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Ronnel García Marulanda

@elmonologuista1

Como hemos visto en nuestra entrega anterior, parte del tramado político fundamental del chavismo giró en torno al acaparamiento del poder en las instituciones públicas. La separación de poderes, elemental en toda democracia, funcionaba como una ficción en la cual la oposición ocasionalmente tenía voz, pero nunca voto.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC)

El origen exacto del inicio de dicha estrategia se encuentra en la sentencia de 1998 de la Corte Suprema mediante la cual, por medio de un sufragio popular, pudo convocarse y elegirse una Asamblea Nacional Constituyente que facilitó a Chávez deshacerse del contrapoder de un Congreso entonces sin mayoría.

Ahora, el momento clave del desequilibrio estructural de las instituciones de Venezuela ocurrió gracias a la propia oposición cuando decidió abstenerse de participar en las elecciones legislativas de 2005, facilitándole a la coalición chavista ser elegida en todos los escaños de la Asamblea Nacional. La oposición nunca encontró medios para contrapesar dichas elecciones.

Sin ningún contrapeso institucional al que atenerse, el chavismo pudo fácilmente mantener en los 10 años posteriores la mayoría legislativa oficialista. No tuvo reparos en colocar a militantes activos del partido de gobierno en cada uno de los poderes públicos, incluido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder judicial que sustituyó a la Corte Suprema en 1999.

En todo el proceso de radicalización progresiva del chavismo, como fuerza hegemónica de la sociedad a partir de 2004, el poder contar con poderes sumisos a los intereses del Poder Ejecutivo facilitó la persecución, inhabilitación y apresamiento de varios de los principales actores políticos de oposición –casi siempre con un razonable velo de legalidad–.

Era tiempo del poder hegemónico. El carisma del Supremo líder, el incontestable apoyo popular y los recursos económicos cuasi infinitos para ganar lealtades políticas en el mundo entero, facilitaban no hacer algo más que mantener a la disidencia a raya.

La Asamblea Nacional (AN)

No obstante, la contundente victoria de la oposición en noviembre de 2015 rompió esa hegemonía. De repente la oposición tenía el poder institucional para sacar a los comilitantes de Maduro de sus cargos, revertir el entramado legal que los protegía y, por si fuera poco, contaban con el respaldo electoral necesario para sacar a Maduro del poder –siempre y cuando actuaran a su favor los mecanismos institucionales necesarios–. No era un simple interés partidista sino un urgente imperativo nacional.

La mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN) no fue electa por un simple viraje de las preferencias partidistas sino que fue consecuencia de una de las debacles económicas más terribles que se hubiera visto en Sudamérica.

El colapso de los precios del petróleo en 2014 destruyó las bases infraestructurales del modelo económico chavista. Y todas las políticas del gobierno para revertir la situación solo mostraron una incapacidad crónica para resolver la situación.

El autogolpe de Estado suave y continuado

Todo esto lo entendían los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al momento en que se dieron los resultados de las elecciones de 2015. Desde la primera hora, después de la proclamación de los nuevos diputados nacionales, pusieron manos a la obra para detener todas las iniciativas que desde el nuevo poder electo se vendrían. La clave estaba en fortalecer las bases de poder que conservaban y vaciar de poder a los recién llegados.

Para entender esta estrategia, comúnmente expresada por especialistas como “El autogolpe de Estado suave y continuado” tenemos que ver las fechas constitucionales:

• La elección de la AN fue un domingo 13 de noviembre de 2015.
• El periodo legislativo de esa nueva AN no comenzaría hasta el 5 de enero de 2016.
• 53 días fue lo que le bastó a la AN saliente, presidida despóticamente por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, para saltarse todas las prerrogativas constitucionales y nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Constitución de de Venezuela (CRBV) prevé protocolos extensos y complejos para designar a los nuevos magistrados del TSJ cuando los salientes concluyen su periodo constitucional. Cerca de la mitad de los entonces magistrados verían ese periodo terminado en la segunda mitad de 2016 y el proceso para seleccionarlos tardaría alrededor de medio año al cumplirse todos los requisitos de la CRBV, sin embargo, nada de esto impidió que la AN, presidida por Cabello, nombrara y juramentara, en el curso de su último mes de sesiones, a todos los nuevos magistrados, cuidadosamente seleccionados de entre los militantes leales al PSUV.

