Fátima Frausto

Hagamos un ejercicio y pensemos en el traslado desde nuestra casa al trabajo o a la escuela: ¿podríamos identificar la frecuencia con la que nos topamos con algún material de propaganda política? Tal vez nos resulte algo tan familiar que pase desapercibido, sobre todo en los últimos meses caracterizados por un bombardeo continuo por parte de partidos políticos, ya sea en los medios de comunicación o en la calle.

Tras las elecciones del pasado 2 de junio en Puebla, los invito a reflexionar sobre lo que hay detrás de los eslóganes utilizados por los aspirantes a obtener un cargo de designación pública popular, así como por aquellos que han estado o están en un cargo público. Una frase puede revelar mucho de los presupuestos de la gestión cultural del gobierno.

En las últimas décadas, el concepto de políticas culturales ha estado presente en las funciones institucionales, los programas de estudio y los discursos políticos de esferas locales e internacionales, a tal grado que entra en debate con aspectos económicos y políticos. Tal pareciera que las políticas culturales son un tema urgente por atender en tanto que involucran a diversos agentes y ámbitos.

En Puebla tenemos algunos ejemplos: la denominación de “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” otorgada en 1987 por la UNESCO, con lineamientos específicos de preservación y uso del perímetro declarado patrimonio; el proyecto Paseo San Francisco en 1999, que intervino la zona de barrios indígenas de la ciudad a través de la expropiación con fines de utilidad pública para la creación de un centro comercial y de convenciones, involucrando al gobierno estatal, municipal y dependencias federales como el INAH;  y la destrucción de la Antigua Casa del Torno en 2012, una finca ubicada en el centro histórico y cuyo desmantelamiento pretendía ser justificado con la instalación de una estación de teleférico como un atractivo turístico más de la ciudad.

Según la UNESCO, la política cultural es un conjunto de medidas implementadas por el Estado con el propósito de solventar las necesidades culturales de la ciudadanía. Desde 1967 hasta la actualidad, el concepto de “política cultural” ha sido objeto de modificaciones vinculadas con la evolución de los Estados y las instituciones. Sin embargo, las organizaciones civiles o comunitarias son referentes en la demanda de políticas que correspondan con las necesidades culturales de un determinado grupo social. La importancia en el fomento de políticas culturales se pone de manifiesto porque se han convertido en una categoría de intervención pública semejante a la que opera en otros niveles como la vivienda, el empleo o la educación.

Se trata de un fenómeno que es tanto producto de un proceso de consolidación democrática como un tema nodal en la administración pública, no sólo en el sentido de mejorar el acceso e impulsar las prácticas culturales de los grupos locales, sino enfocado en el impacto económico que genera la explotación de la cultura y el patrimonio como atractivo turístico, generando así una industria cultural dirigida, principalmente, a un determinado grupo social con poder adquisitivo que se convierte en consumidor durante su tiempo de ocio.

Néstor García Canclini sostiene que en América Latina las políticas culturales tienen una existencia dudosa. Un ejemplo claro de esto es el caso de Puebla, donde la política cultural no es efectiva sólo porque se inauguren nuevos museos, se impulse la visita masiva gratuita a recintos culturales una vez al mes en las noches de museos, o porque se generen exposiciones temporales con réplicas de obras como la de Miguel Ángel. El divino.

El punto aquí es que el acceso no termina con la desigualdad cultural ni la participación se sustenta sólo con visitas. Las políticas culturales implican debate, planificación conjunta, redacción de documentos estratégicos y evaluación de resultados. Lamentablemente, y en el mejor de los casos, el debate de estos temas sólo se da en las esferas académicas y escasamente en el ámbito político, dejando prácticamente de lado a productores, ciudadanos y comunidades vinculadas directamente con la producción cultural.

En el caso de México, el principal impulsor de políticas en el ámbito de la cultura ha sido el Estado a través de la creación de organismos e instituciones para su administración, desde el INBA al CONACULTA, pasando por el INAH o el FONCA. La estructura institucional federal es replicada con pocas bases, presupuesto y, en ocasiones, sin fundamentos a nivel estatal y municipal; en algunos casos, incluso, se recurre a la implementación de “nuevas ideas” desde lo local, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla y su criticada implementación del Programa de Artistas Urbanos (2017) que buscaba regular las prácticas artísticas en el espacio público.

Sin embargo, cada Estado cuenta con libertad para ejercer sus políticas culturales, que siempre dependen del partido político que se encuentra en la administración en turno, así como de los intereses de las élites locales. Prueba de ello es la desproporcionada infraestructura cultural construida durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017) con una clara identidad partidista que se mantuvo en la administración posterior del Partido Acción Nacional (PAN).

Es muy revelador lo que manifiestan los eslóganes de gobierno utilizados por las últimas cuatro administraciones estatales de Puebla, respecto a las decisiones de orden cultural que han tomado.

Durante el sexenio del ahora prófugo Mario Marín Torres (2005-2011), el eslogan fue “Puebla ¡Mi mero mole!”, una frase que encuentra sustento en un elemento identitario como la gastronomía, y hace referencia a un dicho popular que implica estar familiarizado con alguna labor (“Este trabajo es mi mero mole”) o, mejor aún, sentirse cómodo y seguro por referirse a una labor en la cual se tiene muy buena destreza.

