@DalhiaSouza

Luego de Colombia, México es el segundo país más letal en la región de las Américas y en el mundo, para ejercer la defensa del territorio, la tierra y el medio ambiente, así lo aseguró Rodrigo da Costa Sales integrante de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe sobre la Situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Año con año, desde el 2013, la organización publica un informe anual sobre el contexto de violencia y agresiones contra defensores del medio ambiente, este es el quinto. La labor de documentación incluye tanto los casos registrados por el CEMDA, como la sistematización de notas periodísticas; por lo que, advierten, las cifras que se presentan son apenas una muestra ejemplificativa y no absoluta del panorama violento que atenta contra la vida, integridad y dignidad de las personas defensoras.

Al respecto, consideran que la violencia no suele denunciarse o difundirse debido a que no existen condiciones y/o garantías de seguridad por parte de las autoridades, quienes frecuentemente estigmatizan, revictimizan y criminalizan a quienes deciden denunciar o hacer públicos sus casos.  A ello se suma, un entorno de normalización de la violencia y miedo por parte de los defensores y defensoras.

El informe advierte que, del año 2010 a diciembre de 2018, se perpetraron 440 ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente, organizaciones y comunidades; de éstos, 49 se cometieron durante el 2018 y en el 89% de los casos atentaron de manera directa contra las y los activistas.

A decir del CEMDA, la tendencia letal de ataques contra defensoras y defensores del medio ambiente  se ha mantenido. Durante el año 2018 se registraron 21 asesinatos, apenas ocho casos menos que en 2017 cuando se documentaron 29 muertes violentas.

Destacan en el documento el asesinato de Julián Carrillo, indígena rarámuri de la Sierra Tarahumara, quien llevaba una batalla jurídica contra el Tribunal Unitario Agrario para defender su territorio de la explotación de recursos a través de la minería y la siembra de amapola.

El caso más cercano a Jalisco ocurrió en el estado de Michoacán, y se trató del feminicidio de Guadalupe Campanur,  fundadora y participante de la creación de las Rondas Comunitarias en Cherán.

Se documentó además, que estos 49 ataques fueron perpetrados en 17 de las 32 entidades del país. Los primeros puestos se los llevan: Puebla con ocho casos, Oaxaca y Chihuahua con seis cada uno. Los tres estados enfrentan un contexto de violencia generalizado, producto de la presencia del crimen organizado en el territorio, así como, por la instalación de megaproyectos.

A ellos, le siguen: Guerrero y el Estado de México con cuatro ataques; y Jalisco y Baja California con tres.

Según precisó Alejandra Leyva Hernández integrante del CEMDA, en algunos de los casos documentados de asesinato, los defensores contaban con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Si bien, señaló que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente en el tema de la lucha por el medio ambiente, aún no ha desarrollado una política pública integral que atienda con perspectiva estos casos.

A propósito, Ricardo Cancela Neves de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presente en el evento, dijo que el mecanismo no es suficiente para enfrentar esta problemática que recrudece constantemente con el incremento de la violencia. Manifestó además, que estarán participando en la evaluación del mecanismo.

Lo anterior, respecto al anunció que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer durante la conferencia mañanera de este lunes 25 de marzo, donde reconoció que dicho mecanismo tiene problemas sustanciales en materia de burocracia, presupuesto, enfoque y aplicación.

Las principales agresiones

El CEMDA, documentó que la principal agresión en contra de las y los defensores es el homicidio, concentrando 25% del total de los ataques registrados en 2018, según el informe, previo al asesinato de la persona existieron actos de criminalización, agresiones físicas y amenazas.

La segunda agresión más frecuente es la criminalización 19% (12 casos); agresiones físicas y amenazas 17% (11 casos) respectivamente; intimidación 11% (siete casos); hostigamiento 6% (cuatro casos). En el 3% de los casos se registró la privación ilegal de la libertad de la persona defensora del medio ambiente.

Los agresores

Es el Estado mexicano uno de los principales agresores con 19 casos documentados (36%), se sabe que en cinco de estos ataques participó más de una autoridad. En su mayoría se trata de autoridades estatales 54%, le siguen las autoridades municipales 25% y con el 21% las autoridades federales.

Otro agresor frecuente son las empresas, quienes concentran el 8% de los casos, al igual que las personas provenientes –presuntamente- de la comunidad. En el mismo sentido, el crimen organizado y personas identificadas como “particulares” integran el 12% de las agresiones. Para la organización, resulta alarmante que en el 36% de los actos de violencia perpetrados, se desconoce o no se identifica al actor que cometió los ataques.

¿Quiénes son las víctimas?

Los ataques durante 2018 fueron perpetrados en contra de 118 personas físicas (89% de los casos); 11 comunidades (8%); y cuatro organizaciones de la sociedad civil (3%).

Sólo en 82 de los atentados directos, pudo identificarse si la persona víctima era hombre o mujer, dando como resultado: 64 agresiones contra hombres y 18 contra mujeres. Sobre éstas últimas, refiere el informe:

 “el ataque no es visibilizado, ésta no se relaciona con su labor como defensora sino que se vincula, ya sea con su vida privada o bien, con la situación de violencia generalizada que sufren las mujeres”.

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