Patricia Mayorga

@pmayorga_o

[dropcap]L[/dropcap]a llegada de marzo atraviesa el alma. Llega con una embestida de recuerdos, de dolores y también de vida, de fortaleza para recordar que la exigencia de justicia no cesa ni cesará, para gritar que no nos conformamos con los “avances” que hay en el homicidio de Miroslava Breach Velducea. Que su muerte cala muy hondo y que la forma violenta en la que fue asesinada nos cambió la vida a muchas personas, dañó al gremio periodístico principalmente en Chihuahua, a ese que no se le ha valorado como víctima y si se le ha estigmatizado como victimario.

El 21 de febrero pasado, monitoreaba la rueda de prensa que dieron en la ciudad de Chihuahua, para dar a conocer el saldo de homicidios de personas defensoras de derechos humanos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. De pronto, apareció el nombre de MIROSLAVA (Breach) en una pantalla y mientras permaneció proyectada, escuché una serie de frases articuladas disparadas al aire como petardos dirigidos hacia algún blanco que no he logrado ubicar.

La forma en la que abordaron el caso de Miroslava Breach en esa presentación, parecía más una defensa escuálida del trabajo del gobierno estatal en la investigación del homicidio, ocurrido el 23 de marzo de 2017, hace casi dos años.

La misma defensa la escuché unos días antes, también vía virtual, en boca del gobernador Javier Corral Jurado. No me sorprendió, es político en el poder. Esa condición ayuda a entender desde hace tiempo en México, la absurda realidad que se vive en ese gran país.

En cada palabra, en cada frase utilizada en el espacio del homicidio de Miroslava -frente a activistas chihuahuenses y coahuilenses, y poquísima, poquísima prensa-, imaginaba sentada a Miroslava con su mascada al cuello, inquieta, pero con la templanza que la caracterizaba. Pensaba que en cualquier momento se levantaría para pedir la palabra ahí, en el espacio del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) al que acudió un sinnúmero de ocasiones para cubrir casos de violación de derechos humanos.

Estoy segura de que no se hubiera quedado callada al escuchar el hilo de “explicaciones”, de haber sido otro periodista u otra periodista de quien estaban hablando.

Gabino Gómez, cofundador del Cedehm, cerró su intervención en la rueda de prensa, con el caso de Miroslava:

«Para terminar, sólo quiero comentar uno de los casos que recoge aquí el informe. Es el caso de Miroslava, una amiga, una amiga cercana que nos dolió profundamente su asesinato, y que desde el día de su crimen estuvimos muy cerca de la investigación. Yo quiero manifestar algunas cuestiones muy generales».

Retomo la mayor parte de los fragmentos de ese tema abordado el 21 de febrero pasado, en la rueda de prensa, junto con mi opinión personal:

«Me consta que fue una gran, una muy importante investigación que se logró ubicar a los responsables, se logró ubicarlos a todos. El gobierno del estado, el gobernador particularmente le dijo al gobierno federal y concretamente al presidente Peña, en ese entonces, quién era el autor intelectual de Miroslava que era uno de los Salazar y que se encontraba en el área del triángulo dorado, en otro estado fuera de Chihuahua y se negó la colaboración del gobierno federal para atrapar y detener al autor intelectual de este asesinato de Miroslava».

Esa impresión tuvimos varios de nosotros en el gremio los primeros días del crimen, sobre todo por la contundencia con la que habló el gobernador desde el día del homicidio. Él dijo que no había duda de que se trataba de un caso de narcopolítica y que el trabajo de Miroslava así lo indicaba.

Me tocó reportear a distancia el momento en el que el gobernador le entregó un documento al expresidente Enrique Peña Nieto. En ese momento sólo supimos que se trababa de un documento y así se consignó en la nota de Proceso publicada el 17 de mayo de 2017. Los presuntos autores materiales también se refugiaban en Sonora, según se informó en varias ocasiones de manera extraoficial.

