De él había sólo cenizas, una bolsa plástica con restos humanos.

Se llamaba Óscar Ramírez Reyes. Tenía 20 años. Su primera desaparición fue el 7 de febrero de 2014cuando se lo llevaron unos presuntos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga.

Catorce días después, el 21, una noticia estremeció el corazón de sus familiares: la Fiscalía General de Jalisco había localizado una fosa clandestina con cuerpos cerca del lugar donde Óscar había sido visto por última vez.

Sin embargo, en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) les informaron que ninguno de los cuerpos exhumados en aquel entierro clandestino, 19 en total, correspondía con las características físicas de Óscar: joven alto, delgado, de ojos grandes con expansores en ambas orejas y ojos claros que le hicieron ganar un apodo: “El Gato”.

Aunque dudaron de esa versión, decidieron confiar en la autoridad.

20 meses después supieron que el cadáver de Óscar sí había sido exhumado de aquella fosa. Supieron también que aquel día que preguntaron en el SEMEFO, su cuerpo sí estaba ahí. Supieron que los errores en la integración de la carpeta de identificación, así como el mal proceder del Ministerio Público (MP) a cargo de su investigación, ocasionaron que el cuerpo de Óscar hubiera permanecido durante 32 días registrado como persona no identificada. Como NN, lo que es lo mismo: No Nombre.

Y supieron, sobretodo, que el 25 de marzo de 2014, mientras ellos insistían ante las autoridades que lo buscaran, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) solicitaba a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ), el permiso para incinerar los restos de ése y otros 20 cuerpos NN.  

El día que Verónica Reyes, la madre de Óscar, decidió que no se movería de ese sitio hasta saber la verdad, una trabajadora social le comentó lo “injusto que era que no le dieran información tan dolorosa”. Así fue como la familia supo que Óscar había muerto. Y que ya no existía su cuerpo.

Fue hasta el 31 de octubre de 2015 cuando el joven recuperó su identidad, después de que por fin la Fiscalía otorgó al padre de Óscar la autorización para que le practicaran la prueba de ADN y que ésta pudo ser confrontada con el banco genético de IJCF. No sólo fue gracias a la genética, también lo constataron con unas fotografías que la Fiscalía había tomado al cuerpo antes de meterlo al horno; imágenes que había ocultado y negado que existieran.

Hoy esa familia sabe que si las pruebas de ADN se hubiesen hecho en cuanto presentó la denuncia por desaparición, como marca el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco; si le hubieran mostrado las fotografías forenses tomadas a los cuerpos exhumados y si hubieran preservado los cuerpos, como obligaba la Ley General de Víctimas, aquel 4 de noviembre de 2015 hubieran recibido la osamenta de Óscar. No una bolsa con unos cuantos kilogramos de cenizas.

Pero no fue así con Óscar ni con los 20 cuerpos con los que fue incinerado, entre ellos el de una mujer.

Según los datos del IJCF obtenidos a través de solicitudes de información pública, sólo uno de estos cuerpos fue entregado a su familia. Debería ser el polvo cenizo que supuestamente pertenecía a Óscar; sin embargo, el registro indica que las cenizas entregadas correspondían al cuerpo de un hombre de 50 años que murió estrangulado, no a las de un veinteañero. Nadie con las características de Óscar aparece como entregado a su familia. ¿Por qué la información no coincide? Es una de las preguntas que IJCF debe responder para garantizar que los registros sean confiables.

Esos cadáveres corrieron la misma suerte que otros cientos que, entre 2006 y 2015, ingresaron a las morgues de Jalisco donde no había voluntad para identificarlos: ésos que el instituto forense, con el aval de la Fiscalía del estado, cremó sistemáticamente.

¿Cuántos? En total fueron mil 559. Todos reducidos a polvo.

Con la incineración se consumó su segunda desaparición.

