Mely Arellano

@melyarel

En Puebla, la violencia política que se ejerce contra las mujeres proviene principalmente de los propios partidos donde militan o por los que contienden, lo cual no resulta extraño si se considera que el estado es uno de los dos únicos en el país -el otro es Guerrero- donde no hay ningún tipo de regulación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de este tipo de violencia.

Lo anterior se desprende del “Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política contra las Mujeres en las elecciones federales 2018 en el Estado de Puebla”, realizado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFISC), como parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación de Política de las Mujeres a través de OSC del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento, realizado con base en encuestas y entrevistas realizadas a las ex candidatas a diputadas federales, da cuenta de cómo los partidos las usan para cumplir con la normativa de paridad, aunque durante la campaña las invisibilizan, no les dan o les ocultan recursos, y en algunas ocasiones incluso les niegan la candidatura a pesar de tener las capacidades y los méritos.

“Pese a que siempre parece que la violencia política se vive en el contexto de la disputa por el puesto por el que están participando, y que son los contrincantes quienes las desprestigian, en realidad las candidatas enfrentan un proceso de deslegitimación, incluso antes de llegar a la candidatura, al interior de los partidos, que muchas veces invisibilizan sus campañas, sus propuestas y se enfrentan a estas formas de violencia que el mismo partido ejerce”, explicó Natalí Hernández, directora de CAFIS en entrevista para LADO B.

La violencia política, de acuerdo con el Diagnóstico, es “el rechazo y la hostilidad hacia las mujeres que buscan ejercer sus derechos político-electorales” y es “el principal escollo que enfrentan las mexicanas para ejercer su derecho a la participación política en igualdad de condiciones y de oportunidades con respecto a los hombres”.

Puebla es la tercera entidad federativa con mayor desigualdad para las mujeres, solamente por debajo de Aguascalientes y Tlaxcala, según el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que mide, entre otros aspectos, la desventaja en el porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y su nivel de educación, respecto de los hombres.

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En ese sentido, el documento presentado el pasado martes por CAFIS, revela que el 87.5 por ciento de las ex candidatas tiene una licenciatura o estudios de posgrado, pues “la exigencia social -dice el Diagnóstico- hacia las mujeres interesadas en la política formal sigue siendo mucho más elevada que en torno los hombres, pues es habitual que a las primeras se les exija contar con ciertos niveles de estudios para acceder a un cargo político, mientras que esto no ocurre necesariamente con los segundos”.

Además del estatus académico, los partidos eligen como candidatas a mujeres que cumplan con el estereotipo “de la buena mujer”, esto es que estén casadas y tengan hijos, e incluso hay una preferencia por aquellas que no son muy jóvenes, ni adultas mayores.

Es decir que para los partidos es más importante cumplir con cierto perfil, que tener las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo que disputan. Y bajo ese mismo criterio, las mujeres sufren agresiones en el plano personal.

“Encontramos que las mujeres viven más violencia relacionada con cuestiones personales, estereotipadas, relacionadas con el menosprecio a su trayectoria, la difamación, la ridiculización -explica Natalí Hernández-, es por lo que se les ataca y muy pocas veces se les ataca por sus propuestas. Eso no les critican, no las cuestionan por eso, sino simplemente las ridiculizan o cuestionan su capacidad solo por ser mujeres”.

Y aunque las ex candidatas identifican las agresiones en su contra, no reconocen que se trata de violencia política, lo cual fue el primer hallazgo importante para el equipo de CAFIS, pues no conocer el concepto hace que se perpetúe y normalice.

Entre las recomendaciones que ofrece el Diagnóstico está tipificar como delito la violencia política de género en Puebla, pero también vigilar que los partidos ofrezcan formación política de calidad a las mujeres militantes, y regular la entrega de recursos para evitar que se realice de manera discrecional o irregular.

Para Natalí Hernández, “lo que se tendría que hacer es democratizar a los partidos o buscar que al interior de los partidos haya caminos para denunciar a quienes las violentan, pero ahí vemos un problema porque ellas tendrían que denunciar a veces a sus propios dirigentes y sabemos que es un costo que muchas no querrán asumir”.

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