Sin embargo, el discurso del propio gobernador ha cambiado. Con la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa (presunto jefe de sicarios, a quien han llamado autor intelectual, desde el gobierno estatal); con el asesinato en Álamos, Sonora, de quien presuntamente disparó contra ella, Ramón Andrés Zavala Corral y con la identificación del presunto chofer en el que llegaron a matar a Miroslava, Jaciel Vega Villa, se ha informado a la ciudadanía que el caso está resuelto. En ningún momento, durante el lapso que tuvo el caso la Fiscalía General del Estado, dieron a conocer de manera oficial, que el autor intelectual se apellida Salazar. Los términos la autoría de Moreno Ochoa, han sido ambiguos.

Y es que si bien el detenido haya sido quien preparó u organizó a los presuntos sicarios, no se puede hablar de una autoría intelectual.

Sí, el grupo delictivo señalado en notas periodísticas de manera reiterada, es el del grupo delictivo llamado Los Salazar.

Pero el gran problema en este caso y en cientos más del país, no son los grupos delictivos per sé, sino la complicidad de muchos políticos en el poder que se enseñorean junto con el propio crimen organizado, con la impunidad como bandera. El índice de impunidad en homicidios contra periodistas es de más del 99 por ciento, no lo olvidemos jamás.

En ese sentido, creo que nos han quedado a deber varias respuestas y por supuesto, investigaciones:

• ¿Quién permitió que Juan Salazar Ochoa, integrante del grupo delictivo de Los Salazar o Los Salazares, fuera registrado como precandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas (y otros personajes a otras alcaldías, pero en este caso nos concentraremos en éste)?
• – ¿Quién ordenó cambiar de precandidato cuando se hizo pública su procedencia a través de reportajes periodísticos?
• ¿Cómo se ha elegido sistemática e históricamente a los alcaldes de Chínipas y otros municipios serranos en donde hay señalamientos concretos?, ¿no era ésta una oportunidad para investigar el caso en su verdadero contexto: la narco-política?
• Si se pone el foco justo en los responsables de la seguridad, de la política, de las elecciones, ¿no es más fácil resolver los casos sin necesidad de vender a la población el miedo y terror que paraliza ante un monstruo sin cabeza llamado crimen organizado como ente aislado de los gobiernos?

Este hecho se ha estado diciendo igualmente, que no se vinculó a los políticos ligados al gobierno. Efectivamente, lo conocimos y supimos de las llamadas telefónicas porque el Ministerio Público lo dio a conocer, dio a conocer públicamente en la audiencia las llamadas telefónicas, pero desgraciadamente una llamada telefónica no da suficiente para vincular a proceso a una persona, yo estoy seguro que, si hubiera dado, hubiera sido vinculada.

Hasta donde he leído y hasta donde yo misma he externado, el cuestionamiento sobre por lo menos tres panistas señalados en la audiencia de vinculación de Moreno Ochoa y las audiencias posteriores, son porque solicitaron, ordenaron o grabaron llamadas telefónicas para deslindar al ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, como responsable de “filtrar” información sobre la pertenencia de Juan Salazar Ochoa al grupo delictivo que controla la región.

Recordemos: el año 2016 hubo elecciones de gobernador y de 67 alcaldes en la entidad, entre otros cargos. Al darse a conocer los hombres de determinados precandidatos familiares de líderes delincuenciales en marzo de ese año, el PRI cambió por lo menos a dos de sus postulados en Chínipas y en Bachíniva.

En junio de ese mismo año, quien era vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera Guevara, hizo dos llamadas para preguntar las fuentes de los reportajes. El interés de las llamadas, lo acentuó, era deslindar a Hugo Schultz porque era presionado para hacerlo, por líderes del grupo delictivo mencionada.

En la audiencia de vinculación a proceso de Moreno Ochoa, el único detenido (por autoridades federales y estatales) en el caso, el Ministerio Público leyó y mostró los diálogos de las llamadas que hizo Piñera.

