The Observer 

Se trata del decreto 86 emitido el 7 de mayo de 1993 por el entonces gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, cuando solo le quedaban 120 días para dejar el cargo, lo cual le garantizó tener a él y a los exgobernadores, una pensión en especie.

Este decreto señala en su artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador en el Estado de México, tienen derecho a la adscripción de un “jefe de ayudantes” con categoría de subdirector; un “chofer ayudante”, con categoría de chofer del Secretario General de Gobierno; así como “tres ayudantes” con categoría de oficiales de seguridad pública.

El mismo artículo indica que también podrán recibir la asignación de “una secretaria”, con categoría de secretario particular de un secretario de gabinete.

El pago de esta nómina, es con cargo al gobierno del Estado de México, a través de la secretaria de finanzas. En la actualidad el estado de México cuenta con siete exgobernadores sin contar en esta lista a Enrique Peña, todavía presidente de la República: Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza, Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Eruviel Avila.

De estos solo seis reciben actualmente el beneficio del decreto 86, pues de acuerdo a una solicitud de información 00543/SF/IP/2018 presentada a la Secretaria de Finanzas del gobierno mexiquense, “son seis los exgobernadores acreedores por derecho a los beneficios del Decreto”, señala la contestación proporcionada por la dependencia.

Cabe destacar que tras asumir el cargo como Presidente de la República en 2012, Enrique Peña Nieto, declinó por escrito la adscripción de funcionarios para su protección, dado que el artículo segundo del mismo decreto, señala que: “Los exgobernadores del Estado que presten sus servicios al gobierno estatal o al de la Federación, no podrán contar con el personal mencionado en el presente decreto, cuando por el nivel o naturaleza del cargo o funciones que desempeñen, tengan derecho a la asignación de personal.

Los ciudadanos exgobernadores podrán en cualquier caso, renunciar a los apoyos que se refiere este decreto”, indica el documento.

Peña, tras dejar el cargo en septiembre del 2011, gozó de esta prerrogativa por más de un año, hasta que asumió la presidencia de la República, en diciembre del 2012.

No obstante, a partir del próximo sábado, podría acceder de nueva cuenta a esta prerrogativa de la que gozan ya seis exmandatarios; sin embargo también es posible que continúe recibiendo seguridad de la Federación y apoyo para «otros gastos», ya que las recientes reformas del Congreso Federal, solo retiraron la pensión de los expresidentes, no así otros apoyos colaterales, de los cuales no ha habido pronunciamiento.

De ser así en el caso de Peña, él estará en posibilidad de decidir si acepta o no las prerrogativas que se suscriben en el decreto 86.

Por otra parte fuentes de la LX Legislatura, confirmaron que el decreto emitido por Pichardo Pagaza en 1993, sigue vigente.

La nómina

El dato oficial más reciente que se tiene y que se obtuvo también por transparencia, es que se pagaba la nómina de 20 policías, diez oficiales y tres comandantes de regimiento, para la seguridad y apoyo de los seis exgobernadores que a la fecha reciben esta prerrogativa.

Es decir un total de 33 servidores públicos asignados para seis exgobernadores. De acceder Peña Nieto a los beneficios del decreto 86, el número de personal y el monto de la nómina para proveerles este que se considera en tiempos actuales un “privilegio” se incrementará a 39 al menos, los servidores públicos.

Actualmente la nómina de los 33 servidores públicos asignados, ronda los 315 mil pesos mensuales, aproximadamente.