Ecuador: el fantasma de Nankints

Ecuador: el fantasma de Nankints

En 2016 una comunidad shuar en el sur de Ecuador fue desplazada, atacada y acosada judicialmente. En su territorio se instaló una minera. Dos años después, sus 32 habitantes no han podido volver a su tierra.

Isabela Ponce | Mongabay Latam

Dentro de una garita de cemento, un guardia de seguridad observa desconfiado al cuatro por cuatro que cascabelea y levanta el polvo mientras pasa lento afuera del campamento del proyecto Panantza-San Carlos, que Explorcobres S.A. quiere empezar a explotar en la rica cordillera, repleta de codiciado cobre, durante unos 25 años.

No ha podido hacerlo por la resistencia del pueblo shuar. El desalojo forzado que Sandro Chinkim no vivió, pero que lo dejó sin casa y sin pueblo, era solo el inicio de los cuatro meses que le siguieron a ese jueves 11 de agosto de 2016. En ese momento comenzaría la escalada violenta de un conflicto entre minera e indígenas, que dejaría muerte, persecución, acoso judicial y desplazamiento.

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No lejos de Nankints está Tsuntsuim, otra comunidad indígena shuar sumergida en medio de montañas cubiertas por árboles verdes y repletas de cobre. Está en el sur de la Amazonía ecuatoriana, la atraviesa la Cordillera del Cóndor —reconocida como una de las áreas más biodiversas de América Latina— y está a 1100 metros sobre el nivel del mar. Por eso aunque al mediodía hay un cielo azulísimo despejado, muy temprano en la mañana las espesas nubes no dejan ver los picos de las montañas y en las noches corre un viento refrescante. A toda hora es silenciosa. Y tranquila. Las 27 familias que allí viven tienen casas de dos pisos de madera con techos de zinc. Están dispuestas como en un gran rectángulo, en cuyo centro hay una cancha de cemento multiuso con dos arcos de fútbol y una red de voleibol.

Jonathan y Steven, de seis y cuatro años, corren de arco a arco. Ríen. En el pasto que separa las casas de la cancha, una señora hala una mula que relincha. Rita —de 21 años— en cuclillas, quita con machete la hierba que rodea su casa. Una gallina cacarea.

En Tsuntsuim no hay centro de salud, ni tienda de abastos. Apenas hay una escuela para todos los niños de entre 5 y 13 años.

El jueves 11 de agosto de 2016, el día en que las ocho familias fueron desalojadas de Nankints, algunas se refugiaron en Tsuntsuim, que está a unos seis kilómetros. Alvino Pinchupá, habitante de Tsuntsuim, recuerda que “llegaron con apenas una cobija bajo el brazo. ‘Nos mandaron desalojando’ dijeron y nosotros los invitamos a que se queden aquí”.

La noticia del desplazamiento se regó por las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, parte del territorio ancestral shuar —una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador. Casi una docena de hombres, que no eran de Nankints, fueron hasta Tsuntsuim para apoyar a sus compañeros y retomar la comunidad.

Domingo Nayash llevaba apenas un mes como síndico —la máxima autoridad administrativa— de Tsuntsuim y ayudó a planificar lo que llama “el golpe”. “Antes de lo que pasó en Nankints ya se venía hablando y protestando sobre el tema minero pero aquí alguien debía decidir y accionar”, dice Nayash —un hombre delgado, moreno, de nariz ancha y brazos fuertes— sentado en una banca de madera, bajo de un techo de zinc de donde cuelgan camisetas, pantalones y medias húmedas que acaban de ser lavadas. Los meses después del desalojo hubo asambleas, reuniones, planificaciones entre líderes de las organizaciones shuar y los hombres que se sumaron para defender su territorio.

Tras semanas de planificación, la madrugada del domingo 20 de noviembre cerca de 25 hombres salieron desde Tsuntsuim hacia el campamento La Esperanza. “Tardamos más de la cuenta porque entre nosotros había dos hombres gordos que caminaban lento. Queríamos llegar a las tres de la mañana para sorprender a los empleados, pero llegamos cuando ya estaba claro”, recuerda Nayash.

Eran las seis de la mañana cuando los shuar —algunos con lanzas, otros con explosivos, unos con escopetas— irrumpieron en el campamento minero. Entre disparos, golpes y sobre todo confusión, los trabajadores de Explorcobres S.A. y policías que lo custodiaban, se batieron en retirada. Nayash dice que el plan era quemar las casas pero alguien en el grupo sugirió no destruirlas porque podían servirles a los habitantes de Nankints quienes, según sus planes, regresarían a refundar su comunidad.