La sistemática incineración de cuerpos

El horno crematorio del instituto forense fue acondicionado en las instalaciones del SEMEFO, ubicadas entre el Panteón de Belén y el viejo Hospital Civil de Guadalajara, construidos a fines del siglo XVIII en pleno centro histórico de Guadalajara. La estructura añeja del edificio daba al anfiteatro un ambiente lúgubre por sus techos altos, la humedad en sus paredes y la escasa iluminación.

Construido en 1997, el horno contaba con dos bandejas individuales para incineración y tenía capacidad para cremar hasta 20 cuerpos por día, según el archivo de adquisiciones del propio IJCF.

Los crímenes que ahí se cometieron desde su inauguración hasta el año 2015, cuando fue clausurado, resultan más escalofriantes que las leyendas de terror que en las noches se contaban dentro del cementerio. En los nueve años que abarca esta investigación (2006-2015), en ese sitio redujeron a polvo los restos no identificados de mil 559 personas, el equivalente a una quinta parte de las 7 mil 695 personas reportadas como desaparecidas en Jalisco.

Eso lo confirma no sólo el oficio IJCF/UT/641/2018 entregado a este reportero, que permite conocer el origen, destino y características –edad, sexo y causa de muerte– de la mayoría de los cuerpos NNingresado al SEMEFO; también los expedientes a los cuales se logró acceder tras el acompañamiento a tres familias víctimas de estas políticas de incineración.

Tres administraciones estatales en Jalisco fueron las responsables de esas más de mil 500 cremaciones de cuerpos de personas de identidad desconocida: el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), que aprobó el uso de los hornos para 190 restos. Emilio González Márquez (2007-2013), también panista, con quien fueron cremados otros mil 75. Finalmente, en la administración de Aristóteles Sandoval (2013-2018), priista, se redujeron a cenizas 294 cuerpos.

Según una solicitud de información obtenida por El Universal, las incineraciones ocurrieron de 1997 a 2015, lapso en el que fueron incinerados 2 mil 755 cuerpos. Sin embargo, las autoridades insisten en que fue solo hasta 2006 que comenzaron a registrar las características de cada cuerpo cremado. Esos datos son los que sirven como base para esta investigación.

Las instalaciones del SEMEFO, que ofrecían un ambiente más que fúnebre, dejaron de usarse en 2014 cuando se mudó a su sede actual en el municipio de Tlaquepaque. Pero el uso del horno siguió aunque, para entonces, la incineración dentro de los anfiteatros ya estaba prohibida en el país.

En Jalisco el engranaje de la maquinaria estatal incineradora, en vez de reducirse, se incrementó al ritmo que los homicidios aumentaron. Del 2006 al 2018, la numeralia del crimen en Jalisco es brutal: se cometieron 13 mil 578 homicidios dolosos, se registraron 7 mil 695 desapariciones y se localizaron 179 fosas clandestinas de las cuales exhumaron 355 cuerpos, de acuerdo a la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Fiscalía.

El horror se refleja en el uso del horno. En 2006 éste se encendió nueve veces al año, casi una vez cada mes –con excepción de enero, junio y noviembre– y cremó un total de 84 personas. Para el año 2015, el horno se encendió 38 ocasiones para volver cenizas a 110 cuerpos.

Los días más utilizados fueron el 1 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2013. En ambos se destruyeron 38 cuerpos.

En esos años, la capacidad del SEMEFO era para 72 cuerpos pero cotidianamente se sumaban más a la morgue, disparando el sobrecupo que ya existía. Deshacerse de los muertos se convirtió en rutina cada vez que se requería abrir espacios ante la llegada de nuevos cadáveres.

Mario Rivas Souza, pionero de la medicina legal y forense en Jalisco que se desempeñó como director del SEMEFO de 1998 a 2017, no era escuchado cuando pedía mayor presupuesto para ampliar la capacidad de los anfiteatros, por lo que encontró que la solución para evitar la acumulación y un consiguiente problema para la salud, era la incineración. Además consideraba que al cremar cuerpos daba más “dignidad” a las personas fallecidas que enviándolas a la fosa común.

