Puebla ya no puede ocultar a sus desaparecidos

Puebla ya no puede ocultar a sus desaparecidos

Foto: Aranzazú Ayala
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Aurelio Alfonso Solís Castañeda tenía 20 años el 8 de septiembre de 2016, cuando salió al centro de Xicotepec, donde vivía, a comprar unas cosas con su amiga África Quiroga Castro. Pero ninguno de los dos regresó. A los pocos días, su familia se enteró que habían desaparecido junto con su maestro Roberto Hernández Sánchez, de 29 años.

Dos años y medio después no hay ninguna pista de los tres y para Patricia Solís, hermana de Aurelio, no es fácil seguir con la investigación porque tiene que trasladarse más de tres horas desde Xicotepec de Juárez hasta Puebla capital para insistir a la Fiscalía que busque a su hermano. A pesar de esto, el miércoles 27 de febrero Patricia está en uno de los salones de la planta alta de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, junto con familiares de al menos otras 9 personas desaparecidas de diferentes municipios.

Todos tienen algo en común: llevan fotos, hojas y pancartas con un rostro, una fecha, un teléfono y una petición: “Ayúdame a regresar a casa”. “Te estamos buscando”.

Los familiares de personas desaparecidas acudieron al foro “Rumbo a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Puebla”, este pasado 27 de febrero, convocados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del gobierno del estado. El evento se dio como un primer paso para, por fin, instalar la Comisión Estatal de Búsqueda que lleva cerca de un año de atraso.

La mayoría de los familiares era integrante del colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, que apenas va a cumplir un año de existencia. La organización se articuló obligada por la falta de atención de las autoridades y por el nulo seguimiento a los casos. Todos los familiares comparten el mismo camino que han denunciado sin parar: se convierten ellos mismos en ministerios públicos e investigadores y tienen que hacer el trabajo que le tocaría a la Fiscalía.

En este contexto, Puebla tampoco tiene una Comisión Estatal de Búsqueda –que debería estar ya instalada junto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas–, y hace falta el pleno funcionamiento de una Fiscalía especializada en atender la desaparición de personas.

Ante la falta de apoyos, las familias tienen que organizarse para investigar y dar seguimiento a sus casos; tarea que es mucho más difícil para quienes viven lejos de la capital.

Ese es el caso de Gloria Elena Camarillo Viveros, cuya hermana, Olivia Cristina, lleva alrededor de tres años desaparecida.

Olivia Cristina Camarillo tiene tres niñas. La menor tenía cinco años cuando su madre desapareció el 16 de agosto de 2016 en Tehuacán, cuando salió por trabajo. Gloria cuenta que su hermana era cobradora en una financiadora. Ese día estaba cocinando con su hija cuando recibió una llamada; apagó la estufa y le dijo a la niña que no tardaba, que una persona que buscaba en la mañana le había hablado y que iba a salir por trabajo. Nunca regresó.

La familia de Olivia tiene que viajar, al menos dos horas de ida y dos más de regreso para ir hasta las instalaciones de la FGE y asegurarse de que las investigaciones avancen. Gloria denunció que en una ocasión tras entregarle al agente encargado del caso unas fotos de las cámaras de seguridad del trayecto por donde pasó su hermana, semanas después fue a verlo y las fotografías seguían guardadas en su escritorio: las cámaras no fueron revisadas, ninguna orden fue girada. Aunque Gloria y su familia le dieron pistas a la FGE, aseguran que las autoridades nunca las investigaron y daban menos seguimiento si no iban a Puebla a insistir en los avances.

Rosario Arrambide, encargada del área de Orientación Jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dijo que Puebla pasó “desapercibida” a nivel nacional por el ocultamiento que se le dio al tema de desaparecidos. Pero hoy en día, siendo una de las entidades con más personas sin localizar, el fenómeno ya no puede ser ignorado por el Estado.

Foto: Aranzazú Ayala
La deuda del Estado

Rosario Arrambide dijo que existe una urgencia de crear tanto la Comisión de Búsqueda como la de Atención a Víctimas, ésta última pendiente desde 2015. Lo que habla de una falta de articulación no sólo en la búsqueda de vida, sino en la atención a las víctimas indirectas, los familiares.

La Responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del IDHIE denunció en entrevista para LADO B que aunque existen leyes federales estas no se han operativizado a nivel local, por lo que sigue habiendo vacíos legales y de atención en los casos de desaparición.

“Son los familiares quienes impulsan la investigación”, reprochó la académica en coincidencia con las denuncias de los asistentes al foro. Cada familia ha tenido que hacer su propia investigación y búsqueda y, en algunas ocasiones, los Ministerios Públicos les han exigido avances sobre alguna pista.

Otra de las deficiencias es la carencia de datos reales y de una sistematización y homologación de cifras para conocer, verdaderamente, la magnitud del problema. A la fecha, los únicos datos disponibles públicamente y los que están más actualizados son los del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que dan cuenta, hasta abril del año pasado, de 2 mil 067 personas desaparecidas en toda la entidad, poniendo a Puebla como la 7a entidad a nivel nacional en desaparición de personas.

Para Arrambide hace falta también que la FGE sistematice los datos y haya claridad en los que existen. Por ejemplo, en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que desglosan a nivel municipio y mes con mes las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas, no se habla de la causa de la desaparición. Sólo se detalla el secuestro y después se juntan otros tipos de privación de la libertad, lo que evidencia, igualmente, que al momento de abrir las CDI no se ingresan por desaparición de personas.

Una de las preocupaciones de Rosario, y en general de los familiares de personas desaparecidas, es que el tema de impulsar la Comisión de Búsqueda y la de Atención a Víctimas no tenga continuidad en la siguiente administración estatal.

Ante ello, la académica de la Ibero dijo que es muy importante que la sociedad civil siga exigiendo mientras las autoridades no asuman sus obligaciones de investigar las causas de la desaparición y localizar a los ausentes: el Estado no puede garantizar justicia sin verdad.

Foto: Aranzazú Ayala

*Foto de portada tomada por Aranzazú Ayala

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