Ejemplo de ello fueron los entonces diputados Calixto Ortega y Christian Zerpa, que a pesar de ostentar un cargo político partidista vigente, eso no les impidió votar por sí mismos como nuevos magistrados del poder judicial. Mientras el primero era un líder connotado en la élite oficialista, al segundo lo podemos reconocer porque semanas antes de la redacción de este artículo se auto-exilió a EU, acusado por el hoy presidente del TSJ, Maikel Moreno, de delitos de acoso sexual y quien, desde su estancia como testigo protegido, habló de cómo desde el Palacio de Miraflores se dictan las instrucciones que los magistrados del TSJ deben tomar en todas sus actuaciones.

La clave del interés del chavismo en conservar su control sobre el poder judicial yace en una debilidad crucial de la Constitución de 1999: el Poder Judicial desde su instancia superior, la Sala Constitucional (SC), posee la capacidad de tomar decisiones plenas sobre todos los asuntos políticos del país sin ninguna clase de contrapeso.

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Así, a partir de las actuaciones del TSJ, la SC y, además, de la igualmente importante Sala Electoral (SE), es donde encontraremos cómo el chavismo no escatimó en esfuerzos para burlar a la voluntad popular.

Recién constituido el nuevo TSJ, a finales de diciembre de 2015 –pocos días después de que la nueva AN tomara posesión del parlamento–, el partido de gobierno interpuso ante la SE del TSJ demandas en contra de las elecciones legislativas en el Estado de Amazonas, el más remoto y despoblado de los 24 estados de Venezuela, y el segundo más pobre, en el cual la oposición consiguió una victoria contundente de 3 de los 4 diputados en juego.

La demanda se basaba en grabaciones donde, supuestamente, la asistente del Gobernador opositor del Estado ofrecía dinero para la compra de votos. Grabación ilegal al no contar con una orden judicial, y por tanto ineficaz jurídicamente como evidencia. Sin embargo, bastó para que la SE dictara como nula la elección parlamentaria de Amazonas.

Legalmente, una elección nula debe repetirse, pero esto no ocurrió en el caso de las elecciones de Amazonas, porque la intención del tribunal no era corregir ningún supuesto fraude electoral sino impedir la efectividad de dicha elección. A tres años de la demanda, el tribunal se la ha pasado, sin éxito, “buscando evidencias” del supuesto fraude electoral denunciado por el oficialismo. En ese ciclo, la decisión del tribunal fue que los 4 diputados no pudieran tomar posesión de sus escaños hasta que el caso fuera resuelto.

¿Pueden imaginar que el poder judicial de un país impida a todos los legisladores recién electos de una región administrativa entera tomar posesión de sus cargos indefinidamente?

Esto, claro, no fue una decisión aislada. La oposición había ganado 112 de los 167 escaños de la AN, una mayoría de 2/3 que constitucionalmente les permitía tomar toda decisión en los poderes constitucionales del poder legislativo: no solo aprobar leyes sin necesidad de debate con el oficialismo, sino adelantar toda clase de prerrogativas constitucionales que les facilitaran terminar con el gobierno de Maduro. Con los 4 diputados amazonenses incapacitados para votar en el parlamento tal poder quedaba truncado.

Esto no impidió que los diputados amazonenses hicieran el intento de ejercer sus funciones legislativas en virtud del mandato popular que los respaldaba, desafiando la orden del TSJ. La respuesta de Tribunal fue que, mientras los diputados amazonenses ocuparan sus curules, las decisiones de la AN, fueran cuales fueran, serían declaradas por anticipado por el TSJ como inconstitucionales, en virtud de encontrarse en “desacato” al poder judicial.

Aunque al poco tiempo los diputados de Amazonas se retiraron voluntariamente de sus funciones en todo el curso del 2016, cada ley aprobada, cada decisión política, cada declaratoria vinculante del Poder Legislativo fue impedido por el Poder Judicial.

Nuevamente, quien lea puede imaginar lo insólito de la situación: la mayoría contundente de la población vota a un nuevo parlamento y antes de desintegrarse el anterior, éste traspasa sus poderes a un tribunal destinado a impedir que ninguna decisión del nuevo parlamento tenga lugar, haciendo que el país funcione como si el Poder Legislativo no existiera.

El empeño poco velado del Poder Judicial en concederle poder ilimitado al Poder Ejecutivo y despojar del suyo al Poder Legislativo rompió con la voluntad de cooperación de la AN.

