Víctima de parto fortuito espera sentencia en El Salvador

Víctima de parto fortuito espera sentencia en El Salvador

Sonia Gerth | Cimac noticias

Imelda tiene 20 años de edad, fue víctima de abuso sexual y cuando dio a luz a una niña fue acusada de tentativa de homicidio, por lo que desde hace año y medio permanece privada de la libertad y su caso será analizado por un juzgado en Usulatán, en El Salvador el próximo 12 de noviembre.

“Las 17”, un colectivo que se dedica a la defensa de mujeres injustamente condenadas por aborto, informó en su página web que Imelda vivía en situación de pobreza en Jiquilisco, un municipio rural ubicado en el departamento de Usulután, El Salvador.

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Foto tomada de CEJIL

Desde los 12 años, dice el colectivo, vivió violencia sexual por su padrastro de 70 años. En 2016, presentó un embarazo producto de esta violencia. Imelda relató que el 17 de abril del año 2017, fue a una letrina, momento en el que sintió que expulsó algo, sin saber qué, inmediatamente se vio sangrando y, a raíz del dolor, gritó a su madre por ayuda quedando inconsciente.

La madre de Imelda se auxilió de una vecina y, con su ayuda, la trasladaron al Hospital Nacional de Jiquilisco. Sufrió un parto fortuito (extrahospitalario), su hija sobrevivió, y sin embargo la Fiscalía General de la República la acusa de homicidio agravado en grado de tentativa. Ella se encuentra privada de libertad desde abril del 2017.

El colectivo “Las 17” narró que mientras Imelda era atendida, el personal de salud la interrogó sobre su parto extrahospitalario. Una médica de turno avisó a la Policía Nacional Civil e Imelda quedó detenida en el hospital. Imelda se expone a una sanción penal de hasta 20 años de cárcel.

La defensa legal de Imelda dijo que en su proceso judicial han ocurrido una serie de violaciones a sus Derechos Humanos y al debido proceso. Por ejemplo, se le dictó prisión preventiva sin tener justificación legal. En nueve ocasiones se le canceló y reprogramó el peritaje psicológico porque no había recursos para realizarlo. Ante la falta de peritaje, la audiencia preliminar se suspendió en siete ocasiones.

En la audiencia preliminar, el 3 de septiembre del presente año, el juez responsable decidió continuar con el proceso sin considerar la violencia sexual sufrida por Imelda, no aceptó que se incorpore la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y la violación, y tampoco admitió una medida sustitutiva a la prisión.

La defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Morena Herrera, reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) por no cumplir su rol constitucional, al no presentar pruebas de cargo y descargo en este caso.

También hizo un llamado de atención sobre la actuación de la procuradora de familia de Usulután, quien empleó un “terrible tono acusatorio” en contra de la joven. “La procuradora insistió en que para nada es importante como ha sido concebida una criatura, que siempre los padres están obligados a garantizar derechos la criatura”, narró Herrera.

La defensa de Imelda argumentó que no había ningún elemento probatorio que demostrara la existencia del dolo por parte de la imputada, más bien ella llegó al hospital con mal estado de salud, argumentó Alejandra Romero, del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana, quienes representan a Imelda.

Citó dos exámenes médicos de descargo que reconocen que ella no se realizó ninguna acción para provocar el parto, y que la recién nacida estaba saludable y no contó con rasgos de mayor intento de que alguien la haya querido matar.

A pesar de toda la prueba de descargo presentada por la defensa, el juez basó su decisión en prejuicios y estereotipos de género, descartando el principio de inocencia reconocido en la Constitución de la República, lamentó Romero, y agregó: “Lo único bueno es que se excluyó como testigo a Pablo Henríquez, el agresor de Imelda.”

“No podemos atribuir la culpabilidad a la imputada por el simple hecho de ser mujer que puede procrear”, concluyó Romero, “el sistema judicial violenta su derecho a la presunción de inocencia y le otorga la culpabilidad de un delito que no existe”.

El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Actualmente, al menos 27 mujeres permanecen encarceladas a causa de la prohibición total del aborto, según Amnistía Internacional.

El Colectivo “Las 17” ha presentado el caso de 17 mujeres, entre ellas Imelda, que vivieron en situación de pobreza, tuvieron problemas obstétricos, y fueron procesadas por homicidio agravado.

*Foto de portada tomada de Amnistía Internacional

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