Clausura simbólica de Fiscalía. 13ª Marcha del Orgullo LGBTI Puebla
Foto: Leo Herrera

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Para ser atendido en la Unidad de Atención Temprana (UAT) de la Fiscalía General del Estado (FGE) hay que esperar en promedio dos horas. Esta cifra es resultado del Monitoreo Ciudadano en Agencias realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y México Unido contra la delincuencia.

El estudio se hizo entrevistando a 944 víctimas de delito en las unidades de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, Delitos Sexuales y en de Atención Temprana Metropolitana.

El tiempo de espera del primer contacto en la Unidad de Atención Temprano es el más alto, con un promedio que supera las dos horas, mientras que en la de robo de vehículo es de una y en delitos sexuales de más de 40 minutos.

En cuanto al tiempo total de atención la unidad con más fallas es la de Delitos Sexuales, con un promedio de más de cinco horas para interponer la denuncia, mientras que la de robo de vehículos resulta ser la más ágil, con un promedio de media hora, y la de atención temprana de más de 90 minutos.

El monitoreo de la percepción ciudadana de las víctimas de delitos in situ reveló además de los extensos tiempos de espera y atención, que hay falta de personal ministerial especializado y de asesores jurídicos, revictimización de los denunciantes, poco personal ministerial y no se da a los denunciantes información básica desde el inicio de apertura de la Carpeta de Investigación (CDI) y durante todo el proceso de la denuncia.

En el informe del Consejo Ciudadano destaca también la percepción de la ineficiencia del sistema de recuperación de vehículos robados y la constante de los trabajadores de la FGE de pedir dádivas a cambio de dar los servicios.

A muchas de estas conclusiones llegó un análisis del Observatorio Ciudadano del estado de Puebla (IGAVIM), parte de la Red Nacional de Observatorios, que evidencia la falta de personal en las agencias del Ministerio Público y sobre todo en municipios alejados de la capital.

El tema de la falta de asesores jurídicos, figura a la que en teoría tienen que acceder las víctimas de manera gratuita desde de la aprobación de la Ley General de Víctimas, fue denunciado previamente por el colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, en la que en ninguno de los casos de las 13 carpetas de investigación iniciadas por la desaparición de 20 personas les habían asignado un asesor jurídico.

Las fallas de la FGE derivaron ya en tres Acciones Urgentes por parte de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU y recomendaciones directas a las autoridades poblanas. Entre las solicitudes de las Naciones Unidas a la Fiscalía está el que informe de manera oportuna y permanente a las familias, víctimas indirectas, de los avances y resultados de las investigación, cosa que no había hecho.

Investigaciones lentas y sin avances

La Fiscalía no sólo salió mal evaluada en cuanto a la atención a usuarios, sino también en las investigaciones de los delitos. De acuerdo con el estudio “Carpetas de investigación iniciadas vs. concluidas”, hecho por el Observatorio Ciudadano del estado de Puebla IGAVIM, ni siquiera el 10% de las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas se concluye en un plazo de más de dos años.

El estudio del IGAVIM analizó las CDI iniciadas por diez delitos: homicidio culposo, doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación. En el periodo de dos años y medio el total de carpetas iniciadas por estos diez ilícitos fue de 81 mil 323, y sólo 4 mil 518 se habían concluido al 20 de agosto. Esto revela que sólo 5.56% de las denuncias se habían resuelto en dos años y medio.

De enero de 2016 a junio de 2018 se iniciaron 2 mil 025 CDI por el delito de homicidio doloso, que resultaron en 23 sentencias: apenas 3.6% de las investigaciones fueron concluidas, de acuerdo con datos del IGAVIM obtenidos vía transparencia.

Los delitos con mayor avance en cuanto a la conclusión de carpetas por sentencias son las violaciones, con 13.06%; los robos a transeúnte, con 16.37% y los homicidios culposos, con 17.03%

El ilícito que tiene menos avances en sus investigaciones en Puebla es el robo con violencia, con apenas 1.27% de sentencias del total de las denuncias interpuestas, seguido del homicidio doloso con 3.6%, extorsión, con 5.6%, robo de vehículo con 6.72%, robo a casa habitación con 7.84% y robo a negocio con 8.79%.

El estudio del IGAVIM concluye que uno de los principales problemas causantes de la lentitud en las investigaciones de la FGE son las malas condiciones laborales de sus trabajadores, porque aunque hagan su máximo esfuerzo y tengan un buen desempeño los resultados son deficientes.

Juan José Hernández, integrante del Observatorio, explicó en entrevista que al preguntarle a la FGE cuáles son los gastos que se generan desde que se inicia una CDI hasta la conclusión de la investigación, la respuesta es que se desconoce. Eso, dijo, es muy delicado porque al final del día no existe un monto económico en la planeación de gastos y al no ser esto claro se traduce en que no se alcanzan las metas de resolución de delitos ni se entreguen los recursos necesarios a cada área.

Hernández dijo que se debe partir de si existe una planeación adecuada y una repartición correcta de recursos, que posteriormente se viera reflejada en la rendición de cuentas. Sin embargo esto también repercute en algunos municipios y agencias del Ministerio Público con falta de presencia o personal, que es uno de los factores principales que detiene o limita el avance de las carpetas de investigación.

Tanto el monitoreo del Consejo Ciudadano como la investigación del Observatorio van de la mano y finalmente reflejan que lo que pasa in situ y lo que pasa dentro de la FGE están derivando en lo mismo: falta de atención a usuarios y una lenta impartición de justicia.