Los diputados amazonenses volvieron a incorporarse al hemiciclo a mediados de 2016, desencadenando otra vez la declaratoria de inconstitucionalidad anticipada de todos los actuares del parlamento, sin que hicieran falta condenas específicas a cada decisión legislativa por separado, por lo que la bancada de la oposición optó por volver a desincorporarlos.

Esto no bastó al TSJ, que ordenó a los diputados presentarse ante el tribunal para oficializar su permanente desincorporación al hemiciclo. El parlamento nunca respondió a esta petición y ello fue suficiente para que el Tribunal determinara que el estado de “desacato” del parlamento no había terminado ni terminaría hasta que el parlamento cumpliera esta formalidad. Desde ese momento el TSJ ya no ha tenido que seguir dictando sentencias para quitarle una a una sus funciones al parlamento.

Para una población desesperada por ver un cambio de gobierno que consiguiera parar la indetenible debacle económica, haber ganado un poder sin poder alguno resultó un logro tornado en burla cínica.

El Referéndum Revocatorio

Pero existía una vía de escape.

La CRBV prevé un mecanismo mediante el cual, a través de una consulta electoral, la población puede remover de su mandato al Presidente después de haber pasado la primera mitad de su mandato: el Referéndum Revocatorio.

Las muchas regulaciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con anuencia de la SE para dificultar la convocatoria del revocatorio fueron asfixiantes.

Para interponer ante el Consejo la solicitud de convocatoria del revocatorio los ciudadanos pasaron días enteros de espera. Y aun así, el Consejo desconoció un número significativo de las firmas de solicitud, ordenando que se ratificara la validez de otras más en un engorroso proceso diseñado específicamente para que la aprobación del referéndum no tuviera lugar.

No obstante, la ciudadanía aprobó la primera fase de la convocatoria del Referéndum. La alerta volvió al gobierno y nuevamente recurrió a los tribunales, esta vez, regionales, argumentando que las firmas desconocidas por el CNE evidenciaban irregularidades en la solicitud del revocatorio. Por otro lado, cinco gobernadores del partido del gobierno solicitaron a cinco jueces regionales de sus respectivos estados que anularan el proceso, interrumpiendo irremediablemente la convocatoria.

Antes de adivinar la sentencia de los tribunales regionales, vale la pena que nuevamente el lector reflexione la situación. Si cinco tribunales regionales, teóricamente independientes entre sí, recibieran a la vez la misma demanda, ¿tomarían todos el mismo día la misma decisión? Con esta comparación el lector puede darse cuenta de la transparencia e independencia de la justicia venezolana respecto a los intereses políticos del Poder Ejecutivo.

La burla excedió la paciencia de los ciudadanos quienes, desprovistos de las vías institucionales para revertir las políticas económicas del gobierno nacional, desataron una nueva serie de protestas nacionales dirigidas por los líderes opositores con representación en el parlamento.

En esa segunda mitad de 2016, era mucha la tensión ante el nivel de descontento expresado en las calles contra la amenaza del uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del gobierno, que ya habían probado su letalidad en 2014. A los líderes de la oposición la presión los venció para detener las convocatorias de protestas y acudir a mesas de negociación para conseguir que el gobierno terminara con el desconocimiento del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, pero cometieron un error del que no pudieron recuperarse por casi 2 años pues, sin la presión de las protestas para negociar con el Gobierno, éste simplemente no tuvo interés alguno en hacerles ninguna concesión. Las negociaciones acabaron sin resultados.

Llegó 2017, el revocatorio ya no era posible mediante la legislación vigente y todavía la AN estaba incapacitada para tomar decisiones que revirtieran la situación.

Seguros de que ya no tenían nada qué temer más que zanjar definitivamente la situación, el TSJ dictó que, a falta de resolver el “desacato”, asumiría las funciones del Poder Legislativo. Una medida predecible que excedía la paciencia de la comunidad democrática internacional, que no vio con buenos ojos que pública y explícitamente el Poder Judicial se atribuyera las funciones del Poder Legislativo; e incluso, muchos de los aliados internacionales del chavismo presionaron para revertir la decisión, que amenazaba con bloquear muchos de los acuerdos económicos sobre los que el país precariamente se sostenía.

