Isabel Mateos y Lucía Vergara | Pie de Página

Quintana Roo.- Desde hace 50 años, los pobladores mayas de 11 ejidos de esta región han esperado que el gobierno federal les indemnice por los terrenos que cruza la carretera 307; ahora, todo indica que en esas tierra se tenderán los rieles para uno de los proyectos estela-res del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.

Según los planes generales que se conocen, el ferrocarril correrá a través de mil 525 kilómetros, entre ellos el Tramo Caribe, con unos 446 kilómetros, donde el gobierno federal tiene una cuenta pendiente:

Desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), quien construyó la carretera 307, pasando por el Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), que retomó el proyecto; Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador… a todos los gobernantes del país les ha parecido menor el hecho de que, al menos 253 kilómetros que pertenecen a 11 ejidos (poblados mayoritariamente por mayas) no cumplan las reglas legales de expropiación y, mucho menos, la indemnización justa.

En febrero del 2015, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 dio la razón a los ejidatarios y ordenó al entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cumplir con la ley y corregir todas las fallas legales. Es decir, ordenar el proceso de expropiación e indemnizar a los ejidatarios. La determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario, en su sentencia del 6 octubre de 2015.

Pero nada pasó.

I. La construcción

La construcción de la Carretera Federal 307, Reforma Agraria, que conecta Chetumal con Cancún, en Quintana Roo, arrancó en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Algunos ejidatatios recuerdan cómo la construcción fue interrumpida en varias ocasiones debido a que esta zona era selva y por tanto de muy difícil acceso para la maquinaria de aquella época. La obra se extendió hasta en 1975, en el sexenio de Luis Echeverría.

Antes de ese proyecto, muchos de estos ejidos sólo se conectaban a través de caminos que los pobladores, en su mayoría indígenas, recorrían a pie, lo que implicaba trayectos de hasta cuatro días para llegar a Mérida.

Con esta carretera se agilizaron los trayectos en automóvil entre los municipios de Benito Juárez, Tulum, Bacalar y Chetumal, al sur de Quintana Roo, lugares claves en el turismo y transporte de la entidad, tanto a nivel nacional como internacional. En 1975, se construyó la carretera 293 federal, vía corta Mérida-Chetumal, la cual conecta las dos capitales del sureste a la altura de Bacalar, a través de 99 kilómetros.

En estos dos tramos carreteros se ubican al menos 15 ejidos, constituidos anteriormente a la carretera y en su mayoría mayas, quienes al principio creyeron que la construcción de estas vías les traería beneficios. Pero de un día para otro, la maquinaría empezó a horadar sus comunidades y a ocupar a sus jóvenes como albañiles en la construcción.

El asunto se complicaría más cuando a los funcionarios se les olvidó un detalle nada menor: expropiar e indemnizar los terrenos ejidales por donde cruzaría la carretera.

De acuerdo con la Ley de Expropiación (1936), las condiciones básicas para que el gobierno federal ocupe territorios para infraestructura social, son la expropiación y la indemnización a ejidatarios o dueños de las tierras ocupadas, lo que en este caso nunca ocurrió.

Los documentos en poder de Pie de Página son irrefutables: en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que, cuando menos, den cuenta de los trámites para la expropiación de estos ejidos y, mucho menos, los decretos que por ley deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Nadie expropió, nadie pagó. Y de ahí se desprende una cadena de actos ilegales y despojo de cinco décadas.

II. La modernización

Entre 1999 y 2008 reinició la modernización y ampliación de carriles de estas dos carreteras. Los ejidatarios, de nueva cuenta, reclamaron a los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón el uso de sus tierras sin que se les indemnizara.

Los Tribunales Agrarios reconocieron los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos, han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.

Sin embargo, el avalúo que ha realizado el Instituto de Administración y Avalúos Nacionales es para los ejidatarios una ofensa, por decir lo menos. Además de considerar un pago casi ofensivo, no se considera lo que por la ley se establece como pago de compensación por el tiempo de ocupación previa. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció parámetros de indemnización mucho más altos de los pretendidos por el INDAABIN.

Un papel fundamental en toda esta batalla legal ha sido el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia responsable de planear y administrar la construcción y modernización de la red carretera federal.

Distintos Tribunales Agrarios han condenado a la SCT a realizar debidamente el procedi-miento de expropiación y el pago e indemnización (en algunos casos mediante procedimiento de expropiación), por la ocupación ilegal de tierras ejidales, para la construcción y posterior ampliación de la Carretera Federal 307.

Pero después de diez años de las primeras sentencias, a la mayoría de los ejidatarios no se les ha indemnizado y a quienes les han pagado, ha sido por una cantidad muy inferior al valor de sus tierras. Como en el caso de los ejidos Los Divorciados y José María Morelos, donde les pagaron apenas unos 94 mil pesos por hectárea.

Las batallas legales no han sido sencillas, pues implican costos de traslado, días completos en Chetumal y Cancún para revisar expedientes, así como el pago de abogados y viáticos de quienes llevan cada caso. Además, muchos ejidatarios son personas mayores que ape-nas saben leer y escribir, por lo que los trámites suelen ser una tortura.

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*Fotos y video por Isabel Mateos y Lucía Vergara