Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

16 defensores del agua en Guerrero se encuentran presos, acusados de un presunto homicidio desde hace casi año y medio. Ellos son opositores al proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, y este miércoles 22 de mayo se desahogará el juicio oral para definir su situación legal.

El 7 de febrero de 2018 durante un baile en Cacahuatepec, comunidad directamente afectada por el proyecto hidroeléctrico La Parota, hubo un enfrentamiento en el cual murieron ocho personas.

Ese mismo día por la mañana se realizó un operativo donde detuvieron a 25 personas, torturaron a ocho y ejecutaron a tres; de ellas todavía 16 siguen presas.

Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago están encarcelados, acusados de homicidio.  

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha acompañado el caso durante años, emitió un comunicado asegurando que la represión se debe realmente a su oposición al proyecto hidroeléctrico y que además, las acusaciones se han ido cayendo por la falsedad de las pruebas.

El proyecto de La Parota pretende construir una hidroeléctrica en la cuenca del Río Papagayo para dar electricidad al municipio de Acapulco. Las comunidades nahuas que habitan la zona conocida como Acapulco Rural, que viven en las orillas del río, conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) desde 2003 para resistir al megaproyecto.

Tlachinollan explica que “la construcción de la presa hidroeléctrica afectaría a 5 municipios del estado de Guerrero, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que implicaría el desplazamiento de más de 20 mil personas, además de diversas afectaciones a alrededor de 70 mil personas que viven en la zona aledaña. A pesar de ser una zona con fuerte presencia indígena, no se ha respetado el derecho a la consulta y libre determinación, de conformidad con las leyes locales y nacionales, y estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Al contrario, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado han intentado legitimar el proyecto por medio de consultas amañadas y fomentando las divisiones entre las comunidades.”

La lucha inició en 2003 cuando las autoridades federales intentaron iniciar la presa sin una consulta previa; en 2010 la obra fue suspendida pero el CECOP ha tenido que seguir en resistencia.

Tlachinollan denuncia que durante estos casi 20 años los opositores han sido víctimas de amenazas, criminalización, hostigamiento e incluso asesinatos. Y este 22 de mayo es la etapa final del más reciente conflicto.

Ante ello el Centro de Derechos Humanos lanzó la campaña “Ni presa ni presos”, recordando que “defender el agua nunca será delito”. Las exigencias de Tlachinollan son la liberación inmediata de los 16 defensores presos, el alto a la criminalización contra los activistas guerrerenses y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Foto de portada tomada de: desinformemonos.org/