Dante Aragón

En la todavía Nueva España, en plena expulsión de los jesuitas en 1767, el entonces virrey Marqués de Croix sentenciaba que los mencionados sacerdotes tendrían que haber aprendido a no discurrir asuntos públicos que no les concernían sino a callar y a obedecer. Se trataba de una sentencia que era síntoma de toda una manera de comprender lo público, orientada a capturar todo lo que le estorbaba. Algo así como cuando Luis XIV en Francia declaraba: “El Estado soy yo”. La cuestión de fondo tendría que ver con si debe o no haber asuntos colectivos en los que, paradójicamente, no interviene el colectivo. ¿Se les presupone una minoría de edad a los sectores que no pertenecen a las élites? ¿O será que algunos de esos colectivos que están en desventaja respecto a las élites asumen voluntariamente su condición de súbdito? Obviamente, la política virreinal no es la única posible. En realidad, está atravesada siempre por múltiples maneras alternativas de entender la política. Sin embargo, en medio de la conflictividad, dicha política virreinal y autoritaria ha logrado establecerse con mayor intensidad. Incluso, predisponiendo afectivamente a los que se encuentran fuera de los sectores privilegiados para asumir con gusto su posición subordinada.

En Puebla, el 30 de octubre de 1964 renunciaba el entonces gobernador, el general Antonio Nava Castillo, desatándose durante casi diez años un desfile de gobernadores que difícilmente durarían el sexenio. El general –y también deportista de polo, por cierto–, se caía del caballo al tener que renunciar ante la presión social frente a su intento de fortalecer las grandes empresas pasteurizadoras de leche en contra de pequeños productores apoyados por los estudiantes. En esa década crítica en Puebla, también llegaba al poder otro general que tampoco concluyó su sexenio, Rafael Moreno Valle (1969-1972), quien, como señalan los historiadores, solía hacerse obedecer reprimiendo violentamente y asesinando campesinos. La práctica no era nueva. Para el historiador Andrew Paxman, Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla de 1937 a 1941, fue un “protector monopolista, rompehuelgas a balazos, populista desvergonzado, enemigo de la prensa y la transparencia, autor intelectual de asesinatos, manipulador de un Congreso de paja, autoenriquecido, machista a ultranza y creador de un culto a la personalidad tan fuerte que sobrevivió a su propia muerte por años. Maximino fue la encarnación del cabrón posrevolucionario”.

Manifestación de lecheros y estudiantes contra el gobernador de Puebla Antonio Nava Castillo, 1964. Imagen tomada de: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/ahu/exposicion_conmemorativa_del_50_aniversario_del_mo

Maximino parece haber sentado las bases también de los modos predominantes de gobernar, de ser gobernador y de entender la política misma. De ser cierto este retrato, Maximino bien puede ser el representante del canon en el ejercicio de gobierno en Puebla, sobre todo a partir de esta ecuación reductiva que consiste en igualar gobierno y política.  De esta manera, Maximino y cierta tradición virreinal-española, que pervive en ciertas élites locales, moldean toda una manera de entender la configuración misma de la sociedad. ¿Cómo sustraernos de esta manera de entender la política? ¿Cómo dar cuenta de maneras alternativas de construir la vida social?

Identificar y dilucidar otras maneras de entender la política y el poder es una tarea importante y pertinente que permitiría, de algún modo, intervenir en nuestro conflictivo presente. Esta crisis bien podría ser una oportunidad para transitar hacia otras lógicas que posibiliten entender y practicar la política de maneras alternativas. Para intentar comprender nuestra coyuntura, considero que  existen varias perspectivas. Me limitaré a las que considero las más significativas.

La perspectiva capitalista-neoliberal afirmaría que nos encontramos en el apogeo de una racionalidad privatizadora que acumula por desposesión. Los casos emblemáticos de su despliegue se encuentran en procesos de apropiación de espacios públicos o de terrenos comunales (como en la época de Piña Olaya a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990), para ser cedidos a macroproyectos inmobiliarios sin preocupación alguna por los daños medio ambientales, sociales o económicos; procesos, además, enmarcados por una cuestionable narrativa de “progreso” y “desarrollo”. Se trataría de esta manera, en términos poblanos, de una subjetividad huachicolera y extractiva que busca el lucro desmesurado sin reparar en los costos o las implicaciones del despliegue de su deseo.