Pero el contrataque de la minera y el Estado fue total. Los shuar durmieron una noche en el campamento tomado, pero a la mañana siguiente un contingente de policías y militares, cuyo número, según Nayash, se había duplicado, los expulsó. La toma de La Esperanza duró 24 horas.

Los shuar se replegaron hasta San Carlos de Limón, un pequeño poblado de colonos e indígenas que está entre la comunidad de Tsuntsuim y el espacio donde existió Nankints.

La tarabita que conecta a Limón con las demás poblaciones. / Foto: José María León
A San Carlos de Limón (llamada también solo ‘Limón’) se llega de tres maneras. La más sencilla y rápida —que dura entre 3 y 4 minutos— es cruzando medio kilómetro en una tarabita a 300 metros de altura sobre el río Zamora. Los veintitantos hombres que fueron echados, nuevamente, de la ex Nankints, se refugiaron en Limón las siguientes tres semanas.

“Vamos a hacer otro golpe más”, recuerda el síndico Nayash que dijeron los hombres que habían llegado a apoyar desde otras comunidades. Veinticuatro días después, el 14 de diciembre, los shuar volvieron a la carga contra La Esperanza. Pero esta vez el campamento lo custodiaban miles de policías y militares. El enfrentamiento fue más violento. “El tiroteo se escuchaba hasta acá”, dice Natalia Nankamai, habitante de Tsuntsuim.

El cruce de balas dejó heridos dos militares, cinco policías y dos shuar. El policía José Luis Mejía murió de un disparo que las autoridades dicen fue shuar y que los shuar dicen fue militar.

Durante el estado de excepción, los militares armaron sus carpas en la cancha de San Carlos de Limón. Foto: Braulio Gutiérrez.
Durante el estado de excepción, los militares armaron sus carpas en la cancha de San Carlos de Limón. / Foto: Braulio Gutiérrez.

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Ese mismo miércoles 14 de diciembre, el entonces presidente Rafael Correa decretó el aumento de militares en la zona y un estado de excepción por 30 días en la provincia de Morona Santiago.

Tres días después, en las cadenas de radio y televisión que Correa daba cada sábado para informar sobre su gestión y fustigar a sus enemigos, mintió: dijo que los shuar eran parte de “un grupo armado extremadamente violento” y negó que ese espacio fuera territorio ancestral. El entonces comandante de la Policía, Diego Mejía, dijo que tenían “armas de grueso calibre”. Alvino Pinchupá y Domingo Nayash insisten en que solo tenían carabinas, dinamita y lanzas.

Para ellos, las mujeres y los niños de Tsuntsuim, esos días de diciembre de 2016 están intactos en sus mentes. Nayash estaba en San Carlos de Limón y dos días después decidió irse a Tsuntsuim para avisar a los demás lo que había sucedido.

El camino entre la cabecera parroquial y la comunidad tiene trechos de un lodo profundo y atrapante, como el concreto fresco, otros son empinados, rocosos y mohosos, en medio de quebradas pronunciadas, y ríos de anacondas y piedras prehistóricas que se atraviesan por resbaladizos troncos acostados. Los comuneros tardan cerca de cuarenta minutos en recorrerlo, los afuereños pueden demorarse hasta cuatro horas.

Nayash recuerda que mientras caminaba hacia Tsuntusim escuchaba tiroteos y los helicópteros. “Vinieron con carros blindados, con tanques de guerra destruyéndolo todo. Utilizaron tres frentes para ingresar, nos querían emboscar”. Los militares y policías irrumpieron en varios poblados de la zona. Su objetivo era detener a los sospechosos de la muerte del policía José Luis Mejía.

Rosa Tuits, habitante de San Pedro —una comunidad cercana a Tsuntsuim—, dice que estaba bañándose cuando empezaron a patear su puerta. “A mí eso me asustó. Por suerte yo estaba porque a las personas que no estaban les rompieron las puertas, las bisagras. En mi casa revisaron y desbarataron todo y se fueron llevando la carabina. Nosotros siempre tenemos armas porque vivimos en la selva y tenemos aves. Esa arma se llevaron”. Tuits y sus vecinos fueron parte del operativo del Ministerio del Interior que incautó armas de fuego y explosivos para analizarlas y determinar quiénes habían participado en el enfrentamiento del 14.