Las oleadas de descontento en las calles

Eventualmente, el TSJ acabó renunciando a cualquier amague de independencia política que pudiera quedarle y revocó su propia sentencia admitiendo, por primera vez, que había excedido sus ilimitadas facultades constitucionales; pero el daño estaba hecho. La sentencia condenatoria al poder electo por los ciudadanos, sumada a la fuerte reacción internacional, motivó a los ciudadanos a volver a salir a protestar por 4º año consecutivo. Abril fue el mes en que las bases de la oposición, en buena medida desconectada de sus dirigentes –que sin embargo se sumaron a las manifestaciones–, salieron en grandes oleadas a enfrentar al poder del Gobierno. Muchos de los que en ella participamos no nos imaginábamos, ni siquiera por las experiencias pasadas, la magnitud de la movilización que comenzó en aquel abril de 2017.

Era tal la multitud en las movilizaciones que ésta no podría haber sido contenida ni siquiera por el ejército. En buena medida esa fue la impresión que los mismos manifestantes opositores tuvimos al comenzar el fenómeno.

Pero las fuerzas del Gobierno estaban decididas a someternos bajo todos los medios que disponía. La de 2017 fue, de nuevo, una represión inmisericorde: más de un centenar y medio de muertos y heridos. El ataque de material “no-letal” antidisturbios aplacó a buena parte de los manifestantes y radicalizó al resto hasta dejar las calles del país constantemente sitiadas.  

Ya en 2014 se podía documentar la brutalidad de las fuerzas antidisturbios con fallecimientos como los de Geraldine Moreno de 23 años, (estudiante universitaria que  protestaba contra la represión ejercida sobre todo por los grupos civiles armados de adeptos al chavismo, usualmente vinculados a la delincuencia) y el de Génesis Carmona de 22 años (asesinato que Maduro atribuyó públicamente a los mismos protestantes con quienes marchaba). Génesis fue asesinada por un disparo de perdigones (material antidisturbios) en el rostro por parte de la Guardia Nacional (GNB).

Ellas dos fueron dos de las víctimas más representativas de aquel año. Ya en 2017 los colectivos y la GNB junto con varios cuerpos regionales de policía tenían atribuidos una decena y media de nuevos asesinatos de manifestantes (principalmente con armas de fuego) cuando tuvo lugar el asesinato del protestante Juan Pernalete, de 20 años.

Los testigos dijeron que su muerte fue a causa de una lesión mortal provocada por el disparo a quemarropa de una cápsula de gas lacrimógeno por parte de la GNB que impactó con su pecho.

El gobierno volvió a declarar esto con un hecho falso y aseguró que la causa de la muerte había sido un disparo de revólver por parte de la misma oposición, pero la Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega Díaz, firme aliada del chavismo, acabó corroborando la versión del gas lacrimógeno. Fue una declaratoria de divorcio entre la funcionaria y Maduro.

Este pudo ser el momento en que ya no parecía sostenible la fachada de que el chavismo era un gobierno democrático, pero para el mismo gobierno de Maduro no fue difícil usar imágenes de las confrontaciones entre civiles desarmados con implementos de lucha improvisados y las fuerzas del ejército, como justificación de que enfrentaban lo que definió como una “oleada terrorista”. Contra la rebelión no había contemplaciones.

La nueva Asamblea Nacional Constituyente

Con la situación fuera de sus manos, Maduro hizo su gran apuesta para garantizarse, ahora sí, la capacidad de acción jurídica sin límites, como si con su tribunal leal no le bastara. Junto con la anuencia que le permitía actuar por encima de la Constitución y de la soberanía de la población, a mediados de 2017 –mientras se vivía el momento más efervescente e inestable de la historia política reciente del país– Maduro sorprendió al país al anunciar que usaría su prerrogativa presidencial para lanzar la convocatoria de un poder por encima de la Constitución que se ocuparía de reemplazar a la desafiante y disfuncional Asamblea: una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Según su discurso, la nueva ANC sería la solución a todos los problemas de Venezuela y le concedería al chavismo el poder que necesitaba para “imponer la paz” –dígase, subyugar las protestas– y, por supuesto, “vencer” a la “guerra económica” –dígase, otra vez, poner fin a la inacabable y peor crisis económica–.

No hacía falta entender demasiado de teoría constitucional para adivinar de inmediato a dónde giraban sus verdaderas intenciones. Ya en 2007 Chávez había intentado un electoralmente rechazado proyecto de reforma constitucional que implicaba reescribir la misma constitución redactada por el chavismo y que, en general, es percibida por los expertos en derecho como una relativamente buena constitución democrática y liberal –en comparación a la anterior que regresaba al país a un Estado soviético a imagen y semejanza del antiguo bloque oriental de la Guerra Fría–.