En términos generales, las directrices gubernamentales que ponen en entredicho lo colectivo en Puebla requieren paralelamente de procesos de despolitización para legitimar esos proyectos de privatización a través de, por ejemplo, la criminalización de la crítica o de la lucha social (como en el caso de la llamada Ley Bala aprobada en 2014 y eufemísticamente denominada “Ley para proteger los Derechos Humanos y Regular el uso legítimo de la Fuerza Pública”). También lo hace descomponiendo instituciones  públicas o “concesionándolas”, resignificando toda una gramática de entender lo político y lo público. Un caso ejemplar de esto fue la reciente y criticada concesión privada de los servicios relacionados con el agua en Puebla.

Protesta para exigir la abrogación de la Ley de Agua del Estado de Puebla, 2014. Foto: Ana Karen de la Torre. Imagen: Ana Karen de la Torre

Por otra parte, desde una perspectiva narrativa, podríamos afirmar que todo un discurso del poder soberano con tintes imperiales-priistas a la manera de Maximino se ha comenzado a resquebrajar, dejando entrever su parcialidad y la lucha entreverada e irresoluble con otras maneras de entender y practicar la política que intentan reconfigurar, a su modo, lo social. Aquí cabría decir, con Antonio Gramsci, que la crisis se escenifica cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. De manera que, en este interregno de perforación de cierto imaginario, y ante la incertidumbre de no saber qué sucederá, como en toda crisis, aparecen restos que intentan retornar a una concepción teológica o identitaria del poder, como en el caso de Trump, Bolsonaro o la posibilidad de que se reinstale un nuevo “Maximino” en Puebla. Ciertamente, en esa crisis, también existen otros restos más emancipadores que muchas veces no pueden articularse como alternativa, porque luchan a contracorriente de toda una tendencia de entender y practicar la política. Pienso en algunos sectores poblanos de indígenas, campesinos, activistas, artistas y académicos que encuentran problemas de articulación para desafiar a la política virreinal de manera efectiva. La historia poblana ilustra cuánto trabajo cuesta vivir en serio en democracia. Sobre todo, si “democracia” significa la posibilidad siempre presente de disentir de los fundamentos.

La hipótesis postliberal, por su parte, afirmaría que vivimos en una crisis de la representación cortocircuitada por el populacho; que en su afán por cercar los circuitos de poder debería mejor callar y obedecer. Hoy se encuentra no solo cuestionada y desbordada sino que se despliega ahora ante esta crisis con mayor violencia. El problema con esta manera gubernamental de definir la política radica en que las instituciones se han erigido como las únicas instancias de construcción de lo público, asumiéndose incluso como los lugares privilegiados de la “política”. Habría que decir que se trata de una manera institucional de definir la política que, atravesada por una narrativa neoliberal según la cual se gobierna técnicamente, de manera efectiva y en una orientación al cliente ciudadano, queda fuera de su ámbito el conflicto por los valores, por las orientaciones últimas o por los fundamentos de la vida social.

Además, en esta manera de entender y practicar la política se considera que no cualquiera puede ser cliente o socio, mas solo aquel que tiene la competencia técnica y está dispuesto a cooperar en el cumplimiento de una política pública, la cual ya asume una serie de presupuestos de conveniencia mercantil que, eso sí, no son cuestionados. Desde este punto de vista, es más fácil que califique como socio o cliente una gran empresa de automóviles extranjera que un campesino que defiende su tierra y su forma de vida. Como muestra de esto último, podría citar los múltiples casos históricos en Puebla del campesino reprimido, encarcelado o asesinado cuando se atreve a cuestionar asuntos del virrey en turno.

Habría que decir que también estamos asistiendo al precipitado de procesos de construcción de soberanía los cuales, necesariamente, requieren de la producción de cuerpos dóciles, disciplinados, fieles y excluidos de alguna manera de los beneficios del capital y de la toma de decisiones políticas. Como ya lo manifestaban las prácticas al estilo Maximino, esta relación entre soberanía y producción de exclusión, desplegada mediante la violencia, indicaría toda una forma de gobierno y de política, definiendo así lo social mismo. Desde el punto de vista de los flujos y reflujos de la movilización social, habría que decir que los procesos de precarización tanto como los de desmantelamiento de lo público han servido de espacios de reproducción y legitimación de todo un régimen de verdad neoliberal, individualista y poco crítico.