El entonces ministro del Interior, Diego Fuentes, publicó en su cuenta de Twitter: “Desmentimos cualquier aseveración e información de intervenciones violentas por parte de la fuerza pública”.

Los habitantes de Tsuntsuim tenían miedo. El ruido de los helicópteros, de las balas, de los drones horrorizaba a los niños. Cerca de las ocho de la noche, las 27 familias decidieron dejar su comunidad. No querían toparse a los militares y policías. “Venían los militares a tiros, se escuchaban los helicópteros bajito. Tenía que coger a los hijos. ¿Qué animales? ¿Qué cobijas? Nada. Nos fuimos sin nada y tocó dormir en la montaña. Los hijos sin merienda”, recuerda Benito Jimpikit, comunero de Tsuntsuim. Nayash dice que mucha gente salió “con la parada que tenía”. No alcanzaron a empacar ropa, ni alimento. Nada. Esa noche y madrugada muchos no tenían ni una linterna para recorrer la espesa selva en la oscuridad.

La mañana siguiente llegaron al Tink, otra comunidad shuar a 12,4 kilómetros (en línea recta) de Tsuntsuim, donde se refugiaron. “No sabíamos lo que iba a suceder, yo pensé que al día siguiente regresaría a ver mis cosas, a traer comida para mis hijos”, dice Nayash. Según él, tardaron cuatro meses en regresar.

Volvieron solo cuando estuvieron seguros que todos los militares habían abandonado el lugar.

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A Benito Jimpikit y otros tres comuneros les quemaron la casa. “Tenía cocineta, refri, 7 ganados, 78 pollos. Y cuando volví apenas recibí una ayuda de 25 planchas de zinc para reconstruir. Recién he empezado a recuperarme”, dice. Recuerda la noche que, a escondidas de los militares que todavía ocupaban Tsuntsuim, llegó para ver cómo estaban las cosas: era verdad, no tenía casa, no quedaba una vaca de su ganado. Volvió donde su esposa y se puso a llorar, desconsolado por todo lo que había perdido. “Lloré como cuando uno se quiere morir ese mismo rato”.

María Luisa Utitiaj tiene 61 años, está sentada en la mesa de madera junto a su cocineta rodeada de ollas de aluminio y racimos de verde. En su mano tiene el candado cerrado pegado a una bisagra que aún guarda de su puerta que los militares y policías tumbaron. Ella ya estaba refugiada en el Tink cuando ocurrió, pero dice que se comieron sus gallinas, se llevaron sus tanques de gas. “No respetaron nada”.

Soledad Chumpik era la maestra de la escuela de Tsuntsuim. Pasaba de lunes a viernes en la comunidad y el fin de semana con su familia en Gualaquiza, una ciudad cercana. Chumpik no estuvo el día que todos los habitantes huyeron hasta el Tink, pero volvió a la comunidad dos días después. El distrito educativo le pidió que haga un informe sobre la situación de la escuela. Cuando llegó a Tsuntsuim, dice, estaba repleto de militares y policías. “Habían invadido las casas, la escuela, todo hecho desorden. En mi cuarto no estaba la comida que tenía, todo había sido utilizado por los policías, quienes ocupaban todavía mi habitación”. Esa noche, Chimpik durmió en Tsuntsuim, al día siguiente tomó fotografías de la escuela y escribió notas para el reporte que le habían pedido.

La profesora de la escuela Soledad Chumpik. / Foto: José María León

Una mañana de febrero, en 2019, en el corredor de la escuelita de Tsuntsuim que aún dirige, Chumpik dice que cumplió con la orden que le encomendaron. “No tenía miedo de estar ahí porque yo no tenía nada que ver”. Sin embargo, policías la detuvieron y la llevaron esposada a un retén del cantón San Juan Bosco, donde durmió una noche. “Al día siguiente me llevaron al hospital a hacerme chequeos, luego a la Unidad de Policía Comunitaria, luego a la Fiscalía”. El esposo de Chumpik se encargó del papeleo, de los abogados. Dice que en los interrogatorios le pedían que entregue la evidencia. “¿Yo qué evidencia les podía dar si no sabía nada?”

Chumpik estuvo acusada por el delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Mientras espera que los niños terminen una tarea antes de enviarlos de vacaciones por el fin de la primera mitad del año lectivo, recuerda cómo afectó a los niños la emboscada policial en la zona. Muchos quedaron traumatizados, asustados por los helicópteros, los disparos y por la huida en mitad de la noche, sin linternas, hacia el Tink.

