La 4T y el derecho a la información

La 4T y el derecho a la información

Foto tomada de Wikipedia
Cuauhtémoc Cruz Isidoro

@cuau_cruz

La cuarta transformación del país ha iniciado, o por lo menos, eso nos han dicho. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal ha estado llena de anuncios y simbolismos en estos primeros días, los cuales permiten delinear lo que podrían ser los próximos seis años.

En materia de derecho a la información han sido pocos, pero significativos los anuncios realizados en materia de publicidad oficial; relación con la prensa desde la Secretaría de Gobernación (Segob); transparencia en los sueldos y bienes de los funcionarios; y respeto a la libertad de expresión. Veamos.

Publicidad oficial: gasto excesivo sin una ley adecuada.

En su toma de protesta, López Obrador se ha comprometido a disminuir en 50% el gasto en publicidad. Dicho compromiso ya había sido anunciado, en julio pasado, dentro de los 50 puntos sobre austeridad y combate a la corrupción. Pero, ¿qué significa esto?

De acuerdo con datos del Sistema de Comunicación Social, retomados por el Colectivo #MediosLibres, durante 2017 la administración de Enrique Peña Nieto gastó 11 mil 240 millones de pesos en publicidad oficial. Si consideramos dicho monto, la administración entrante no debería superar los 5 mil 620 millones de pesos en publicidad oficial para el próximo año.

Sin embargo, el problema está en que, para 2017, el Gobierno Federal tenía aprobado gastarse sólo 4 mil 365 millones de pesos, lo que representó un sobreejercicio de 6 mil 875 millones de pesos. Cálculos realizados por el Colectivo advierten que el gasto en publicidad oficial entre 2013 y 2017 fue 85% más de lo presupuestado inicialmente.

Con esto, el utilizar la palabra “gasto” dentro del compromiso en materia de Publicidad Oficial y no la palabra “presupuesto”, representaría una significativa diferencia en los montos a destinarse. Si consideramos que la disminución se realice en lo presupuestado, teniendo como referencia el monto de 2017, tendríamos que el presupuesto para la actual administración sería de aproximadamente tan sólo 2 mil 182 millones de pesos.

En resumen, utilizar la palabra “gasto” dentro del compromiso, nos daría que el monto destinado a publicidad oficial por el Gobierno de López Obrador, sería similar a los montos aprobados anualmente por la administración peñanietista, mientras que, si consideramos que la disminución se dé en lo presupuestado, la reducción sería notablemente diferente.

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos reiterado que el sólo hecho de reducir el monto erogado no es suficiente, si no existen reglas claras y transparentes para su asignación. Basta recordar que la Ley General de Comunicación Social conocida como Ley Chayote, que entrará en vigor el próximo primero de enero, retoma prácticas discrecionales para la distribución de los recursos públicos, lo cual permitiría que la publicidad oficial se siga utilizando como un mecanismo de control de las líneas editoriales.

Por ello, desde la sociedad civil agrupada en #MediosLibres hemos llamado al Congreso de la Unión y al Gobierno entrante a derogar dicha legislación y emitir una ley que contemple las bases mínimas propuestas por este Colectivo, así como los principios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comunicación social: una sola oficina para concentrar el discurso.

Otro compromiso anunciado en el Plan de Austeridad y que López Obrador confirmó en su toma de protesta es la desaparición de las oficinas de prensa de las diferentes dependencias federales, con lo cual se concentraría toda la relación con la prensa desde “la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión”, es decir, la Secretaría de Gobernación.

Sobre esta medida, desde el Colectivo #MediosLibres hemos señalado que “puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva” y “puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública”.

Aunado a ello, no se puede dejar de lado las conferencias matutinas que da el presidente todos los días en Palacio Nacional que, si bien a diferencia de su antecesor es un cambio notorio de la relación con la prensa, también es una manera de imponer la agenda informativa que desde la Presidencia de la República interesa. Así, el único rostro visible del Gobierno de México es la de López Obrador.

En transparencia: cumplir con la ley

En materia de transparencia y acceso a la información, se anunció que “se transparentarán las nóminas del Gobierno Federal”, así como “los bienes de los funcionarios”.

Hay recordar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla como una obligación de transparencia, la publicación de “la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, así como el publicar “la información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen”.

Es decir, el reto del Gobierno entrante estará, básicamente, en cumplir con lo que ya establece la Ley General de Transparencia y, en el caso de las declaraciones, en que sean escasos los servidores públicos que reserven sus datos.

Sin embargo, algo que ha prendido las alertas en las organizaciones especializadas en materia de transparencia, son las versiones que han circulado sobre la posible intentona del Gobierno Federal de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Si bien el Instituto tiene deficiencias en su labor y varias áreas de oportunidad, es uno de los órganos autónomos diseñados en los últimos años que mejor se han posicionado y ha tenido un papel importante en la apertura de información de interés público. Su desaparición, que el propio López Obrador ha descartado por el momento, representaría un retroceso en materia de derecho de acceso a la información pública. Esperemos que el INAI no corra con la misma suerte que se plantea para el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).

Libertad de expresión: el conflicto con la prensa fifí

Finalmente, López Obrador se ha comprometido a respetar la libertad de expresión. “Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”, ha señalado en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.

Si bien, aún es muy temprano para poder hacer una evaluación sobre este rubro, sin embargo, las descalificaciones hechas en el periodo de transición para referirse a algunos medios críticos como “prensa fifí”, o referirse hacia las mujeres periodistas como “corazones, corazoncitos”, ponen en evidencia el desdén que puede tener el presidente hacia prensa. Esperemos no aparezca pronto el famoso “son fake news”.

Por cierto, no se puede dejar de lado la incorporación de personajes como Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez y Ricardo Salinas Pliego, al Consejo de Empresarios que asesorará al presidente. La cercanía de las televisoras con el poder no siempre resulta tan buena, por ejemplo, el sexenio del telepresidente del que venimos saliendo.

Por lo mientras, querid@ lector/lectora, pase usted felices fiestas y un muy buen año nuevo, recargue las pilas, que la cuarta transformación apenas empieza. Nos reencontramos el próximo año.

1 COMMENT

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.