Sumamos pide al Congreso reforma electoral y ley de designaciones

Sumamos pide al Congreso reforma electoral y ley de designaciones

Necesario flexibilizar candidaturas independientes en Puebla; urgen a transparentar los fideicomisos y la deuda oculta de Moreno Valle

Tomada de facebook.com/EnriqueCarSanchez/

Integrantes del Movimiento Sumamos, encabezados por el economista Enrique Cárdenas Sánchez, presentaron ante el Congreso del estado propuestas para emprender reformas político-electorales que faciliten las candidaturas independientes.

También solicitaron la implementación de una segunda vuelta electoral en la elección de gobernador y presidentes municipales, y la creación de una ley de designaciones que regule el nombramiento de titulares de los organismos públicos autónomos de la entidad, que deberán de surgir de propuestas hechas por las principales universidades y las organizaciones de la sociedad civil de Puebla, con una metodología transparente, eliminando las cuotas partidistas en dichos nombramientos.

Respecto a flexibilizar las candidaturas independientes en el estado, Sumamos propuso a los diputados poblanos legislar considerando las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hacer razonablemente posible el cumplimiento de los requisitos en la nueva ley.

Esta reforma debe incluir, entre otras modificaciones, que el número de apoyos ciudadanos sea no mayor al uno por ciento de la lista nominal y el plazo para obtenerlos, no menor a 120 días o su equivalente en menor tiempo.

Asimismo, manifestaron a los legisladores locales la necesidad urgente de que se le dote de verdadera autonomía a la Auditoría Superior del Estado y que su titular sea nombrado por el Congreso de entre una terna propuesta por las principales universidades y organizaciones de la sociedad civil de Puebla.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado, Cárdenas Sánchez y Sumamos, propusieron realizar una reforma que la independice del Poder Ejecutivo y a su vez la dote de contrapesos institucionales que impidan ocurra en ella un ejercicio autoritario de su poder; también se debe incluir formas de nombramiento del fiscal que aseguren la no politización, así como los mecanismos de destitución en caso de ser necesario, el establecimiento de un servicio profesional de carrera y una oficina de asuntos internos también autónoma del propio fiscal.

Transparentar todos los fideicomisos

Sumamos también propuso modificar el Presupuesto y la Ley de Deuda Pública para impedir que nuevamente el Ejecutivo endeude al estado, bajo cualquiera de sus modalidades, sin la aprobación expresa del Congreso y en cumplimiento de los preceptos constitucionales sobre la materia.

Investigar y llevar a cabo las acciones correspondientes para corregir la legalidad y contratos onerosos con el dinero público y en su caso, presentar ante la justicia a quien pudiera ser responsable de desvío de recursos públicos, entre otros, en casos como los del fideicomiso secreto y sus contratos.

Se deben transparentar los contratos de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), poniendo énfasis en los sobrecostos de la construcción y mantenimiento del Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) y la plataforma de la planta de Audi; así como la relación del gobierno del estado con los desarrolladores de las obras y la empresa que administra el fideicomiso.

Pidieron también revisar la póliza de seguro contra desastres naturales contratada por el gobierno del estado, cuyo costo fue de 18 millones 276 mil dólares (según se dijo en el sexto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle), pero su cobertura es de 30 millones de dólares; llamaron a transparentar la concesión y construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, las concesiones de las carreteras de cuota del estado y la concesión de agua potable de la Ciudad de Puebla.

Asimismo, pidieron asegurar que las autoridades competentes presenten ante la justicia a los autores materiales e intelectuales que cometieron, directa o indirectamente, los delitos del fuero común perpetrados el pasado 1º de julio en 70 casillas electorales, tales como homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo, daño en propiedad ajena y los demás delitos que resulten de las investigaciones.

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