Ahora, había que esperar un proyecto similar, pero enormemente más radical, que suprimiera todo espacio liberal o democrático de separación de poderes –como el propio del que se había valido la oposición– para arrebatarle al chavismo, con sus propias reglas y en su propio juego, el Poder Legislativo.

Así, existía una esperanza para la oposición, luego de que la tomaran totalmente por sorpresa y sin ninguna contramedida viable: el antecedente de la ANC. La ANC tenía que ser convocada por un referéndum universal, el cual, además de aprobar su convocatoria, tenía también que aprobar la propuesta de sistema electoral con el cual fuera electa a posteriori la misma ANC. En otras palabras, la oposición contaba con que, quisiera o no el chavismo, tendría que consultar a una población –evidentemente descontenta– si deseaba o no una nueva ANC que dictara una nueva constitución y bajo qué reglas lo haría.

A estas alturas podemos adivinar que el chavismo no le hizo esto tan fácil a la oposición. El siguiente punto decisivo a entender lo hallaremos en un muy ambiguo tecnicismo legal: la misma prerrogativa constitucional sobre la convocatoria de la ANC.

La convocatoria de la nueva ANC

La Constitución Venezolana de 1999 permite convocar una ANC que redacte una nueva constitución que la reemplace mediante una “convocatoria del poder originario depositado en el pueblo” (art 347). Y la iniciativa para convocar a esa constituyente recae, entre otros, en el Poder Ejecutivo (art 348). ¿Qué quiere decir esto? Pues de acuerdo a expertos constitucionalistas, no es lo mismo “iniciativa de convocatoria” que “convocatoria”. El Presidente de Venezuela posee la iniciativa para convocar, pero la convocatoria es un poder que reside en el pueblo, pues la soberanía del Estado en el pueblo es “intransferible” (Art 5). En otras palabras, el poder del presidente, según ésta interpretación, es solicitar un referéndum que consulte a los ciudadanos si desean tener una ANC.

Obviamente esta no fue la interpretación dada por el chavismo, para quienes era “evidente” que no había diferencia alguna entre la “convocatoria” y la “iniciativa de convocatoria”. Según la lógica del chavismo, que en 1998 hubiera hecho falta hacer un referéndum, dado que la ANC no estaba prevista en la constitución, no hacía necesario convocar un nuevo referéndum porque en la nueva constitución sí estaba prevista la iniciativa de convocar a esta institución en manos del presidente.

No creo necesario aclarar a qué interpretación se apegó el TSJ. Entonces, ¿qué creería cada uno si en su país el gobernante de turno tuviera el poder de ordenar la reforma de todos los poderes públicos y de todas las leyes fundamentales para el funcionamiento del país sin que los ciudadanos tuvieran ningún medio de contrapeso para impedirlo? Aún más, imaginemos el mismo escenario sabiendo que el nuevo poder del gobernante del país sería para actuar en todo escenario posible una vez conformado sin contrapesos legales de ninguna índole.

Y si esto parece abusivo, hay más. La falta de una consulta para la convocatoria no fue la única irregularidad en Venezuela. Maduro, en su posición de presidente, no solo se apropió de la soberanía popular para dictar que el país tuviera una ANC, sino que, igualmente, dictó a cuenta propia, y sin que mediara ninguna consulta para ello, el sistema electoral mediante el cual serían “electos” los miembros de la constituyente. Así, este cuerpo electo no tendría necesidad alguna de someterse al reglamento electoral con el cual la oposición –año y medio antes– había conquistado dos terceras partes del parlamento nacional, sino que usarían un nuevo sistema dictado a puño y letra por Maduro.

¿En qué consistía ese sistema electoral? En primer lugar, la ANC de más de 500 miembros (compárese con los menos de 170 de la AN) serían dos tercios electos por cada municipio (ciudad) del país. Esto significaba que una ciudad de 2 millones de habitantes como Maracaibo gozaría del mismo poder de decisión (1 constituyentista) que una ciudad de cien mil habitantes como Tucupita. Y si esto no es suficiente para que se capte la inequidad del sistema, preste atención a la medida para elegir al otro tercio de la ANC: el voto sectorizado.

¿En qué consistía el voto sectorizado? Pues en que un número determinado de los escaños que estarían en juego estarían clasificados por “sectores”. Una especie de análogo feudal de la teoría marxista de la división de la sociedad en clases sociales.

