estudio, la recreación, intereses específicos y la casualidad. En 1977, Rita Eder y un grupo de trabajo evaluaron al público del Museo del Palacio de Bellas Artes durante la exposición Hammer de una colección particular, un evento masivo por el tipo de obras y artistas (Miguel Ángel, Rembrandt y Goya) así como por la difusión en medios de comunicación. Nuevamente, los resultados mostraron visitantes jóvenes, estudiantes y profesionistas con estudios universitarios atraídos por la publicidad.

Los resultados de estos estudios podrían justificar el enfoque de las políticas culturales de los años 80 centradas en la “democratización cultural”, teniendo como eje la difusión y el acceso cultural al mayor número de ciudadanos. Sin embargo, tal como señala Elodie Marie Bordat, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988 transformó el sector cultural en México y sus políticas, consecuencia de la introducción del sistema neoliberal que implicó una apertura comercial a través de la firma de tratados internacionales, generando una apertura global, y la transformación estructural del Estado. Solo que, a pesar de que México contó con una alternancia política en el año 2000, con la llegada al poder del Partido Acción Nacional (PAN), los objetivos, definiciones y organización de la política cultural no implicó cambios significativos. La hipótesis de Bordat señala que la inercia observada en la política cultural mexicana puede explicarse por las limitaciones de las estructuras institucionales heredadas (PRI) y por la resistencia de cambio de los actores (burócratas, líderes e intelectuales).

Esta transición se refleja en los estudios de público de los años 90, que se centraron en el consumo cultural. Como ejemplo están los trabajos de Maya Lorena Pérez en el Museo Nacional de las Culturas Populares en 1991 y el de Ana Rosas Mantecón en el Museo del Templo Mayor en el mismo año. En 1995 se creó el Departamento de Estudios de Público en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, que continúa operando hasta la fecha. En los estudios también se reflejó la postura del público como cliente, es decir, el ciudadano como un público con expectativas, exigencias, capacidad de demanda y consumo.

En este punto se puede entender por qué las políticas culturales se han convertido en un tema central de las administraciones públicas: su impacto económico. Eduardo Nivón en La política cultural. Temas, problemas y oportunidades considera que la urgencia por generar políticas culturales va de la mano con el turismo, la cultura tradicional, las industrias culturales, el patrimonio cultural y el tiempo de ocio de las sociedades urbanas. Todo este entramado es el reflejo de la construcción de políticas públicas en cultura como una condición de nuestro proceso de consolidación democrática que implica acuerdos sociales y políticos de las necesidades que se deben de atender sobre el tema. Esto es, definir objetivos públicos en materia de cultura implica ordenar, jerarquizar o integrar un conjunto heterogéneo de actores, discursos, presupuestos y prácticas. Nivón afirma que anteriormente la cultura era dictada por una pequeña élite y siempre adjunta a otros propósitos como la educación, la moral, el turismo y, actualmente, la economía. En la actualidad, la cultura se ha posicionado en una categoría de intervención pública como la que opera en el rubro de la vivienda, el empleo o la educación, por ello Nivón cuestiona la postura del Estado como arquitecto respecto a la cultura y considera que este debería convertirse en un facilitador, en un impulsor de las iniciativas de los diversos grupos sociales, comunidades, empresas, grupos artísticos o artistas individuales. Esto implicaría una política cultural no enfocada en los objetivos, resultados y metas, pero sí centrada en los valores (derechos culturales, cooperación cultural, diversidad, sostenibilidad ambiental, participación, memoria, autonomía, solidaridad, etc.) con el propósito de generar políticas culturales apegadas a nuestras necesidades sociales reales.

Portada del libro La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, de Eduardo Nivón (México: Conaculta, 2006)

Para tratar de conocer la infraestructura, las necesidades de los ciudadanos y el impacto económico de la cultura se generaron macroestudios para saber acerca del consumo y oferta cultural en México. El primero se realizó en 2004 y estuvo a cargo del Sistema de Información Cultural (SIC) y el CONACULTA. A través de una encuesta nacional se recogieron datos estadísticos y sociodemográficos. Posteriormente, en 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el CONACULTA realizaron la Encuesta nacional de consumo cultural. A partir de 2016 hasta la fecha se realiza la estadística de museos.

