Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El lema de la Universidad Iberoamericana, La verdad nos hará libres, tiene que ver actualmente también con una construcción de ciudadanía participativa que va más allá del voto porque también pregunta, vigila y evalúa.

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó Cuauhtémoc Cruz Isidoro, responsable de comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) durante el Foro “Memoria y Verdad: derecho a la información y construcción de paz”, realizado en la Ibero Puebla el pasado 28 de marzo.

Cuauhtémoc Cruz habló de la importancia del papel de la universidad en la conformación de una ciudadanía que busque la verdad porque esta empodera, y por eso muchos políticos se empeñan en esconderla, actuando como si entregar información pública fuera una concesión que se le hace a los ciudadanos cuando es un derecho.

“El ocultamiento de la información y la opacidad provocan que seamos víctimas; la opacidad nos vuelve esclavos”, dijo Cruz. Al preguntar al salón repleto cuántas personas conocían la Plataforma Nacional de Transparencia apenas la mitad de las manos se levantaron. Cuando quiso saber cuántos habían hecho alguna vez una solicitud las manos eran todavía menos, y al preguntar quiénes habían ingresado una solicitud de acceso a la información los últimos cien días, las manos no fueron ni una decena.

De acuerdo con un censo del INEGI y el INAI realizado en 2016, la población de 18 años o más –que llegaba a cerca de 46 millones de personas ese año– apenas el 5.6% había realizado una solicitud de información. Y en ese pequeño porcentaje entran académicos, periodistas y activistas, los mismos de siempre, dijo y denunció que a veces se hacen “listas” de quienes más solicitudes ingresan, ya sea para otorgarles la información o para buscar la forma de negarla sistemáticamente.

Ahí el académico abrió la discusión sobre que en México sigue existiendo una cultura donde los funcionarios públicos consideran que la información que está en su posesión les pertenece, no es de interés público. Esto está tremendamente ejemplificado en casos donde funcionarios se han reunido con los órganos garantes de transparencia para generar estrategias para que los ciudadanos no accedan a la información. “Todavía hay una política, sobre todo a nivel local, de contubernio entre gobierno y órganos garantes. Porque poseer la verdad empodera”.

Foto: Marlene Martínez

En su opinión, lo que nos llevará a una verdadera transformación y cambio político son la investigación y la incidencia. Y mientras no construyamos una ciudadanía responsable que no se limite al voto, mientras no entendamos que es un derecho el estar preguntando y no una concesión del Estado, nada va a cambiar.

En el foro también se presentaron los proyectos «Memoria y Verdad» y «Archivos de la Represión«, de la organización Artículo 19, la presentación corrió a cargo de María de Vecchi Gerli; Aicela Fernández Zamora del Colectivo Eureka narró el caso de su hermano, Valentín Fernández Zamora, quien despareció en 1978. También habló de casos de diferentes personas que han desaparecido a mano del Estado. 

Foto: Marlene Martínez

Derecho a la verdad en el caso Chalcihuapan

Shanik David, coordinadora del Portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos de la Ibero Puebla, habló del proyecto de verdad del caso Chalchihuapan, que este 9 de julio cumple cinco años. Eso pasó apenas dos meses antes de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, pero del caso de Puebla poco se sabe e incluso a nivel local ha quedado en el olvido.

La iniciativa se inspiró en los proyectos realizados por Artículo 19, también compartidos durante el foro, que recuperan documentos históricos que dan respuestas sobre lo que ocurrió en casos de violaciones graves a Derechos Humanos como represión, asesinatos y desapariciones durante la Guerra Sucia, y los ponen a disposición del público en una plataforma.

Shanik David dijo que lo que pasó en Chalchihuapan salió de la agenda mediática pese a que al día de hoy no hay claridad sobre si se sancionó o no a los responsables, ni sobre si hay justicia. Y por eso el Observatorio de Transparencia emprendió una búsqueda de la verdad, que ha sido una tarea complicada por la opacidad de las autoridades, la ambigüedad de las respuestas y también la politización del propio caso.

En 2015 Shanik pidió vía transparencia el texto de la disculpa pública –evento a puerta cerrada– que ofreció el gobierno estatal a la señora Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, asesinado el 9 de julio durante el enfrentamiento por la autonomía de las juntas auxiliares. Pero la respuesta fue que el documento era información reservada.

El ejercicio logró reunir varias solicitudes hechas a lo largo de los últimos años, en una base de datos que incluye documentos del cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 de la CNDH sobre lo ocurrido en Chalchihuapan, el fideicomiso creado para la reparación del daño y la evidente cerrazón de las autoridades.

Shanik comentó que pese a que se supone que es un “caso cerrado” e incluso la CNDH dio por cumplida la recomendación, y los actores políticos involucrados ya no están en el gobierno del estado, sigue existiendo una tremenda opacidad a en torno al acceso a la justicia.