El Ministerio Público pensaba -antes de la judicialización del caso-, que el interlocutor era un integrante del grupo delincuencial, así nos lo hizo saber a algunas personas llamadas a declarar. Incluso, desde la Fiscalía informaron y mostraron el audio de Miroslava a periodistas que exigían avances en la investigación y les sugirieron que el interlocutor era un delincuente. Esto lo supe cuando ya estaba fuera del país.

Nos correspondió declarar a algunas personas cercanas a esos hechos. Lo mencioné sólo cuando fue necesario hacerlo en Proceso (3 de enero de 2018): Me tocó identificar la voz de esas llamadas porque una de éstas fue para mí. Era Alfredo Piñera.

Obviamente, la opinión pública conoció los detalles cuando el Ministerio Público lo ventiló en la audiencia y los medios de comunicación lo publicaron. Pero no fue un acto de caridad ni de bondad, era su obligación, para esa fecha (diciembre de 2017), muchos ya conocíamos esos detalles. La información es parte de una audiencia pública.

Piñera declaró que el exsecretario general del PAN, José Luévano (quien era secretario particular del gobernador Javier Corral cuando se realizó la audiencia y quien actualmente es el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa), le ordenó hacer las llamadas porque así lo solicitaba Hugo Schultz.

Y Hugo Schultz declaró o confesó, que él entregó los audios de las llamadas a integrantes del grupo delictivo.

Esas llamadas grabadas fueron localizadas por la Fiscalía General del Estado, en un cateo de una vivienda de uno de los implicados en el homicidio. Se encontraban en una laptop.

Hasta donde he leído y yo misma me he cuestionado, no se ha señalado a los panistas como delincuentes, ni siquiera se ha exigido que los vinculen a proceso. No se ha informado con exactitud la investigación en ese sentido si es que la hubo, pero me pregunto: ¿de verdad no merece ni una sanción administrativa utilizar un cargo público o de poder para grabar llamadas telefónicas de periodistas con un fin que evidentemente todos ellos conocían, sin que haya consecuencias?

¿Así lo normalizamos y ya? Y si escalamos en ese tipo de actitudes: ¿normalizamos también el caso de espionaje a través de Pegasus? Sé que son diferentes dimensiones, pero la intención, ¿no es similar?

«Para finalizar: Yo no sé cuándo bajó la preocupación por el tema, eran protestas cada mes, a diez meses de que la PGR se llevó el caso, no he visto ninguna protesta más. ¿Por qué?, ¿qué nos pasó a todas las personas que acudíamos mensualmente a esa protesta?, ¿nos dejamos de preocupar?, ¿qué ha hecho la PGR? Yo no sé, no sé si ustedes saben, si tienen información, si la PGR ha ahondado o no en las investigaciones».

Pfff ¿De verdad como derechohumanistas desconocen las etapas de un duelo, las diferentes formas de resistir, de exigir justicia que mutan con el tiempo?

Con todo respeto, los casos más emblemáticos de personas asesinadas, tienen una presión muy fuerte y sostenida el primer año. Eso sucedió con el caso de Miroslava. Cada mes hay la necesidad de expresarse, o siente uno que el cuerpo explota. Hablo desde mi experiencia personal, para tratar de entender lo que ha sucedido.

¿O de verdad se piensa que somos tan mezquinos para utilizar nuestro propio dolor para que le vaya mal al gobierno estatal y no le vaya mal al gobierno federal?

Puedo decir que, desde el periodismo, desde los periodistas con quienes me mantengo en constante contacto en Chihuahua y en otras partes del país, hemos cuestionado a autoridades federales, hemos escrito notas, nos hemos preguntado qué más hacer y cómo elevar el nivel de la exigencia de justicia. Hemos utilizado cuanto espacio nos han abierto o nos hemos abierto, para hacerlo. Pueden buscar en Google, por ejemplo.