¿Y qué nos muestran esos macroestudios? En realidad, solo cifras que en un primer acercamiento pueden parecer poco reveladoras pero que al ser comparadas con otros análisis nos ayudan a identificar variables como la desigualdad en los usos, la participación y la producción. George Yúdice y Toby Miller en Política cultural señalan que la cultura está conectada con dos registros: el estético, que se refiere a los procesos históricos que enmarcan la sensibilidad, las diferencias y similitudes del gusto, elementos vinculados con el estatus de un determinado grupo; y el antropológico, en el que la cultura se vincula con cómo vivimos nuestras vidas haciendo referencia al idioma, la religión, la costumbre, nuestras concepciones del tiempo y el espacio. Esto define lo que Yúdice y Miller proponen como “política cultural”, refiriéndose a los soportes que canalizan tanto la creatividad estética como las formas de vida colectivas; es decir, por una parte tenemos a los artistas evaluados por criterios estéticos establecidos por los intereses de la crítica cultural en un determinado contexto histórico, y por otra parte, la forma de vida de un individuo dentro de una colectividad en la que se define el tiempo, el espacio, el idioma, la religión, entre otros.  Los autores también señalan la existencia de formas de construcción cultural no guiadas por el Estado o el mercado, que surgen a partir de iniciativas abiertas debido al dislocamiento provocado por la globalización al limitar las acciones del Estado. Son estas interrupciones, piensan, las que el ciudadano debe aprovechar para proponer nuevas prácticas culturales.

Portada del libro Política Cultural, de George Yúdice y Toby Miller (Barcelona: Gedisa, 2004)

En este sentido, los estudios de público servirían -en la medida en que se haga algo por los públicos- sin seguir el enfoque institucional bajo el cual siempre han estado analizados. Ello daría lugar a advertir otro tipo de audiencias, vinculadas a otros espacios y otras prácticas, de tal manera que exista una retroalimentación de la cultura no institucional, no ligada al mercado. Néstor García Canclini sostiene en Políticas culturales en América Latina la desventaja que implica que las políticas culturales sólo sean debatidas en las esferas políticas o académicas dejando de lado a los protagonistas. Estas políticas suelen ser un espacio de existencia dudosa en el caso de América Latina, según Canclini, que invitan a reflexionar en una cultura que no sólo se limite a la administración, al aparato burocrático del Estado o a la cronología de las acciones de gobierno en la materia.

Así, pensar una política cultural alejada de estos cánones implicaría lo que Jaron Rowan denomina “Cultura libre de Estado”, que se caracterizaría por una cultura común en la que el consumo y la producción de la misma no serían actividades disociadas. Implica, también, entender que la cultura, además de enriquecernos como sujetos críticos, es una fuente colectiva de riqueza económica y saberes compartidos. Lo que involucra el empoderamiento de la ciudadanía, favorecer la cohesión de distintas formas de comunidades más allá de las identitarias, y otorgarles el poder de decisión, promoviendo la resistencia y la autoorganización. Y, finalmente, con ello poner en crisis la propiedad privada como principio regulador de las formas de vida urbanas actuales. Rowan sostiene que la cultura común supone la distribución del poder pero también el antagonismo, por lo tanto no se trata de un sistema de gestión cultural sólo estatal sino con diferentes formas que pueden variar entre la cogestión, la gestión comunitaria o la gestión común.

Portada del libro Cultura libre de estado, de Jaron Rowan (Madrid: Traficante de sueños, 2016)

Desde esta perspectiva, podría atenderse a la diversidad cultural y sus formas sociales de autoorganización sin jerarquizarlas verticalmente, reduciendo la desigualdad en los derechos culturales, evitando que en el proceso de democratización se busque una homogenización. Tal vez replanteando de esta manera eso que algunos llaman desganadamente “políticas culturales”,  se puedan atender las desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades de maneras más participativas. Claro, donde participar no sólo signifique una visita o un número más en la estadística sino un ejercicio real y efectivo que ayude a mantener en tensión la balanza.

Referencias

Elodie Marie Bordat, “Institutionalization and change in cultural policy: CONACULTA and cultural policy in Mexico (1988–2006)” International Journal of Cultural Policy, 2013 Vol. 19, No. 2, 221–247, http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2011.638980

Estudios sobre públicos y museos. Línea del tiempo, en http://publicosymuseos.nodocultura.com/

García Canclini, (ed.) Políticas culturales en América latina. México/Barcelona/Buenos Aires: Grijalbo, 1987.

Nivón Bolán, Eduardo. La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. México: Conaculta, 2006.

Rowan, Jaron. Cultura libre de estado. Madrid: Traficante de sueños, 2016.

Yúdice, George y Toby Miller. Política Cultural. Barcelona: Gedisa, 2004.

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