¿De qué fue el primer Parlamento de Mujeres en Puebla?

¿De qué fue el primer Parlamento de Mujeres en Puebla?

Tomada de @IPMujeres
Samantha Páez

@samantras

Mejorar las condiciones de las mujeres privadas de su libertad, que las estudiantes sean quienes decidan si usar falda o no en las escuelas, e incluir la violencia simbólica y mediática en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal, son algunas de las propuestas que presentaron en el primer Parlamento de Mujeres, realizado en el Congreso de Puebla el pasado 7 de marzo.

El Parlamento de Mujeres fue un ejercicio promovido por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla, el Instituto Poblano de las Mujeres y su Consejo consultivo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se recibieron 41 propuestas de ciudadanas, de las cuales se aprobaron 40, para darle seguimiento.

De acuerdo con la diputada Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, después de la realización del parlamento se revisarán las propuestas aprobadas para ver a cuáles les dará seguimiento el Congreso, con el propósito de que se transformen en una iniciativa de ley, y aquellas que corresponden al Ejecutivo, para que se concrete en una política pública.

Todas las propuestas aprobadas serán revisadas y corregidas, a partir de ellas se elaborarán y presentarán las iniciativas finales; también se incluirán en una memoria, que será publicada por el gobierno de Puebla.

En LADO B recopilamos las propuestas de las ciudadanas y a continuación presentamos algunas de las más interesantes.

Uniformes no sexistas

Daniela González Castro propuso que la falda no sea obligatoria para las estudiantes poblanas y que sean ellas mismas quienes decidan si la usan o prefieren pantalón.

Uno de los argumentos que proporcionó Daniela es que las faldas limitan la movilidad de alumnas y asimismo hacen que padezcan más picaduras de insectos. Además de que refuerza el estereotipo de que las faldas son sólo para mujeres.

Otra propuesta en materia educativa, presentada por Lizbeth Díaz Cruz, fue que se reforme el artículo 86 de la Ley de Educación del estado de Puebla, para que se dé a las universidades el reconocimiento de validez oficial sólo si cuentan con un protocolo o lineamientos para atender los casos de violencia contra las mujeres, hostigamiento y acoso sexual.

Por otro lado, Luz Arely Medrano Santana dijo que, debido a que la educación en el estado tiene una mirada androcéntrica o centrada en los hombres, es necesario revisar el currículo oculto de los libros de texto y no sólo emplear lenguaje incluyente, sino también cambiar los valores que se visibilizan por unos más feministas, como la cooperación y la solidaridad.

Esmeralda Espinosa Enríquez expuso que los planes de estudio actuales hacen que las jóvenes se alejen de la ciencia y de las tecnologías de la información, por ello sería importante incluir en la carga académica de las alumnas de 12 a 18 años una materia de programación. Esto con la finalidad de que se interesen y puedan transformarse en desarrolladoras de tecnología.

Cárceles no aptas para mujeres

En el tema de mujeres privadas de su libertad, Claudia Ramón Pérez y Lucía Azucena Hernández Juárez hicieron sendas propuestas para que el sistema penitenciario tenga perspectiva de género, ya que los centros y programas de reinserción son hechos por hombres y para hombres.

Claudia destacó que el sistema actual no toma en cuenta a las mujeres embarazadas o a las que son madres solteras, ni a las y los menores que viven con ellas dentro de los propios centros.

Por su parte, Lucía Hernández habló de la importancia de que existan dictámenes antropológicos y criminológicos para ver el contexto de las mujeres privadas de su libertad y se juzguen con perspectiva de género.

De acuerdo con Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2010 a 2016 no había ningún centro de reinserción en Puebla con guardería, a pesar de que 16 menores de edad vivían con sus madres privadas de libertad.

El mismo documento sostiene que el 40% de las mujeres privadas de su libertad en México ingresaron por cometer delitos patrimoniales.

Registro estatal de deudores alimentarios

Cecilia Monzón Pérez expuso la necesidad de crear el registro estatal de deudores alimentarios, para que después de 60 días sin cubrir la pensión marcada por ley aparezca la edad, nombre y fotografía del padre o madre deudor.

Además de promover una modificación al artículo 338 del Código Penal de Puebla para que el delito de abandono se persiga de oficio, y se agregue el 338 Bis para que después de 90 días de adeudo de la pensión alimentaria el padre o madre pierdan la custodia de hijas o hijos.

Datos del INEGI indican que en Puebla las familias con jefatura femenina van al alza; en 2015 eran 447 mil 681 hogares encabezados por una mujer y, desde la perspectiva de Cecilia, el dato mencionado da una idea de la dimensión del número  deudores alimentarios en la entidad.

Una propuesta más a favor de las familias es la de Luz María Galindo Vilchis, que expone la necesidad de hacer un diagnóstico cualitativo para ver cuántas familias lesboparentales existen en el estado, cuáles son sus necesidades y qué políticas públicas les favorecerían.

Medios y publicidad violenta

Marisol Calva García propuso generar un protocolo para detectar la violencia política de género en medios de comunicación; la intención es generar una regulación que evite esta práctica, así como la reproducción de estereotipos de género.

Mientras que Vianet Toledo Vásquez planteó que se norme para que la participación en los medios de comunicación sea paritaria, es decir, que en las mesas de debate u opinión –así como en foros– haya igual participación de mujeres y hombres.

En tanto que Noemí Julieta Fuentes Oropeza habló de la falta de perspectiva de género en publicidad que se coloca en los espacios públicos. Se manifestó a favor de que se regule.

Alma Tapia González, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, en colaboración con el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), propuso modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla para agregar la violencia simbólica, la cual se puede encontrar en los anuncios publicitarios, así como la violencia mediática.

En materia de medios de comunicación y publicidad, el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el apartado J de la Plataforma de Acción de Beijing, concerniente a La mujer y los medios de difusión. La idea de la plataforma es que los medios de difusión –incluyendo la publicidad– ofrezcan una imagen equilibrada de las mujeres y de su aportación a la sociedad; además de erradicar las representaciones de las mujeres como seres inferiores y explotarlas como objetos sexuales o bienes de consumo.

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