Ximena Natera | Pie de Página

Una muestra de que se trata de un gobierno distinto sería que la Fiscalía General de la República acate la orden de la jueza y ordene abrir los cuarteles militares para buscar a dos integrantes del EPR, víctimas de desaparición forzada, señalan los familiares, que esperan que la FGR no evada el cumplimiento

La Fiscalía General de la República tiene 10 días para impugnar una sentencia judicial que obligaría al Ejército a abrir sus cuarteles para buscar a dos víctimas de desaparición forzada: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, luchadores sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos en mayo 2007 en Oaxaca.

“Lo que esperamos es que este gobierno, que se llama a sí mismo distinto, no interponga recursos para evadir el cumplimiento de esta sentencia y que se empiece a mostrar voluntad con hechos concretos… que se hagan búsquedas”, dice a Pie de Página Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes.

La sentencia que viene después de 12 años de pelear el caso en tribunales nacionales y extranjeros es un logro sin precedentes en el proceso de búsqueda de justicia para casos de desaparición forzada.

“La sentencia es judicialmente histórica porque está ordenando al Ejército, un poder tradicionalmente intocable, que abra los cuarteles militares para buscar a las víctimas, pero también que cite a comparecer a mandos militares, generales y mayores, que estaban en funciones en mayo de 2007, cuando ocurrió la desaparición”, dice Sandino Rivero, abogado de la familias.

Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes, luchador social y víctima de desaparición forzada.

Además de lo anterior, la sentencia emitida por el juzgado 4 de Distrito de Amparo en materia penal del Ciudad de México, ordena la creación de una comisión de búsqueda específica para el caso, que estará formada por los familiares de los desaparecidos y funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.

También contempla medidas de reparación como que la Sedena publique la sentencia en un medio de circulación nacional: “Esto en sí es un reconocimiento de la violación de derechos humanos en contra de Edmundo y Gabriel”, dice Rivero.

En el derecho penal internacional, la Desaparición Forzada es considerada un crimen de lesa humanidad y contempla la detención ilegal y privación de la libertad de personas por agentes del Estado como policías o militares, con el fin de que la víctima no pueda ser protegida por la ley.

Según estándares internacionales, el delito de desaparición no pierde vigencia mientras no se localice a la víctima. El abogado Rivero explica que esto hace que la sentencia no tenga fecha de caducidad, por lo tanto la sentencia de amparo tampoco:

“El amparo no se va a cerrar hasta que se determine la suerte o paradero de los dos desaparecidos, pueden pasar 10 o 20 años, pero la Fiscalía tendrá que informar semanalmente cómo va la investigación y si no cumple, la Suprema Corte de Justicia  puede ordenar la destitución de los funcionarios”, explica Rivero.

Frente a Palacio Naciobal, miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos exigir que la Fiscalía General de la República acate la sentencia que obliga al Ejército a abrir sus cuarteles para buscar a víctimas de desaparición forzada.

El caso es particularmente importante emblemático porque se trata de una desaparición forzada “en su máxima expresión y utilización original: que tiene que ver con la desaparición de la disidencia, son dos luchadores sociales, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, un grupo armado guerrillero”.

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 *Fotos: Ximena Natera