Quienes acudían cada mes a las manifestaciones, lamentablemente en su mayoría no son periodistas y varios de quienes sí lo son, también laboran en instancias gubernamentales. El asesinato de Miroslava nos atravesó a todos desde distintos espacios y todos ellos también han resistido, han exigido justicia en un solo clamor.

Creo que mejor que nadie, los derechohumanistas saben que las formas de manifestarse mutan, es imposible dejar diariamente o cada mes, veladoras y cartulinas en el lugar de los hechos, después del primer año. No quiere decir que no nos duela, este hecho cambió vidas de muchas personas.

El mismo gremio ha sido trastocado y sí, creo que no puede ser justificación para permanecer pasivos, pero desde lejos he visto cómo se ha generalizado la criminalización contra todos, tal como lo hace actualmente también, el gobierno federal.

Lo más preocupante es ver cómo simpatizantes (derechohumanistas y no derechohumanistas) se ciegan ante la figura en la que la ciudadanía ha fincado la esperanza, lo entiendo, pero es un gran riesgo justificar hasta los mínimos errores para que no les toquen o trastoquen la figura del gobernador o del presidente de la República en el que creyeron o creen.

En esa misma rueda de prensa, pero dentro de otro tema, Gabino Gómez cuestionó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generalizado en la criminalización de los activistas del país y sí, estoy de acuerdo en el riesgo que hay en hacerlo. Por eso creo que pueden entendernos mejor a las y los periodistas cuando desde el gobierno estatal o federal, han hecho lo mismo con nuestro gremio.

Las palabras de Gabino Gómez fueron estas:

«Nos preocupa estas generalidades (de AMLO) que están haciendo que se cree un ambiente propicio para que cualquier malandro se sienta con el derecho a acusarnos o incluso atentar contra nosotros, porque finalmente nos lo merecemos, si somos conservadores y somos empresarios (justificación de AMLO para retirar recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil en general, porque las ha tachado de corruptas en general) …. no estamos de acuerdo en ningún tipo de la descalificación que hagan de toda la sociedad civil, sean ong o sean organizaciones sociales. yo nada más digo, ¿se les olvidó? “Morena es ahora una asociación civil para transformar la vida pública del país (3 de octubre de 2011)”.

Lo mismo ha hecho el gobernador Javier Corral durante los dos primeros años de gobierno, ha generalizado y por supuesto, ha incrementado la animadversión social contra el gremio en Chihuahua.

De la regulación de publicidad oficial ya ni hablamos. Antes el problema eran las grandes “carretadas” de dinero que les daban a los medios de comunicación por publicidad oficial que dictaba la línea editorial.

Ahora aún se otorga la publicidad de manera discrecional, aunque esté publicitada. La cantidad evidentemente es mucho menor pero el efecto es similar, pero ahora por la falta de dinero.

Sí, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa para regular la publicidad oficial que no se ha aprobado. Está en la cancha del Poder Legislativo, pero: ¿hay buena coordinación y cabildeo para aprobar otras leyes que sí interesan o para reestructurar la deuda, por ejemplo, pero para la Ley de Regulación de Publicidad Oficial, no hay?

En este tiempo que tengo fuera de Chihuahua, he entendido que las situaciones no son blanco y negro. Pero hay circunstancias que enojan, que indignan y a veces, sorprenden.

Tengo el deber moral de decir que Gabino Gómez y su familia es de las pocas personas cercanas al gobernador, que ha estado pendiente de mí como persona. Lo ha hecho a título personal, así ha quedado claro y lo aquilato en toda su dimensión. De manera institucional no hay comunicación, salvo un par de ocasiones que he tenido que viajar a Chihuahua para coordinar la seguridad.

No puedo dejar de emitir mi opinión sobre la explicación que dieron en aquel espacio, porque ese discurso lo han repetido en varias ocasiones desde la posición oficial. No puedo callarme, por la memoria de Miroslava, por su familia (no sólo de sus hijos), por el mismo gremio y por mí, por mi familia.