Gral. Maximino Ávila Camacho, ca. 1940. Imagen tomada de: http://desarrollo-mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia:447104

La política del secuestro y el coscorrón

En diciembre de 2005, por mandato del entonces gobernador Mario Marín Torres, la periodista Lydia Cacho fue detenida ilegalmente y torturada porque en Los demonios del Edén hizo revelaciones que incriminaban tanto al entonces gobernador como a algunos allegados. La situación se salió de control cuando por aquellas fechas se filtraron llamadas telefónicas en las que el gobernador comunicaba al empresario Kamel Nacif que ya se había aprehendido a la periodista para “darle un coscorrón”. El empresario, por su parte, satisfecho, le decía a Marín que era su “góber precioso”.

Lo revelador del hecho es la serie de elementos que permite detectar cierto imaginario político poblano actual. Un imaginario político que comparte similitudes y diferencias así como con los modos virreinales de hacer política como con el avilacamachismo. Virreinalmente hablando, el gobernador sigue siendo la única y máxima autoridad de decisión y es incuestionable; de lo contrario, se despliega con facilidad su furia. Avilacamachistamente hablando, siguen permaneciendo rasgos machistas, autoritarios y violentos del gobernante que monopoliza la práctica política. No puede pasarse por alto que interpelaciones como la de “góber precioso” reflejan un encantamiento con rasgos eróticos, y otros como “aquí se respeta la ley” o “ya mandé a darle un coscorrón” esconden toda una manera discrecional y patrimonial del uso de las instituciones.

Sin embargo, habría que marcar algunas diferencias. El acercamiento estrecho y a veces sumiso entre el “precioso” y el empresario comienzan a demostrar un modo neoliberal de entender la práctica política. Esto es, ahora se gobierna desde y para ciertos sectores, que incluso cuestionan la soberanía clásica del virrey, mostrando por momentos una inédita configuración subsumida al mercado local (al Grupo Proyecta, por ejemplo), nacional (al Grupo Higa o TV Azteca) y trasnacional (a Audi o Citelum). En esta inédita configuración, se asiste, por una parte, al debilitamiento del virrey respecto a importantes decisiones que configuran lo social poblano pero, por otra, a su fortalecimiento policial para dar certidumbre al mercado y, en el caso de Marín, al empresario Kamel Nacif. Es decir, si bien pareciera que ciertos intereses empresariales deciden al mismo “precioso” marcando así sus agendas, por otra parte, los “gobernadores” se fortalecen policiacamente para detener, perseguir y despedazar cuestionamientos, críticas y movimientos que obstaculicen proyectos personales de acumulación económica y de poder.

Más allá de la obvia violación de los derechos de Lydia Cacho, su detención sin el debido proceso y sin delito alguno que perseguir habla en realidad de un secuestro; en este caso, de un secuestro estatalizado, al mismo tiempo que de una tortura desplegada institucionalmente. Ya no se trata de un secuestro y una tortura como elementos excluidos de la configuración de lo social sino incluidos como práctica de gobierno.

El “secuestro” tiene relación con alejar o sustraer a una persona o cosa de un lugar. En este caso, desplazar a una persona violentamente sin su consentimiento. Mientras que la palabra “tortura” tiene que ver con torcimiento o distorsión. Así, podríamos extender su alcance y hablar de distorsión de movimientos sociales de protesta que incomodan al gobernante en turno: distorsión de notas periodísticas o de relatos de lo sucedido o, en el caso de Lydia Cacho, distorsión literal de su cuerpo.

Frente a quienes tienen el poder de la distorsión siempre es posible que quien se opone a las narrativas del “progreso”, la “modernidad” o el “desarrollo” aparezca como un enemigo de Puebla que merece ser torturado o que, al contrario, el gobernante más indecente aparezca como un gran hombre que pasa a la historia como un héroe. En el caso de la periodista, también se deja entrever una lógica corporativista disciplinante. Recuerdo aquí al multicitado fascista Benito Mussolini: nadie en contra del Estado, todos por el Estado, todos dentro del Estado. Se trata de un corporativismo que implica procesos forzados de inclusión a la lógica del partido, del jefe o del duce. No es lejano advertir, incluso, la formación de un afecto  de temor al castigo o temor a la indiferencia del líder. En este caso, como ya se apuntaba, se trataría de un afecto que erotiza la relación con el poderoso, convertido en un pater familias, al cual se le debe obediencia, y el cual, previamente, ha otorgado el privilegio del reconocimiento a través de políticas clientelares o de compra de lealtades.