Un número de escaños estuvo destinado a un “sector” compuesto por estudiantes. Solo candidatos determinados como “estudiantes”, por el Poder Electoral, podían nominarse a esos escaños, y SOLO serían votados por quienes este mismo poder habilitara para ello. Aquellos en todo el país que tenían derecho a votar por el constituyente de su respectivo municipio podían, además, votar por la lista nacional de constituyentes en el sector que les correspondía. Un “sector” para los campesinos, otro para los discapacitados, otro para los empresarios (con muchos menos escaños que el resto de los “sectores”, obviamente), otro para los trabajadores de los planes sociales del gobierno (compuestos exclusivamente por trabajadores públicos contratados en función de su fidelidad al partido del gobierno), entre varios otros.

En la práctica lo que esto significaba era que un número arbitrario de los ciudadanos del país poseían el poder de 2 votos, y otros no.

¿Por qué arbitrario? Pues se puede identificar en ello 2 factores. Primero, al momento de convocar a la ANC en su discurso del 18 de mayo, Maduro ordenó que la misma fuera electa alrededor de 40 días después, específicamente un 30 de julio. Es decir, Maduro les daba a los venezolanos un mes para acoplarse a un sistema de votación nunca usado –de hecho incompatible– en la tradición de elecciones parlamentarias libres y justas. Y por otro lado, y en consecuencia de lo anterior, NADIE fue consultado con respecto a qué “sector” pertenecía o tenía voluntad de pertenecer.

¿Qué clase de elección es esa donde algunos pueden votar más veces que otros en virtud de una condición social por la cual no puede ser previamente consultados? Asumiendo que la idea de los sectores sea atractiva ¿estaría satisfecho de saber que no puede formar parte del “sector” al que se sintiera pertenecedor?

Todo esto ilustra el significado que para los venezolanos tuvo esta iniciativa del chavismo, y la respuesta de la mayoría de los ciudadanos y de la dirigencia opositora en específico respecto a la convocatoria: Participar de ninguna manera.

El fin de las opciones para la oposición

La oposición no se molestó en proponer candidatos para la ANC –con los mismos números con los que ganó la AN igual hubiera perdido–, en su lugar optó por denunciarla como el organismo ilegítimo que era. Durante el mes que duró la convocatoria de la ANC (el último de los 4 meses de protestas ininterrumpidas que hubiera en 2017) llamaron a sus seguidores para que no participaran en las elecciones montadas por Maduro a su medida.

Sin candidatos de oposición el resultado fue evidente. El 100% de los constituyentistas “electos” el 30 de julio fueron todos del partido del gobierno. Pero este no fue el único dato relevante resultante en esa “elección”: al no haber participación de la oposición tampoco había observadores de sus partidos en el conteo de votos, por lo que no hubo contrapeso que certificara el total de participación.

Esto fue importante porque la oposición apostó a la abstención como fuente de deslegitimación de la ANC de Maduro.

El CNE, ante la percibida “amenaza” de que los manifestantes de la oposición “atacaran” los centros de votación tradicionales, los concentró en un único gran centro de votación en un estadio nacional del centro de Caracas. Desde ahí los partidarios del chavismo de toda la capital podían aglomerarse para darle a los medios de comunicación –dominados por el chavismo– las imágenes de una “enorme” participación ciudadana que legitimara su ANC; mientras que en las calles del resto del país las encuestadoras privadas percibieron una abstención sin precedentes.

La población votante en Venezuela es de 19 millones. Según el chavismo, ocho millones «votaron» por la ANC, que recordemos sólo contaba con candidatos chavistas, pero la empresa que le suministraba al chavismo sus máquinas de votación electrónica desde 2004 (y que obviamente siempre defendieron que sus datos de votación eran imposibles de manipular), admitieron al día siguiente que las cifras de participación fueron abultadas y que ellos mismos no sabían decir la cifra real. Mientras que las encuestadoras tradicionales estimaron la participación en un margen de tres a cuatro millones de votantes.

