Aranzazú Ayala | Dafne Betsabé García

@aranhera | @merrickstark

En los últimos 52 meses se han registrado 6,673 denuncias por robo a carretera en el estado de Puebla, lo que pone a la entidad en segundo lugar nacional, tan sólo por debajo del estado de México, en este delito. De enero 2015 a abril 2019 Puebla ha sido el segundo estado con más robos a transportista, haciendo de sus carreteras algunas de las más peligrosas del país.

Al analizar los datos de las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas por este delito en sus modalidades con violencia y sin violencia, en los últimos 52 meses, encontramos que de 2015 a 2016 el delito de robo a transportista con violencia, equivalente al robo en carretera, casi se duplicó, pasando de 414 a 801 casos.

Para el siguiente año la tendencia continuó, ya que se registraron 1,658 CDI, igual a un aumento del 106%.

Y para 2018 se abrieron 2,737 carpetas de investigación, 65% más que el año anterior.

La violencia con que se comete este delito tiene una tendencia significativa, ya que durante 2015 los robos con violencia que se registraron fueron 384 mientras que sólo 30 fueron sin violencia.

Este patrón delictivo fue constante los siguientes años y, tal como se ve en la gráfica, la diferencia entre robos cometidos sin y con violencia ha aumentado alarmantemente, llegando a su punto más alto durante 2018, año en que los robos con violencia denunciados fueron 2,711 mientras que la cantidad de robos sin violencia fue de apenas 26.

Los robos sin violencia han mantenido un crecimiento parejo, con una ligerísima tendencia a la baja para el primer cuatrimestre de este año, mientras que los robos con violencia han crecido muchísimo más, de manera exponencial.

El mapeo de municipios con mayor registro de denuncias por robo en carretera son con violencia. Al hacer el cruce de los totales con violencia y el mezclado de “violentos” más “no violentos”, vemos que prácticamente no hay robos sin violencia denunciados.

Mayor incidencia en el cinturón del robo de combustible

En el mapa de Puebla la carretera México-Veracruz aparece salpicada de puntos rojos desde la entrada al estado y hasta que toca la frontera con Veracruz, bifurcándose desde el triángulo rojo para bajar hacia Tehuacán y subir hacia las cumbres de Perote. Las marcas están en 24 municipios que presentaron al menos 1 robo por mes de enero 2015 hasta abril 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al hacer un análisis de las CDI abiertas en todos los municipios de Puebla, se incluyó sólo a los que registraron al menos 52 casos, equivalentes a 1 robo denunciado al mes –considerando que la cifra negra de denuncias ronda el 90%, la cifra real sería muchísimo más alta–.

Y los 24 municipios que tuvieron estas cifras son los que están en el camino del cinturón de robo de combustible, desde Santa Rita Tlahuapan hasta Cañada Morelos y Esperanza, abarcando una buena parte de la frontera con Veracruz.

Los municipios de Esperanza, Puebla y Acatzingo son los que tienen una incidencia más alta, con 547; 532 y 519 CDI abiertas en los últimos 52 meses, respectivamente.

Tecamachalco, Tepeaca, Palmar, Quecholac, Acatzingo y Esperanza se encuentran dentro de los 10 municipios con mayor incidencia delictiva en el estado, y forman parte del llamado “triángulo rojo” del huachicol.

Al hacer un cruce de datos de los delitos de alto impacto en los 24 municipios durante el mismo lapso –homicidio doloso, robo a negocio, robo de vehículo automotor y secuestro–, se encontró que casi todos tienen una alta incidencia delictiva.

Tal es el caso de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Cuautlancingo, municipios que están dentro de los 15 con más CDI por robo a transportista, y donde también hay un alto número de robos a negocio registrándose 10,222; 503; 272 y 633 CDI respectivamente, mientras que para el delito de robo de vehículo automotor hubo 12,175; 3,224; 1,646 y 711 CDI.

En cuanto a homicidio doloso, nuevamente Puebla, Tehuacán y San Martín Texmelucan  son los que registran mayor número de casos en comparación a los otros municipios con 533; 197 y 115 CDI, respectivamente.

El mapa empieza en Tlahuapan y sigue hacia San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Coronango, Cuautlancingo, Puebla y Amozoc. Ahí está la primera bifurcación, rumbo a Perote, con la aparición de Acajete pasando hasta Oriental, Libres y Tepeyahualco.

El otro camino que sigue el mapa es desde Amozoc hacia Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco, dando un arco por San Salvador El Seco, Ciudad Serdán, Esperanza y Cañada Morelos. De ahí también traza una ruta hacia Tehuacán, pasando por Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez. El único municipio que se sale de la ruta así como de la región, y baja hacia la Mixteca, es Atlixco, con 70 CDI en este lapso de tiempo.

Municipios como Ciudad Serdán, donde el Estado tomó el control por la inseguridad, tiene altos índices de incidencia delictiva en varios delitos y también una alta tasa de desaparición de personas, al igual que municipios como Tepeaca, Acatzingo y Quecholac.

Según información obtenida por el portal Animal Político de la Policía Federal, el tramo México-Puebla ocupó en 2018 el cuarto lugar nacional en carreteras federales con asaltos, tan sólo por debajo de tramos en el Estado de México, Veracruz y Jalisco. En séptimo lugar quedó la carretera Puebla-Córdoba, que comprende el tramo que atraviesa la zona del robo de combustible.

También un informe de Domínguez Reséndiz Consultores pone a Puebla como el segundo lugar nacional en robo en carretera en el primer cuatrimestre de 2019, identificando la carretera México-Veracruz como el tramo más peligroso del país para camiones de carga.

Un delito con alto impacto económico

En 2018 la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) presentó un estudio realizado por Consultores Internacionales S.C. que utilizó un modelo para medir los costos de inseguridad a nivel nacional sumando los costos directos e indirectos del robo en carretera.

Con base en este modelo, el estudio determinó que los principales afectados son los transportistas ya que el estimado de costos directos durante 2017 asciende a una suma de 43,664 millones de pesos, cantidad que supera lo que invierte el Estado para la prevención y disuasión de este delito con programas como el FASP y FORTASEG, que en conjunto suman una cantidad de 38,605 millones de pesos.

Finalmente, según  el estudio, la suma de costos indirectos y costos directos da como resultado que el costo de la inseguridad durante 2017 alcanzó la cifra de 92,500 millones de pesos, cantidad que representa 0.5 del PIB Nacional.

*Foto de portada: Marlene Martínez.