Yvette Sierra Praeli | Mongabay Latam
En octubre de este año habrá un nuevo proceso de elecciones presidenciales en Bolivia, en el que el actual presidente Evo Morales se presenta a su cuarta reelección consecutiva.
Los análisis de sus tres periodos de gestión gubernamental se han hecho desde diferentes perspectivas. Una de ellas se ha centrado en su política ambiental que Morales ha aplicado en sus 13 años de gobierno.
La investigación Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia, publicada en la revista científica Nature Ecology and Evolution, evalúa los tres periodos del gobierno de Morales, precisamente desde una perspectiva ambiental.
La biodiversidad en Bolivia está amenazada. Foto: Alfredo Romero
En su evaluación, el estudio menciona el liderazgo de Bolivia en tema ambientales, sobre todo, por su reconocimiento legal a los derechos de la naturaleza y su participación decisiva en la formulación de compromisos internacionales como ha sido el caso del Acuerdo de París sobre cambio climático. Sin embargo —precisa el estudio— el gobierno ha aprobado actividades nocivas para el medio ambiente que amenazan la red de áreas protegidas y los territorios indígenas de Bolivia.
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Historia de contradicciones en Bolivia
Alfredo Romero, investigador principal del estudio y miembro del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania, asegura que las políticas positivas son declarativas y que realmente no se implementan. “Son 13 años de políticas contradictorias. Parece que las cosas van bien primero, pero luego se aprueban normas que van en contra del medio ambiente”.
Los mapas muestran la presencia de las amenazas dentro de áreas naturales protegidas. Fuente: Estudio Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia
La investigación ofrece un panorama de lo que sucede en las áreas naturales protegidas (ANP) amenazadas por la rápida expansión de fronteras extractivas. “Bolivia tiene actualmente la segunda mayor proporción de áreas protegidas bajo intensa presión humana en toda Sudamérica, a pesar de tener una de las menores densidades de población”, señala el documento académico.
Un cuadro comparativo expone, además, las contradicciones que se han presentado desde el 2006 hasta el 2018 entre las medidas que representaban un avance para la conservación de la naturaleza y aquellas que significan un retroceso para las mismas.
En este esquema se observa, por ejemplo, que en el año 2007 Bolivia respalda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero el mismo año se declara como prioridad nacional la construcción de las represas El Bala y El Chepete, ubicadas dentro de territorios indígenas.
Bolivia tiene actualmente la segunda mayor proporción de áreas protegidas bajo intensa presión humana en toda Sudamérica. Foto: Alfredo Romero
Otro ejemplo, precisa el documento, se da en el 2010 cuando se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, el mismo año que se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), decisión que ha ocasionado, más de una vez, protestas en contra del proyecto e incluso la suspensión del mismo. “El gobierno quiere construir una carretera que pasa por el corazón del territorio indígena y el parque nacional donde existen cuatro pueblos indígenas distintos, cuya forma de vida sería completamente afectada por este proyecto”, comenta Romero.
Los investigadores exponen por lo menos 11 medidas legislativas o discursos a favor de la naturaleza que se contradicen con un número similar de medidas adoptadas desde el primer año del gobierno de Morales. “Si esas son las políticas que se implementan, que son nocivas para el medio ambiente, se está irrespetando la Constitución Política del Estado y violando los derechos de la Madre Tierra”, declara Romero.
Expertos señalan que existe un retroceso en cuanto a las normas de protección de la biodiversidad. Foto: Alfredo Romero
Para Marco Gandarillas, responsable de incidencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), quien ha podido revisar la reciente publicación, más que contradicciones en la política ambiental de Bolivia, lo que existen son políticas prácticamente inexistentes.
Gandarillas considera que el estudio hace una evaluación certera de la situación ambiental en Bolivia, pero sugiere profundizar en el análisis de las medidas adoptadas en favor del medio ambiente. Desde su perspectiva, estas políticas no se contradicen con las acciones porque no tienen efecto jurídico sobre la economía. “Un análisis más profundo de las normas adoptadas en estos años nos muestra que no hay oposición, sino que estas son meramente publicitarias”.
La exploración de hidrocarburos, la construcción de represas, la ejecución de carreteras y la expansión agrícola se ponen bajo la lupa en este estudio.
Un estudio reciente ha evidenciado que Bolivia ocupa el quinto lugar entre los países con mayor pérdida de bosques en el 2018. Foto: Alfredo Romero
En el caso de la extracción de petróleo y gas, en el 2015, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 2366 que aprobó la exploración de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas de Bolivia. La investigación precisa que, actualmente, 11 de las 22 áreas protegidas nacionales se superponen con concesiones de gas y petróleo. “Casi la mitad de la expansión de la frontera de hidrocarburos en la Amazonía entre 2008 y 2015 se produjo en Bolivia. Esto incluye la exploración de hidrocarburos dentro del Parque Nacional Madidi”, puntualiza el documento.
Al respecto, Gandarillas sostiene que la flexibilización ambiental es anterior al gobierno de Morales. Recuerda que en 1992 se aprobó la primera ley ambiental en Bolivia, pero también se generó la primera exclusión que favorecía al sector hidrocarburos. “Cuando llegamos al gobierno de Evo Morales ya había un marcado deterioro de la institucionalidad normativa ambiental. Teníamos legislación, pero con un sinnúmero de excepciones”.
Gandarillas agrega, sin embargo, que en el 2010, durante el gobierno de Morales, sí se publicó una medida que priorizaba la inversión pública en los sectores de hidrocarburos, minería, energía y carreteras.
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