Estoy convencida que el mayor daño que ha recibido Chihuahua -después del perverso gobierno de César Duarte-, es el silencio muchas veces cómplice del discurso oficial- a veces equivocado- y político o partidista, finalmente.

Igual me preocupa, como a varios periodistas, que aquella sensación que tuvimos en Chihuahua cuando el gobernador decidió arremeter de manera frontal y generalizada contra medios de comunicación y contra el gremio, se repita en el escenario federal. El riesgo para ejercer, evidentemente, se incrementa.

Lo mismo pasa con el gobierno del Andrés Manuel López Obrador, quien también se empeña en generalizar su criminalización contra la prensa, en medio de un cementerio impune de periodistas.

Creo en el periodismo y creo en mi gremio (tampoco generalizo). Estoy convencida de la misión y vocación del periodismo como una herramienta informativa para que una sociedad busque y dé a conocer la verdad, principalmente en un país tan herido como el nuestro.

Como contexto

El 2 de febrero de 2018, dos meses antes de que la Feadle atrajera el caso, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reiteró en su segundo informe de gobierno que el único imputado por el homicidio, Juan Moreno Ochoa apodado El Larry, es el autor intelectual del homicidio de Miroslava.

En esa ocasión, aseveró que sólo les quedaba una orden de aprehensión por ejecutar, de las tres que habían obtenido. Una de esas órdenes era contra el hombre acusado de disparar, quien fue asesinado en Álamos, Sonora. El móvil de narco política quedó desdibujado del discurso oficial, a pesar de que en la audiencia de vinculación a proceso se ventilaron los datos de amenazas que recibió Miroslava Breach y los audios de las llamadas telefónicas, como consecuencia de la publicación de reportajes sobre precandidatos del PRI, pertenecientes a grupos delictivos.

El Larry era el presunto jefe de sicarios del grupo Los Salazar, grupo delictivo que controla la zona de Chínipas, Chihuahua y los municipios colindantes de esa zona en su límite con el estado de Sonora.

Uno de los candidatos evidenciado en los reportajes, fue Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán y Crispín Salazar Zamorano, líderes del cartel.

En su discurso del segundo informe, Corral dijo:

«Con el apoyo de la autoridad federal, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia para la captura de los involucrados. Después de seis meses de trabajos de inteligencia y seguimiento, se supo de la ejecución en el estado de Sonora, del autor material, plenamente identificado, y días más tarde se logró la captura del autor intelectual.

«Desde aquí, reconozco la coordinación y la cooperación de la autoridad federal, en materia de inteligencia y acción policial, para lograr la detención de este peligroso sujeto.

«Hay todavía una orden de aprehensión en curso, y no descansaremos hasta llevar a ese sujeto ante la justicia.

«Se ha instruido a la Fiscalía General del Estado, para que haga una revisión del caso, y en base a evidencia objetiva y con apego a la ley, continúe con la investigación para establecer si hubo participación de más personas en este crimen, y en su caso, para que con apego a ley, d que corresponda.

«No vamos a soslayar ninguna hipótesis, pero tampoco vamos a fabricar culpables».

La segunda semana de abril de 2018 – la Fiscalía General de Chihuahua ya tenía poco más de un año con la investigación del caso-, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), atrajo el caso del homicidio de Miroslava Breach Velducea. Ella era corresponsal de La Jornada cuando fue asesinada, el 23 de marzo de 2017.

El titular de la Fiscalía Especializada en Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión -que depende de la FGR-, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reconoció en diciembre pasado que no han logrado establecer la línea política como línea de investigación. No han cerrado aún ninguna línea.

La entrevista la dio unos días después de la audiencia intermedia efectuada el 3 de diciembre de 2018.

El juzgado federal que lleva el caso anunció en enero pasado que la apertura del juicio oral será hasta el 4 de noviembre de este año.

*Foto de portada: Laura Carrasco | wikipedia.org.