Su “higiénica” decisión cumplía todas las normas: estuvo avalada por la Secretaría de Salud estatal y la Ley General de Salud que permitía prender el horno en caso de riesgo sanitario. El Registro Civil de Guadalajara expidió las actas de defunción y la Secretaría de Salud Jalisco, los certificados médicos a los cientos de cuerpos que corrieron esa suerte, bastaba con que cada uno cumpliera los requisitos mínimos de identificación, como edad, género y causa de muerte, para que el Ayuntamiento de Guadalajara le asegurara una incineración expedita y cupo en el panteón.

Esos nueve años el horno fue encendido 153 veces. En promedio, diez cuerpos fueron incinerados en cada ocasión.

Las bolsas con cenizas tuvieron como destino el Panteón Jardín, en 496 casos; las instalaciones del IJCF en Belén, en 947 casos; y 116 fueron entregados a familiares en bolsas negras de polietileno. Dentro del SEMEFO eran colocados en cajas de cartón.

Esa solución administrativa ideal para los burócratas originó la dolorosa incertidumbre que hoy padecen cientos de familias de víctimas, pues los registros a los que se tuvo acceso para esta investigación dan cuenta de que algunos cadáveres fueron cremados sin contar con datos básicos. En 270 casos, por ejemplo, las cenizas que permanecen no cuentan con el registro de edad; en 302 falta la causa de muerte, en estos casos se les registró únicamente con la palabra “resguardo”, y el sexo. A pesar de que está prohibido emitir certificados de muerte y actas de defunción sin estos datos – que son indispensables para autorizar la incineración– los cuerpos pasaron por el fuego.

El incinerador no dejó de usarse ni siquiera en 2013, cuando entró en vigor de la Ley General de Víctimas que prohíbe la quema de cuerpos NN a los que no se les ha concluido la investigación judicial:  “(ninguna autoridad puede) cremar los cuerpos de ninguna persona no identificada hasta en tanto no haya o exista una sentencia ejecutoria”, indica en su artículo 21. Pero Jalisco se rigió bajo sus propias leyes: de 2013 a 2015, la Fiscalía y el IJCF redujeron a cenizas 533 personas NN.

Las causas de muerte mencionadas en la información obtenida para este reportaje permiten saber que entre las personas desconocidas incineradas hubo quienes murieron por enfermedades como cirroris o edemaspulmonares, otras por accidentes como electrocutaciones, pero en varios casos la causa de muerte podría deberse a homicidios causados por golpes (486), proyectiles (108) y armas punzocortantes (48). Al menos en estos casos, la incineración obstruyó el derecho a la justicia a posibles víctimas de homicidio, las autoridades hicieron cenizas los cuerpos del delito.

“La autoridad los trató como objetos potencialmente infecciosos y no como sujetos de derecho (…) al imponer una lógica sanitaria por encima de un tema de procuración de justicia, la autoridad impuso un criterio burocrático cuando lo lógico era actuar como lo que es el instituto forense, un auxiliar en materia de justicia para la Fiscalía”, dijo en entrevista el defensor de derechos humanos Francisco Macías.

Cenizas entregadas, sin pruebas de ADN

Felipe buscó a su hermano Alfredo Almaraz Rosales desde el primer momento de su desaparición.

El día en que Alfredo, de 35 años, desapareció, ambos hermanos se habían encontrado en una de las casas de cambio que Felipe tenía cerca de la carretera a Tesistán, en el municipio de Zapopan. Era 17 de septiembre de 2013.

A Felipe le costó trabajo aceptar la posibilidad de que, quizá, su hermano estuviera muerto. Cuando lo hizo acudió al instituto forense para dejar muestras de ADN y para preguntar si Alfredo estaba entre las decenas de personas no identificadas que permanecían en las cámaras frigoríficas.

Revisó las fotografías que le mostraron de cadáveres en el rango de edad de su hermano, pero no hubo ninguna coincidencia. Repitió esa rutina cada quince días, a lo largo de un año y medio.

