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Mtro. José Teódulo Guzmán Anell, SJ.

Una vez más la CNTE se ha plantado frente a las autoridades de la República Mexicana para plantear sus demandas corporativas. Esta forma de expresarse, pública y notoriamente para la obtención de beneficios en favor de sus miembros, no es casual. Desde hace mucho tiempo, cada 15 de mayo, día del maestro, la CNTE realizaba marchas y plantones para presentarle al gobierno de la República un paquete de peticiones en favor de sus agremiados. Ya desde entonces no se limitaba a exigir aumento de salarios, también quería el cumplimiento de políticas sociales en favor de las comunidades rurales e indígenas de algunas regiones del país que habían quedado relegadas durante décadas por parte de los sucesivos gobiernos de la República y de algunas entidades federativas.

No cabe duda que quienes conocen y experimentan cotidianamente las condiciones económicas, sociales y familiares de las comunidades donde ejercen su labor educativa, son los miles de maestros y maestras esparcidos por todos los municipios y comunidades de nuestra nación. Es obvio que no es lo mismo ejercer la función docente en una ciudad que en una comunidad rural, en donde apenas se dispone de los servicios de transporte, salud y comunicaciones para toda la población.

Desde hace mucho tiempo, el maestro, junto con el médico y el cura, han sido figuras emblemáticas de poder social, principalmente en poblaciones menores de 20 mil habitantes.

“Este poder social de los maestros no es un poder profesional en sentido estricto”, afirmaba mi amigo Pablo Latapí hace 20 años. Es un poder disperso, restringido por diferentes tipos de burocracia que han impedido a los maestros participar efectivamente en la política educativa de México. Apenas se ha tomado en cuenta su conocimiento y experiencia de relación cotidiana con las comunidades donde día a día conviven con los estudiantes y su entorno familiar y social.

Tampoco los sindicatos, a cuya afiliación se obliga a los maestros y maestras, han sabido dar respuesta a las demandas reales y a las expectativas de los docentes en cuanto profesionales de la educación mexicana. Citando a Alberto Arnaut, Latapí afirma que los sindicatos, “han expropiado, anulado y contradicho los derechos profesionales de los maestros, de modo que hoy en día, el sindicato mediatiza todos los aspectos de su desempeño: su formación y actualización; el sistema escalafonario; los premios; castigos; becas, créditos y licencias; la evaluación de su trabajo; la libertad para presentar iniciativas o la creatividad para innovar, y asume una representatividad global en la interlocución con el Estado”.

El Estado, por su parte, al definir los planes y programas de la educación nacional y prescribir las formas de evaluación de los docentes, sin tomar en cuenta sus peculiaridades regionales, ha provocado una confrontación innecesaria en vez de propiciar una colaboración participativa en la transformación del proceso educativo, el cual compete no solo al Estado sino a docentes, familias y sociedad civil en general.

Ojalá en estos tiempos aciagos de marchas, plantones y bloqueos, de parte de supuestos representantes de gran parte del magisterio nacional, se logren al fin acuerdos sustanciales que nos ahorren la pérdida no solo de días de clases, sino de la esperanza de que en este país todavía es posible el ejercicio de la democracia con paz y justicia social.