Karen de la Torre | Ernesto Aroche

@karelampia | @earoche

“Me asiste interés directo en impedir la divulgación de información (…) si, en el supuesto se utilizare para hacer publicaciones periodísticas que afecten mi dignidad, honorabilidad, mi nombre, es indiscutible el daño moral que se me causaría”.

Esos fueron parte de los argumentos que el juez penal de Cholula, José Refugio Alejandro León Flores planteó en el escrito que presentó para detener al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante un amparo (folio 88/2019) la entrega de la copia certificada de su título profesional tras una solicitud de información que presentó LADO B.

Un título que LADO B logró documentar que era falso, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reconoció, en respuesta a una solicitud de información, que no existía en sus archivos: “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990”.

En su demanda de amparo León Flores (que fue aceptada por el Juzgado Cuarto de Distrito con el folio 88/2019) aseguró que tenía “el temor fundado porque la información que se proporcionara pudiese tener como objeto ejercer ataques periodísticos o en redes sociales en contra del suscrito en detrimento de mis derechos de la personalidad como lo son la honorabilidad, reputación, imagen“.

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Pues afirmó que de conocerse el documento podría generarle un “daño moral”, y adjuntó como pruebas capturas de pantalla de varias columnas y notas del portal e-consulta, medio que desde septiembre del año pasado ya había alertado sobre la existencia de una posible cédula falsa a nombre del juez que no debió ser al que se calificó de “juez chocolate”.

En su escrito de amparo el juez sostuvo que “le asiste interés en intervenir en el procedimiento en el cual se solicitaron copia de mi Título Profesional al momento de ser nombrado juzgador, porque, evidentemente la obtención de la información que se pidió puede tener como fin de cuestionar mi actividad profesional lo que conlleva a generarme desprestigio en perjuicio de mis derechos de la personalidad e incluso afectar a mi familia mediante notas periodistas o de otra índole con el consiguiente daño moral”.

Y agregó: “la autoridad responsable (el Itaip) está vulnerando mis derechos humanos, asimismo daña mi imagen, reputación y honorabilidad”.

La solicitud

La solicitud de acceso al documento en copia certificada fue presentada por LADO B el 21 de agosto del año pasado e inicialmente fue negada por el TSJ con el argumento de que se había ya iniciado un procedimiento de investigación en contra del juez.

El caso llegó al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaip) el 9 de octubre (folio 355/HTSJE-07/2018). Tres meses después, el 28 de enero de este año se decidió que, dado el carácter de funcionario público del juez la información era pública y debía ser entregada.

La actual presidenta del Itaip, Marcela Carcaño, planteó en su resolución –que fue aprobada por unanimidad– que es necesario que el documento sea conocido por la sociedad pues permite “conocer que la persona que emite resoluciones ya sea en materia civil, mercantil, familiar, penal o del nuevo sistema penal acusatorio, cuente con los conocimientos necesarios para emitir la misma (…) por la magnitud que sus decisiones que toma en razón al cargo público que ejerce”.

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El Itaip otorgó un plazo de diez días hábiles para que el TSJ desclasificara el documento y otorgada la copia certificada solicitada.

El plazo se cumplió el 18 de febrero de este año, ese día el área de transparencia del TSJ primero retrasó por más de dos horas la entrega del documento, argumentando que “los secretarios encargados de certificar el título no estaban en la oficina y había que esperar su regreso”.

Minutos más tarde notificaron que la entrega ya no sería posible pues les acababa de llegar una notificación de un juzgado federal de que León Flores había iniciado un juicio de amparo para detener la entrega, y estaban impedidos legalmente a cumplir con la orden del Itaip.