En octubre de 2015, sin embargo, recibió una llamada del instituto en la que le notificaban que uno de los 17 cadáveres exhumados dos años atrás de las fosas clandestinas localizadas en Santa Lucía, Zapopan, era el de su hermano. Le extrañó que no le hubieran avisado antes, a pesar de que tanto la desaparición como el hallazgo de los cuerpos ocurrieron en la misma zona y en la misma época.

No le mostraron evidencias de lo encontrado ni pudo acceder a información del caso. Sólo supo que el vehículo de Alfredo había sido localizado en un deshuesadero de carros, ubicado a quince minutos del predio donde las fosas clandestinas fueron halladas.

Los restos exhumados en Santa Lucía fueron trasladados al SEMEFO casi 78 días después de que Alfredo desapareció, y permanecieron ahí casi dos años, durante el tiempo que Felipe reclamaba noticias sobre su hermano.

Para las autoridades, sin embargo, ese cuerpo no había sido reclamado: los restos de Alfredo fueron incinerados a mediados del 2014.

Cuando Felipe volvió para exigir el cuerpo se enteró que lo único que quedaba de él era polvo.

La entrega de la bolsa con cenizas tardó aún más porque la etiqueta de identificación quedó pegada a otra bolsa y no había plena seguridad de cuál contenía los restos correctos. A su cuerpo no se le tomó ADN.

Al 90 por ciento de los cuerpos cremados en Jalisco entre 2006 y 2015 “no se les realizaron previamente las tomas de ADN, ni se efectuaron las confrontas genéticas para su posterior identificación”, según el Informe Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes Sin Justicia,realizado en 2019 por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

La información obtenida para este reportaje, por su parte, indica que sólo a 265 de esos mil 559 cuerpos cremados les practicaron pruebas de ADN antes de destruirlos.

En consecuencia, del 83 por ciento no se tiene información genética que permita realizar futuras confrontas, ya sea con el banco genético de familiares de personas desaparecidas del IJCF o con la información que recopilará el próximo Instituto Nacional Forense.

El experto en identificación de restos calcinados del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, Gonzalo Taboada, asegura que lastemperaturasque alcanza un horno crematorio reducen al mínimo la posibilidad de rescatar de ADN. Si acaso llegase a quedar algún fragmento óseo es muy seguro que la información genética que contiene la médula ósea también haya desaparecido tras la cremación.

En el caso de Alfredo Almaraz, la placa dental y las fotografías forenses fueron las pruebas que permitieron su plena identificación.

Con el registro de incineraciones, sistematizado por este reportero y un grupo de periodistas, se logró saber que aunque el cuerpo de Alfredo oficialmente fue localizado el 4 de diciembre de 2014, no es posible tener certeza de cuándo fue incinerado porque la fecha que se colocó en la bitácora de incineraciones fue “2 de septiembre de 2013”. Pero ese día Alfredo todavía estaba vivo, ni siquiera había desaparecido.

El análisis del registro de las incineraciones ordenadas por la Fiscalía y el instituto forense no sólo es irregular en cuanto al total de cuerpos incinerados –en algunas solicitudes de información se precisan mil 559 y en otras mil 581–, también en los datos de cada incineración.

En el 62.8 por ciento de los casos (980) la fecha del ingreso al SEMEFO es posterior a la fecha de incineración, en otros 263 es imposible saber cuánto tiempo permaneció el cuerpo en resguardo antes de ser incinerado porque no existen registros de la fecha en la que fueron localizados.

De los 116 casos que el instituto entregó cenizas a familias, como el de Alfredo, 20 de éstos no cuentan con la edad, causa de muerte y el sitio de localización. Al cuestionar al IJCF sobre qué otras pruebas tenían para darlos como identificados alegaron que esa información está en poder de la Fiscalía que, por su parte, se negó a dar la información alegando que el caso pertenece a una investigación que sigue abierta.