Si en un primer momento la política tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos, organizamos o desorganizamos con los otros, ¿qué subyace a tal tipo de política desplegada en el secuestro, en el corporativismo y en la persecución? En una primera respuesta, diría que ese híbrido entre virreinato, avilacamachismo y neoliberalismo está detrás de la práctica de secuestro y persecución hacia el indisciplinado que no se deja atrapar en el cuerpo político del partido, de las instituciones o del gobernante mismo. ¿Qué posibilitaría la mínima indignación ciudadana ante estos hechos o, por otra parte, la justificación de tales hechos, tanto por parte del gobernante como de  sus seguidores? Como lo comentaba al principio, da la impresión de que el soporte de esta justificación del súbdito pasa por cierto encantamiento por el carisma del líder. Soporte, además, que nutre toda una manera disciplinaria de entender y practicar la política. Cuando José Luis Tehuatle, adolescente de 13 años de edad originario de Chalchihuapan, moría por el efecto de una bala de goma disparada por la policía para disciplinar una manifestación en la autopista Puebla-Atlixco en 2014, emergieron discursos desde una buena parte de los súbditos que justificaban su muerte e incluso que la veían como una suerte de correctivo necesario para el “mantenimiento del orden”.

Manifestación contra la llamada Ley Bala del estado de Puebla, 2014

Por otra parte, podríamos incluso pensar que la operación de secuestrar, torturar y castigar ya se escenifica primordialmente a nivel discursivo, esto es, a un nivel que predispone a los sujetos a actuar de determinada manera. De esta forma, respecto al concepto mismo de política, lo que se despliega, a ese nivel conceptual, es un secuestro de la política entendida como actividad crítica y colectiva, para hacerla aparecer como un asunto de élites. En términos de tortura, en tanto distorsión, también se tuerce el concepto de política para que aparezca como un asunto disciplinario y de castigo, o como una serie de prácticas que tienden a la elaboración de todo un código que sanciona los “buenos” comportamientos políticos para premiarlos o reconocerlos como aceptables, así como los “malos” para disciplinarlos y enseñar así a callar y obedecer. De esta manera, marchar, exigir, resistir o interpelar a las autoridades es mal visto y sancionado.

¿Tiene grietas este imaginario político?

En tiempos de crisis y descrédito como los que actualmente vive el Estado, se evidencian las grietas del imaginario político virreinal del coscorrón. Para no simplificar la discusión, habría que reconocer la existencia de ciertos actores políticos institucionales en todos los partidos e instituciones públicas que, en efecto, luchan por una política diferente en el Estado. Sin embargo, habría que decir que las prácticas institucionales son más propensas a la gestión que a la creación de nuevos modos de hacer, de producir discursos y espacios. Lo institucional está atravesado por una serie de lógicas como las virreinales y disciplinarias, y por una serie de compromisos que han colonizado en términos mercantiles esos espacios. Esto último lo afirmo porque, como decía, hoy más que nunca pesan determinantemente los intereses de ciertas empresas en la agenda pública, así como también toda una actitud mercantil y emprendedora que se disemina incluso en una forma lingüística de entender la política. De esta manera, la política institucional se entiende entonces como cuidado del mercado, como si se tratara de un asunto de gerencia privada o de lucha por la perpetuación y acumulación de los intereses privados.

Por otra parte, habría que reconocer la existencia de múltiples actores, defensores de derechos humanos y movimientos campesinos e indígenas que agrietan los modos virreinales y corporativistas que sostienen el imaginario político poblano a través de actos que los desafía. Aunque, claro está, no se trata siempre de perspectivas absolutamente divergentes sino de unas que van minimizando las huellas de las formas políticas predominantes en Puebla. De igual forma, es evidente  que no todas las movilizaciones populares o extra-institucionales son necesariamente progresistas. Subrayo esto para no esencializar las movilizaciones sociales pues existen también aquellas mucho más preocupadas por defender su particular y poco crítica visión del mundo, tal como la que representó el autobús del Frente Nacional por la Familia en 2017, que se paseaba por las calles del centro histórico para difundir su perspectiva contra la diversidad sexual y el derecho a la interrupción del embarazo.