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Un habitante de Tsuntsuim acepta que pase a su casa. Mientras sus cinco hijas de entre siete y dos años lo abrazan, lo observan y juegan a su lado, él dice que de su casa no quedó nada, que le rompieron todo y se llevaron su motosierra, que prefiere no darme su nombre ni seguir conversando porque “aquí todo el tiempo viene gente a preguntarnos cosas pero nadie ayuda”.

Según los habitantes de Tsuntsuim, antes de la invasión de policías y militares, nadie —salvo una que otra fundación u ONG— había llegado hasta allí. Trabajadores de la minera también han llegado hasta la comunidad, según los pobladores les han ofrecido gallinas, cuyes para las mujeres, cuadernos y lápices para los niños. Nada más.

Ningún político nacional ha pisado Tsuntsuim. Nunca. Durante campañas electorales, algunos candidatos a la junta parroquial o a prefectos de la provincia los han visitado. Pero sus visitas no se han transformado en obras concretas. Basta recorrer el fangoso e intransitable camino hasta allí para entender que atenderlos no es una prioridad.

Quizás la última vez que recibieron algo de atención fue durante la guerra con el Perú que terminó en 1998. El territorio disputado con el vecino está muy cerca de Tsuntsuim y durante el conflicto, los shuar fueron reclutados por el ejército. Después de la guerra, sin embargo, su apoyo y contribución no fue reconocida, según indígenas de la zona.

Después del conflicto en Nankints, dice el señor sin identificarse, muchos periodistas, ambientalistas y activistas sociales llegaron. “Pero aquí estamos dos años después, todo sigue igual, no nos hemos recuperado y a nadie le importa”.

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El desalojo de Nankints para instalar el campamento La Esperanza fue en 2016, pero el proyecto minero lleva más de 10 años. Ocupa casi 42 mil hectáreas —es tres veces más grande que Miami. Según un informe de la Fundación Tiam (que vela por los derechos humanos y de la naturaleza), cuatro poblaciones —Indanza, San Miguel de Conchay, San Carlos de Limón y San Jacinto de Wakambeis— están dentro de las áreas de concesión. Otras cuatro —San Antonio, Pan de Azúcar, San Juan Bosco y Santiago de Pananza—, en el área de influencia del proyecto. Son más de 12 mil personas las que serían afectadas; 5 mil de ellas, shuar.

En el 2012, la Contraloría General del Estado auditó aspectos ambientales a la gestión de los Ministerios de Ambiente, de Energía y Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas al proyecto minero Panantza-San Carlos. El informe concluyó que el proyecto tiene siete irregularidades porque los ministerios involucrados incumplieron legislaciones como el Mandato Minero o la Constitución de la República.

En concreto, según la Contraloría, el gobierno debió suspender el proyecto por razones como: la empresa Explorcobres S.A. superaba el número de concesiones permitidas según el mandato minero (se podían máximo 3 y tenían 4 vigentes y 7 suspendidas); está en un territorio con nacimientos y fuentes de agua; y porque el estudio de impacto ambiental que se hizo estaba “al margen de la legislación aplicable”.

El informe deja claro que en lo ambiental, social —e incluso económico—, el proyecto se había realizado con dudosos estándares.

Para febrero de 2019, Panantza-San Carlos estaba en etapa de exploración avanzada. Es decir, ya había hecho la etapa de prospección —para determinar si hay o no minerales en el suelo—, y la etapa de exploración —donde se abren trochas y se hacen perforaciones.

En el Ecuador existe solo un proyecto de minería a cielo abierto que ya empezó con la explotación y no está lejos de Panantza-San Carlos, en la misma Cordillera del Cóndor donde quedaba Nankints. Está concesionado a una empresa distinta, llamada Ecuacorriente S.A., pero que es en realidad una filial del mismo conglomerado chino: lo integran las empresas estatales Tongling Nonferrous Metals —dedicada a la minería metálica— y China Railway Construction Corporation (CRCC) —dedicada a la construcción de infraestructura. Al final, los dos proyectos pretenden explotar el mismo yacimiento, que se extiende debajo de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y se conoce como ‘el cinturón de cobre’.

Mirador ha llamado más la atención pública ecuatoriana por los ya visibles daños ambientales y a las comunidades aledañas. Pero se espera que Panantza-San Carlos lo doble en extensión y, por ende, en daños ambientales. No se ha hecho público quién escogió el nombre de La Esperanza para el campamento donde debe cumplirse semejante profecía, ni si sus motivaciones eran hijas del cinismo, el desprecio o la más abyecta arrogancia.

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