‘¿De quién es la esquina? ¡De quien la trabaja!’

‘¿De quién es la esquina? ¡De quien la trabaja!’

Las trabajadoras sexuales de la capital mexicana tomaron las calles para exigir un trato digno de las autoridades, en el día en que se celebra el movimiento obrero mundial. Las mujeres exigieron acciones para combatir los feminicidios, la criminalización, la pérdida de la patria potestad de sus hijos o acceso a medicamentos retrovirales.

Ximena Natera | Pie de Página

“Hace 20 años luchábamos para sacar a las madrotas y padrotes… hace 10 para que los policías dejarán de extorsionarnos con los operativos y ahora para que nos respeten como trabajadoras no asalariadas”, cuenta Teresa, una mujer pequeñita y de mediana edad, que recorre dos kilómetros de caminata en tacones de 10 centímetros y plataforma blanca.

En el día en que se celebra el movimiento obrero mundial, las trabajadoras sexuales en Ciudad de México tomaron las calles para exigir un trato digno por parte de las autoridades.

La invitación a la marcha convocaba a las trabajadoras sexuales y grupos de apoyo a reunirse en la calle Corregidora, a una cuadra de la Plaza de la Soledad en el corazón de la Merced. La cita: miércoles 1 de mayo, nueve de la mañana. En letras pequeñas se leía: “No están invitadas madrotas, mujeres en situación de prostitución, ni oportunistas”.

“¡Respeto. Total. Al trabajo sexual!”.

“¿De quién es la esquina? ¡De quien la trabaja!”.

La lucha de hoy, dice Teresa, es por erradicar la criminalización del trabajo sexual de la legislación mexicana, empezando por derogar la fracción VII del artículo 24 de La Ley De Cultura Cívica de la capital que permite sancionar el trabajo sexual.

“El talón ha cambiado mucho desde que nos empezamos a organizar”, dice Teresa, que es originaria de San Luis Potosí y tiene 35 años de trabajo en la calle. “Pero sigue siendo peligroso, te subes a los coches y nunca sabes si vas a regresar”.

Trabajadoras sexuales preparan carteles y mantas previo a la marcha por el Día del Trabajo en las oficinas de la organización Brigada Callejera. Barrio de La Merced, Centro Histórico.

Teresa, trabajadora sexual en la zona de La Merced por más de 30 años y miembro del colectivo de Brigada Callejera desde hace dos décadas. 

La protesta convocada por la organización Brigada Callejera de apoyo a la mujer se ha convertido ya en una tradición del Día del Trabajo donde las mujeres toman las calles para exigir al gobierno condiciones más dignas y seguras pero también para celebrar las pequeñas victorias conquistadas.

Jaime Montejo, integrante de Brigada Callejera, una organización sin fines de lucro especializada en la defensa de los derechos laborales de las personas que trabajan en el mercado sexual, explica que aunque la eliminación del artículo 24 es una deuda pendiente en Ciudad de México, el principal objetivo es a nivel federal: reformar la Ley general de trata pues considera que  se ha utilizado para criminalizar y perseguir a las sexoservidoras mientras la industria de este delito sigue funcionando.

“Tenemos que conseguir que tomen en cuenta la experiencia de trabajadoras y organizaciones en los protocolos para identificar e intervenir en casos de trata, porque si existen pero no se están persiguiendo…”, dice Montejo.

Elvira Madrid, presidenta de la organización Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer, lidera la marcha. La organización sin fines de lucro se ha especiaizado en la lucha por los derechos  civiles y laborales de las trabajadoras sexuales desde 1993.

Contingente de la Brigada Callejera

En entrevista con Pie de Página, Montejo admite que no es sencillo puesto que casi ninguna ley en el país habla directamente del trabajo sexual, en su lugar, las normas que lo regulan están incrustadas en diversas leyes generales.

Brigada Callejera reconoce 40 indicadores principales que afectan a las trabajadoras sexuales y que deben ser tratados a través de reformas y creaciones de leyes. Entre los más urgentes se encuentran la criminalización a través de la Ley de trata; el aumento de feminicidios a trabajadoras sexuales (la ONG contabiliza casi 100 casos durante 2018); los controles sanitarios; la pérdida de la patria potestad de los hijos por faltas menores; la prohibición de trabajo sexual en una decena de estados y los altos precios de las multas relacionadas al trabajo sexual.

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*Fotos: Ximena Natera

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