Frente a esto, lo que movimientos críticos, incluyentes y alternativos nos han enseñado es que comenzamos a vivir en otro horizonte, uno donde ya no vale la imposición sin crítica ni debate. En efecto, habitamos en una nueva época histórica en la que, después del movimiento del 68, del EZLN en el 94, y después de muchos otros sucesos, se ha fortalecido la exigencia por vivir en un horizonte de disenso donde nadie debería intentar dominar por completo el espacio  político: ni ningún gobernante, ni el mercado privatizador ni los intereses meramente particulares. De ahí que, habría que entender entonces que la política crítica, frente a la lógica virreinal y disciplinante que busca suprimirla, tiene que ver con desobediencia, indisciplina, conflicto, pluralidad y generación de crisis. Se trata de cierta crisis conflictiva dada por la multiplicidad de maneras de entender el mundo que implican modos de relacionarnos y de construir espacios colectivos que no nos sofoquen. Con esto quiero decir que la política crítica no se trata de cualquier conflicto animado por intereses partidarios sino de aquel preocupado por la configuración de lo social en un formato no autoritario.

Habría que decir que la categoría de lo político, o lo que en adelante llamaré “política crítica”, hace referencia a un conflicto de alta intensidad entre amigos y enemigos. Aclarando que no se trata de cualquier enemistad, pues no es la enemistad a muerte sino el enemigo público o, mejor dicho, el adversario con el cual compartimos una preocupación por lo común pero con quien disentimos en su realización. La política crítica, por conflictiva que sea, tampoco es igual a la guerra, pues la política en dado caso sería la continuidad de la guerra por otros medios. De igual modo, como se da una política de la enemistad, la hay de la amistad, la cual trata del necesario establecimiento de relaciones solidarias y dispuestas a la crítica de los fundamentos dada su preocupación por lo común.

Desde este punto de vista, no hace falta ser legislador, pertenecer a un partido o cargo burocrático para activar esta potencia de cuestionamiento y configuración de lo social. De hecho, esta política crítica puede aparecer en cualquier espacio: tanto en la asamblea comunitaria, en la organización vecinal, en la movilización estudiantil o en una serie de toquines. La política crítica sería el acontecimiento que configura lo social, ni más ni menos. No se trata entonces de la política como un orden dentro de lo social, es decir, de aquello que solo se entiende como “gestión”, sino de lo que aporta los principios generadores de la vida social. De esta manera, podríamos hablar de una forma social virreinal, autoritaria y corporativa o, por el contrario, de una forma social crítica, participativa y democrática. En la lógica virreinal, nos encontraríamos con que el cuerpo del gobernante, sea Maximino, Moreno Valle, Marín o el Marqués de Croix, es el lugar del poder y la ley. En cambio, en un horizonte democrático, no habría personas ni partidos que pudieran atribuirse esa facultad.

¿Quién no recuerda en junio de 2017, en Puebla, cuando la comunidad LGBTTTI salía a las calles de la ciudad para interrumpir la fácil marcha del mentado autobús del Frente Nacional por la Familia que, además, ya estaba respaldado por las políticas desplegadas en el mismo Congreso estatal? A lo que asistíamos como poblanos era a una inédita movilización en favor de la diferencia sexual en un estado tradicionalmente caracterizado por su conservadurismo. Se trataba de una reivindicación plural de la diferencia que ante el avance del autobús del conservadurismo saboteaba su paso por la ciudad, marcándole así su velocidad, su tránsito y cuarteando su mensaje. De este modo, la política no sería la gestión de la dominación sino su interrupción o, al menos, su obstaculización.