Con puros candidatos del chavismo se da por sentado que sólo militantes activos del chavismo participaron en la legitimación de la ANC, no convocada por el pueblo. Pero sin nadie con la capacidad de refutar sus números, el CNE servil a Maduro pudo dar la cifra abultada de 8 millones de votos en participación, y por defecto de adhesión a los candidatos maduristas. Un número extraordinario e increíble –pues significaba un “crecimiento” de 2.5 millones de votos a favor de Maduro desde 2015, y un número de votos superior a los que en 2015 consiguiera la bancada legislativa de la oposición–; tanto que sigue sin ser creído por los que adversan al gobierno y por buena parte de quienes una vez lo respaldaron, ya que para ese momento, el Gobierno no había detenido los tres años continuos de devastadora recesión. Ni ellos ni la propia empresa privada que suministró los sistemas de votación creían semejante cifra, quienes denunciaron que el número de participación había sido abultado por el CNE.

“La conquista de la paz”

Nada de esto hizo realmente mella en la percepción de la población. Al día siguiente de la “elección” las calles del país estaban vacías. El golpe moral que significó para los opositores de a pie ver consumado el fraude colosal fue contundente. El agotamiento de 4 meses continuos de brutal represión de repente se sintió de lleno. Las protestas del 2017 sencillamente cesaron de súbito en el mismo momento en que la ANC fue finalmente “electa”, dándole la aparente razón al gobierno de que convocarla les había hecho “conquistar la paz”. La victoria moral para el chavismo era absoluta. Habían “recuperado” su votación histórica (según ellos) y en algún momento llegaron a decir que esto había sido consecuencia del “voto castigo” de la ciudadanía en contra de la oposición; castigados por las protestas que habían lanzado contra el gobierno.

De ahí en adelante la ANC se instaló sin oposición alguna y comenzó a actuar desde ese mismo momento como lo que siempre se había planificado que fuera: una extensión no-debatiente de toda decisión que desde el partido de gobierno se quisiera para el acontecer nacional.

Esto se manifestó desde su primera sesión, pues no les tomó a sus integrantes ni siquiera ser juramentados para declarar sin necesidad de debate o protocolos, destituir de su cargo a la Fiscal General de la República, recalcitrante agente del chavismo por bastante años; responsable de llevar a prisión a decenas de líderes opositores pero que, inesperadamente, para absolutamente todos, en el curso de los asesinatos a manifestantes de las protestas de ese 2017 había virado su postura a ser una aguerrida critica al gobierno de Maduro.

Así, la ANC ha actuado siempre de manera monolítica, y sin debate que medie ninguna de sus actuaciones para ser el órgano que ejecute toda decisión que se tome desde el Ejecutivo Nacional. Cancelando, aplazando o adelantando elecciones a pleno gusto del partido, en virtud de medir el momento conveniente para ellos para realizarlas; ayudados por el desasosiego de la sociedad a la imposición sin límites de la voluntad de la élite chavista sobre el país como una propiedad privada. Y, por supuesto, apoderándose de todas las funciones legislativas de la AN que siguió funcionando hasta el pasado 5 de enero como poco más que un teatro desde el cual, desprovistos de toda función, los diputados de la oposición (la bancada oficialista ya ni siquiera ve la necesidad de participar en los debates de la AN) se dedicaban a poco más que enfrentarse unos a otros.

Todo lo que restó del 2017, y prácticamente todo el curso del 2018, mediante el actuar “plenipotenciario” de la ANC, el chavismo actuó sin oposición en todo cuanto se propusiera, como una suerte de dictadura parlamentaria ordenada desde la presidencia.

La mejor evidencia de su deficiencia se encuentra en la que debería haber sido la primera y, de hecho, verdadera función de una ANC: redactar una constitución. A la fecha, a casi 2 años de la conformación de la Asamblea, sus miembros han admitido que no han discutido tan siquiera un solo artículo de la constitución que se supone estaban llamados a redactar.

¿Hace falta una nueva constitución? Al existir la ANC, el chavismo en realidad no necesita redactar ninguna constitución a la medida pues la Asamblea ya es todo el poder que necesita para que la actual constitución no tenga vigencia.

El lector ya puede entender el contexto en el cual tuvo lugar el evento sobre el actual conflicto político en Venezuela: la Elección Presidencial convocada por la ANC en mayo de 2018.

En la siguiente parte abordaremos este evento y los muchos factores del sistema electoral venezolano que, por un lado, nos facilitarán deducir qué tan libres son realmente las elecciones en Venezuela, y de ahí, qué se necesita para que el país vuelva a confiar en las elecciones.

Sí, amigo lector, cuando se trata de Venezuela la controversia parece nunca acabar. Para mal de nosotros.