Foto tomada de Connectas

Aranzazú Ayala | Socorro Montiel

@aranhera

Durante el debate del pasado domingo, los tres candidatos a la gubernatura lanzaron sus propuestas para las comunidades indígenas, en las que se incluyeron los temas de agua, educación, caminos y salud. Y se tocó además el tema de los proyectos de muerte que afectan el territorio de esa población.

Cada uno de los candidatos se centró en un rubro en específico, en el caso de Enrique Cárdenas fue en el agua, Alberto Jiménez Merino en el impulso y fortalecimiento de la educación intercultural y Miguel Barbosa en preservar a los pueblos originarios, su tradición y cultura.

Sin embargo, cuestionada al respecto Silvia Villaseñor, del Consejo Tiyat Tlali, dijo que “los pueblos indígenas no son comunidades o pueblos o grupos vulnerables, no se trata de continuar con programas que siguen siendo recursos que no modifican de fondo la situación constitucional de los pueblos originarios de México”.

Por su parte Cárdenas, candidato común de PAN-MC-PVEM dijo que lo primordial es satisfacer las necesidades básicas de las comunidades indígenas, y centró su propuesta en la accesibilidad al agua como necesidad básica priorizando baños dignos para todas las comunidades.

“En sus comunidades no tienen lo más esencial, lo más fundamental y sus derechos han sido pisoteados una y otra vez, tenemos que resolver sus problemas más elementales”.

Para ello propuso que el agua llegue “a todas las comunidades del estado, agua y baños dignos, eso les va a levantar muchísimo su nivel de vida, también la parte de salud tiene que estar ahí con unidades móviles médicas que visiten las comunidades al menos una vez a la semana”.

Por su parte Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, se centró en la educación intercultural y la importancia de la lengua originaria: “Primero fortalecer las universidades interculturales, fortalecer las que existen, ampliar hacia otros campus universitarios, universidades interculturales, también la creación del Instituto de Lenguas Nativas para que podamos capacitar a las personas, a los niños, a los jóvenes y fortalecer el uso de la lengua original y del español, y también para que las indígenas no sufran en la salud (y) puedan tener un buena consulta médica necesitamos formar médicos que conozcan la lengua original, y para que no haya injusticias en materia de delitos necesitamos abogados que también puedan ser intérpretes y entender la lengua original.”

Finalmente el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, orientó su discurso únicamente en preservar a los pueblos originarios: “Las comunidades indígenas y los migrantes serán el centro y la prioridad del gobierno que yo encabezaré para reinsertarlos al progreso, vamos a preservar sus lenguas, su cultura, sus costumbres, universidades interculturales. Vamos a crear el Instituto de Pueblos Originarios”, y propuso que tendrá sus instalaciones en Casa Puebla.

Consultada al respecto, Silvia Villaseñor Pineda, del Consejo Tiyat Tlali, consideró que las propuestas de los candidatos no van a resolver de fondo la situación de los pueblos indígenas, ya que estos son programas marginales, que no se centran en combatir el problema de fondo.

En su opinión, “los pueblos indígenas no son comunidades o pueblos o grupos vulnerables, no se trata de continuar con programas que siguen siendo recursos que no modifican de fondo la situación constitucional de los pueblos originarios de México”.

Y sobre la situación constitucional de los pueblos indígenas Villaseñor dijo que se deben respetar los acuerdos de San Andrés de manera íntegra y no solo parcialmente como se ha hecho.

Gobierno estatal, poco margen de acción sobre proyectos de muerte

Enrique Cárdenas fue el único candidato cuestionado respecto de los llamados “proyectos de muerte”, que son los megaproyectos extractivos.

Al respecto, el candidato de PAN-PRD-MC dijo que aunque las concesiones son federales, el gobierno del estado no ha hecho nada para que se respeten los derechos de las comunidades.

En ese sentido, propuso reunirse con las comunidades para “estar de acuerdo e ir más como socios que como beneficiarios de servicios públicos, que muchas veces los gobiernos municipales han dejado de prestar, incluso el gobierno estatal”.

Dijo además que deben tener “todos sus derechos bien amarrados y el gobierno estatal los va a defender”.

Ante el cuestionamiento de realizar una consulta previa “a mano alzada” para determinar el destino de estos proyectos, Cárdenas contestó que “ni lo mande la virgen”, rechazando este modelo de consulta que ha sido utilizado por el actual gobierno federal y que ha sido criticado por no contar con un marco legal.

Entrevistada al respecto, Diana Pérez Rivera, abogada del consejo Tiyat Tlali contra la minera en Ixtacamaxtitlan, explicó a LADO B que el gobierno estatal tiene un marco de acción bastante reducido cuando se trata de proyectos federales, y la mejor manera de ejercer presión “podría ser a través de ordenamientos territoriales estatales y/ o presión política”.

Mientras que Silvia Villaseñor lamentó que las leyes den prioridad a las empresas sobre el uso de los recursos naturales en zonas indígenas y que las comunidades no están siendo consultados sobre los megaproyectos como se debe. “Se está banalizando el derecho de libre consentimiento de los pueblos, tratando de reducirlos a ejercicios administrativos de consulta que no se llevan a cabo de acuerdo con los estándares que exigen los convenios internacionales”.

De acuerdo con una investigación de PODER, casi 18 por ciento del territorio poblano (912 mil 281 ha) está concesionado a mineras; 122 hectáreas están ocupadas por hidroeléctricas y 24 mil hectáreas por proyectos de extracción de hidrocarburos.

*Foto de portada: Hector Guerrero