Manifestación del colectivo LGBTTTI en Puebla contra el autobús del Frente Nacional por la Familia, 2017. Foto: Marlene Martínez

Otro caso emblemático fue el que, tras la presión en las calles y en la llamada opinión pública contra el bautizado como “góber precioso”, hizo que la permanencia del PRI en el gobierno se hiciera insostenible. Algo que aprovecharon tránsfugas priístas y un PAN abiertamente autoritario. Empero, la política crítica no garantiza nada: a veces sus golpeteos son absorbidos por la dominación o satisfechos institucionalmente para apaciguarlos. A veces, sí marcan diferencias. En el caso del “góber precioso”, si bien impidió que el PRI se perpetuara en el poder, no impidió que la política del coscorrón se activara bajo otras siglas partidistas. Se podría pensar que el desafío hacia la política del coscorrón fue demasiado tenue como para perforar todo un imaginario; incluso, se podría pensar que hubo más indignación y reclamos fuera de Puebla.

Considero que lo que se presenta en momentos de crisis como la actual, es la lucha siempre presente entre diferentes narrativas que interpretan a su modo la acción política. Desde aquellas que defienden las maneras de una política disciplinaria hasta otras que la entienden como defensa, resistencia, transformación, interrupción, y que no necesariamente están en el espacio institucional. A partir de aquí, me atrevo a afirmar que una política crítica sería aquella al acecho y denuncia constante de todas aquellas narrativas, dispositivos o cuerpos que pretendan el dominio y el diseño absoluto de lo público en un gesto abiertamente imperial.  

Las políticas por venir

Habría que decir que en Puebla también hay una larga tradición crítica y de lucha tanto en las zonas rurales como en la ciudad y, específicamente, en la academia. Evitando suscribir que lo popular poblano es algo estable, hay que reconocer los usos y resignificaciones que permiten hablar de una agencia desafiante por parte de dichos sectores. Lo popular no se localiza solo en el ámbito campesino o indígena mas también en lo urbano periférico y no periférico. Con periférico no solo me refiero a aquellas zonas o juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, por ejemplo, donde es posible que nazcan otras maneras de entender y practicar la política sino también en zonas no tan periféricas, como algunas colonias del centro, donde se organizan entre vecinos para establecer estrategias contra la delincuencia o contra alguna decisión gubernamental que consideren injusta. Lo que nos enseñan las historias de movilización social en Puebla es que desafiar es la tarea, una tarea cuyo objetivo comienza con romper con las anteojeras del imaginario virreinal del coscorrón.

Si dicha política crítica es transversal a las instituciones pero se despliega más acá y más allá de ellas, se tendría que ir entendiendo de una vez por todas que ser crítico no implica ser desleal. Con esto estoy pensando que más allá de seguir asumiendo una cultura política de súbdito habría que ser críticos y renunciar tanto a la cultura política del súbdito como enfrentarse a la lógica del coscorrón. Si la política es una actividad de constante cuestionamiento a la dominación, se tendría que ir entendiendo que los espacios de gobierno están hechos para servir, o para mandar obedeciendo, y no para mandar mandando.

La política crítica no puede reducirse al erótico acto de tocar o saludar al gobernador, ni tampoco al hecho de narrarlo tras su salida del gobierno, o tras su muerte, como un héroe que luchó incansablemente por su ciudad. No se trata de erigir un nuevo ídolo, se trata de disponerse a vivir sin ellos y a construir, desde un “nosotros” plural y en disputa, la vida social. Esto quiere decir que intensificar las políticas críticas no es solo un trabajo de entendimiento distinto de la política virreinal sino de una narración que no pase por endiosar a líderes, ni por pensar la política como una disciplina. También habría que considerar desatar otros afectos, ya no de pánico frente a la diferencia o al castigo, ni de nostalgia sin esperanza, mas de indignación y de alegría por lo común. Si la política no se planteara como la búsqueda de la satisfacción particular o por un afán patrimonialista, no se tendría que actuar violentamente ante quienes no comprenden ni actúan de esa manera, y que luchan por que la política no se termine convirtiendo en un negocio familiar.

