Esto no es ficción: una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el fondo del mar se asoció con Altos Hornos de México para explotar una mina subacuática en Baja California Sur y extraer fósforo. La Secretaría de Medio Ambiente negó la Manifestación de Impacto Ambiental por el riesgo que genera para la biodiversidad, sobre todo para la tortuga caguama. Ahora, la minera busca que el Estado mexicano le indemnice con más de 3 mil 500 millones de dólares sus pérdidas y ha presentado una denuncia formal ante un tribunal internacional de comercio alegando que Semarnat violó el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El gobierno mexicano recibió en enero la notificación de la intención de demanda de Odyssey Marine Exploration, Inc. (Odyssey) por la cancelación del proyecto Don Diego, al amparo del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Y el 5 de abril, según los documentos que están en la Secretaría de Economía, Odyssey presentó “a nombre propio y en representación de la empresa mexicana Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO)” una “Notificación de Arbitraje (NOA)”. Es decir, la demanda por la que reclama una indemnización de 3, 540 millones de dólares por pérdida de inversión.
“Odyssey argumenta que ExO es su vehículo de inversión, empresa mexicana que tiene derechos sobre una concesión minera de fosforita en México. Odyssey argumenta haber realizado expediciones de exploración que involucraron el trabajo de técnicos y una amplia gama de equipos topográficos, oceanográficos y geológicos para evaluar la zona de su inversión. Odyssey reclama un supuesto bloqueo de su proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por su negativa de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto, así como supuestos actos ulteriores relacionados. Odyssey considera que la actuación por parte de SEMARNAT ha destruido el valor de su inversión en México y resulta violatoria de las siguientes disposiciones del TLCAN: Artículo 1102. Trato Nacional; Artículo 1105. Nivel mínimo de trato; y Artículo 1110. Expropiación e indemnización”, dice la ficha de la Secretaría de Economía.
La demanda
El documento de demanda, de 26 cuartillas, ingresado el 5 de abril, alega que con la resolución de Semarnat, México violó el capítulo XI del TLCAN, que protege las inversiones.
Este artículo es un recurso jurídico que existe en todos los tratados de comercio internacionales y que ha sido aplicado cada vez con mayor frecuencia por empresas extractivistas trasnacionales para demandar a los países pagos millonarios por la pérdida de inversiones, como documenta el informe Casino del Extractivismo, presentado el miércoles pasado en la Ciudad de México.
Hasta ahora, México ha tenido que pagar a empresas trasnacionales más de 242 millones de dólares por 9 resoluciones en contra, pero tiene abiertos otros 12 juicios, entre ellos el de otra minera estadonidense que reclama 500 millones de dólares porque los programas municipales de desarrollo y medioambiente frenaron la instalación de una mina en Quintana Roo.
La cantidad de esta demanda, sin embargo, supera cualquier compensación que México haya tenido que pagar por la aplicación de estas sanciones.
“Es posible que la cantidad sea tan desorbitante para obligar al gobierno mexicano a negociar un acuerdo”, dice en entrevista telefónica Jennifer Moore, coautora del informe.
En su demanda, Odyssey alega no sólo que México violó el TLCAN al aplicar sus normas ambientales. También asegura que su proyecto sería fundamental para garantizar la soberanía alimentaria del país al disminuir la dependencia que tiene México de las importaciones de fertilizantes. Además de que ahorraría millones de impuestos.
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*Fotos: Celia Guerrero / Archivo