Si bien el eslogan no estaba ligado directamente a las políticas culturales, el hecho de tomar un elemento identitario como el mole propicia un respaldo seguro en la tradición y, utilizarlo como un lema general de gobierno, nos ayuda a inferir que las políticas culturales durante esta administración se basaron en el uso del patrimonio como un elemento unificador de la sociedad, el cual genera mayor impacto al valerse de un “patrimonio vivo” que brinda continuidad a la tradición y a la vez ingresos económicos.

Por lo tanto, la preservación del patrimonio se centra en la folclorización y la exaltación de elementos culturales locales; en este caso, el mole posiciona asimismo a los poblanos en un lugar de orgullo irreflexivo. Así, no deja de ser llamativo que se recurra a la misma frase en el contexto político, puesto que en la campaña de 2019 del candidato a gobernador Enrique Cárdenas retomó ese mismo lugar común.

Imagen de campaña publicitaria de Enrique Cárdenas para la elección de la gubernatura de Puebla. Tomada del perfil de Twitter de Enrique Cárdenas: https://twitter.com/ECardenasPuebla/status/1119334734771961856

En la administración de Rafael Moreno Valle (2011-2017) el lema fue “Puebla es mi destino”, que bien puede interpretarse de dos formas: una, dirigida a los poblanos en un sentido de arraigo; y la otra –más evidente–, dirigida al turismo. En esta última, la frase sirve para arropar una política cultural centrada en el uso de recursos públicos dirigidos a impulsar los negocios de una determinada élite, apoyando acciones públicas que reorganizan la cultura pensando siempre en una remuneración económica. La participación que se requiere ahí de la ciudadanía es en condición de consumidor, donde lo único que importa es el dinero contante y sonante.

Imagen del eslogan “Puebla es mi destino”, tomada de la página web de la aplicación móvil para dicha campaña turística: https://www.pueblatravelapp.com/

En el corto mandato de José Antonio Gali Fayad (2017-2018), “Puebla sigue” encabezó la difusión ligada a otras frases como “sigue progresando”, “que siga el orgullo”; y no faltaron los aportes ciudadanos que completaban la frase convirtiéndola en “Puebla sigue… fracasando”. Evidentemente, la frase hacía referencia a la continuidad del gobierno del Estado por el mismo partido: PAN, y la prolongación de las políticas de la administración previa.

“Puebla sigue” revela la continuidad de las políticas culturales anteriores con el plus de un nuevo programa titulado “Puebla cultura para todos” (2018), como una iniciativa de descentralización de la cultura con el propósito de formar públicos y abrir horizontes laborales para artistas y creadores. Este es un caso en el que el Estado y las instituciones culturales buscan dar difusión a la cultura o, mejor dicho, a cierta concepción espectacularizada de la alta cultura, generando un “acceso igualitario” a todos los individuos, a la par que forman a un público que debe apreciar lo que las elites entienden por cultura.

Finalmente, durante la campaña y el corto periodo de gobierno de Martha Erika Alonso (14-24 de diciembre de 2018), el lema en campaña fue “juntos hagamos más”, si esta frase hubiera sido más que un eslogan, quizás hubiéramos podido imaginar unas políticas culturales que incentivaran una democracia participativa en la que la promoción de la implicación ciudadana formara parte del desarrollo de las estrategias culturales institucionales. Esto es poco más que una fantasía pues nada hacía presagiar un cambio en el rumbo de lo hecho hasta entonces por sus predecesores.

Ante el nuevo panorama, producto de las recientes elecciones, sólo nos resta preguntarnos cómo será el próximo sexenio en políticas culturales. Éstas implican toda una red de infraestructura, legislación y recursos que desde el Estado se ha afianzado y regula las formas institucionales de hacer y ofrecer cultura. Sin embargo, es posible detectar que en esferas locales la cultura más allá de un decreto gubernamental corresponde a las aspiraciones e inclinaciones políticas de grupos de poder.

A través de un breve recorrido por los eslóganes utilizados en las últimas administraciones estatales se observa una inclinación políticamente correcta a incluir en el discurso a todos los sectores de la ciudadanía; no obstante, en ese aparente interés incluyente nunca se ha visto un eslogan que corresponda con los intereses efectivos.

Si pensamos que utilizar un refrán popular es sinónimo de inclusión, estamos perdidos. Así como “Puebla sigue… fracasando”, la ciudadanía seguramente tiene en mente mil y un frases alternativas, ya sea para políticas culturales, economía, salud o vivienda. Basta con salir a la calle o entrar a Facebook y preguntarse: ¿cuáles son los eslóganes que perciben los ciudadanos, aquellos que reflejan la experiencia cotidiana de la política en nuestro país?

Quizás ahora quieras leer: «IMACP, el gerente fallido de una industria cultural a cielo abierto» (anterior) | «¡Un Manual de Buenas Prácticas ya! La urgencia de democratizar las instituciones culturales públicas en Puebla» (siguiente)

2 COMMENTS

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.