Aquí recordaría que a la política crítica también se la secuestra y se la distorsiona, cuando termina siendo asunto de unos cuantos que terminan enriqueciéndose sin trabas con el poder, los cargos o el dinero público. En este sentido, habría que despreciar esa inercia que concibe la administración pública o la política institucional como los lugares ideales para el enriquecimiento, el ascenso personal y el prestigio. Asuntos claramente mercantiles que reflejan una serie de valores relacionados con la acumulación individual, la competencia y la voluntad de dominio. Llama la atención al respecto que en esas notorias revistas poblanas que exhiben a mujeres, madres, hombres o padres “emprendedores” y “exitosos”, éstas sean personas relacionadas al ámbito empresarial o político institucional. No estoy con esto afirmando que no puedan ser personas de algún mérito sino que tengo mis reservas al seguir premiando perfiles que se amoldan a valores de conveniencia mercantil y soberana. La política de los poblanos en tanto actividad no tendría que ser de nadie en particular. Ni propiedad de unas familias, ni de un gobernante, ni de apellidos, ni de tonos de piel, ni tampoco de supuestos modales refinados que acallan la polémica.

Eso no quita que, legítimamente, haya gestores de lo público, pero la política, en tanto configuración de lo social y democráticamente hablando, es un asunto de todos. Desde ese punto de vista nadie debería estar excluido de la toma de decisiones sobre su vida y su comunidad. La política tiene que verse y practicarse como el ámbito de las  impropiedades, donde por no tener que ver con propiedades, entran todos: campesinos, indígenas, clases medias, empresariales, del norte, del sur, o del centro. Por esto, ser disidente de la dominación, ser un hereje del aura del líder todo poderoso, no tendría que ser sinónimo de delincuente sino, al contrario, de ciudadano. Así pues, lo ciudadano tendría que dejar de ser un mero nombre para designar una actividad ahora peligrosa en Puebla, para comenzar a agrietar más los estrechos márgenes de lo institucional, de las buenas familias y de los compadrazgos.

Agrietar ese imaginario que soporta dichas prácticas de dominación pasa por tumbar los conceptos clave del discurso gubernamental que son, en último caso, los de las elites. Sabemos que Tony Gali o Luis Banck prefirieron utilizar ciertos significantes teológicos en sus discursos que escondían una peculiar fe dogmática en el “desarrollo” y el “progreso”. Sin embargo, hay que entender que más allá de los gestos simbólicos conscientes o no que se despliegan con el uso de ciertos términos y que dejan traslucir una serie de discutibles presupuestos, muestran solo una narrativa dogmática y prepotente. Se trata de una mera narrativa entre otras. Habría que decir que el binomio: desarrollo – progreso, esconde una fe en la creencia de una historia que marcha triunfalmente frente y contra cualquier obstáculo como si se esperara la llegada del mesías. Un binomio, además, que si bien promete el desarrollo y progreso acumulativo y sin obstáculos para unos cuantos, se encuentra moldeado por una lógica mercantil que dicta políticas públicas, lenguajes, expectativas y formas de vida. Se trata de una teología porque es indiscutible y, como tal, no pertenece al mundo de los hombres sino que se impone al mundo de los hombres. Dado que no pertenece al mundo, pero lo define, no es un asunto discutible ni criticable.

Fragmento del frontispicio de la primera edición del Leviatán, de Thomas Hobbes, 1651. Imagen tomada de: https://www.teoriadelderecho.es/2013/10/filosofia-politica.html

No obstante, hay muchos poblanos dispuestos a habérselas con los dogmas de fe de la política virreinal. Son ellas y ellos quienes empujan unas políticas de lo por venir que están trenzadas en las disputas simbólicas, espaciales, vitales y de afectos que buscan deshacerse de la lógica colonial y despótica poblana. No es una tarea fácil: los modos virreinales siguen y seguirán resistiéndose al intento de su perforación de manera violenta, a través de la persecución, el encarcelamiento o la represión. Por eso, las políticas de lo por venir implican una colosal y constante tarea sin garantías que exige operaciones a nivel del afecto, de saberes y de prácticas de los poblanos. Ahí, una tarea crucial le corresponde a las universidades y a los medios de comunicación. Se trata de dejar de ser comparsas del mando virreinal y de empujar por formas políticas críticas. Decía Gramsci que, en tiempos de crisis, si lo alternativo no se articula, la salida podría ser policial. Estaba pensando en el fascismo. La actual crisis poblana refleja que estamos ante una encrucijada histórica a la cual, o nos la tomamos en serio, o serán otros quienes escudados en la inercia del autoritarismo virreinal seguirán ocupando el lugar de la política.

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