Ser madre en las cárceles guatemaltecas

Ser madre en las cárceles guatemaltecas

La salud de las mujeres embarazadas que permanecen en las cárceles de Guatemala es un tema olvidado. La falta de personal médico para atenderlas es una constante. Las historias de Wendy y Leticia nos permiten conocer el panorama de la situación a la que se enfrentan estas mujeres.

Angélica Medinilla | Distintas Latitudes

La cárcel de Puerto Barrios luce como un campamento. Este penal de baja peligrosidad está rodeado por paredes de concreto. Unas láminas sostenidas por palos de madera cubren las camas, hamacas y muebles de los reclusos. El piso es de tierra. Lo único que delimita la separación que hay entre el sector de hombres y mujeres es una malla. A un lado del área donde están recluidas las mujeres, se encuentran las oficinas administrativas y la enfermería, que son los únicos cuartos de concreto.

Hace cuatro años, en 2014, Wendy, una mujer de ocho meses de embarazo permanecía presa en esta cárcel que se encuentra en Puerto Barrios, Izabal en la región nororiente de Guatemala. Era la mañana del 25 de abril y ella, quien fue detenida por el delito de extorsión dos días antes, empezó a sentir malestares. En la prisión sólo se encontraba la enfermera de turno, Oneida González, quien recuerda que la reclusa se quejaba de dolores intensos por lo que le dio una pastilla de acetaminofén. Unas dos horas después, la mujer regresó a la enfermería y pidió ser trasladada a un hospital.

Según la ley del sistema penitenciario de Guatemala, el juez que lleva cada caso se encarga de autorizar los traslados a hospitales, esto ocurre una vez se haya cumplido el protocolo de evaluación por el médico del centro carcelario y por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En casos de emergencia, el director del penal puede dar la autorización de traslado con la única evaluación del doctor dentro de la cárcel.

Pero en  el centro carcelario de Puerto Barrios no había ningún médico. La enfermera notificó al director sobre la situación. Tampoco había un vehículo para llevar a la mujer al hospital; un guardia de la cárcel prestó su automóvil. Entre tanto, las horas seguían pasando. González recuerda en entrevista para Distintas Latitudes que la mujer se quejaba de dolores y decía sentir una bola en la vagina, creía que era la mano de su bebé.

Finalmente, la reclusa ingresó al hospital cerca de medio día. Los médicos le practicaron una cesárea de emergencia. Su bebé nació, la nombró Damaris Itzayana. Pero la bebé falleció tres días después. El acta de defunción certifica tres causas de la muerte: hemorragia pulmonar, enfermedad de la membrana hialina y por prematura. Y empezaron los cuestionamientos en el hospital: ¿Por qué su madre no fue trasladada a tiempo? ¿Quién estaba a cargo del centro penal?

El Ministerio Público (MP) inició la investigación. En ella acusa al director, rectora y enfermera del centro carcelario por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, omisión de auxilio y violencia psicológica. A pesar de la existencia de una investigación en su contra, González, la enfermera, seguía trabajando en esta cárcel.

Será en octubre de este 2018 cuando el juez Jesús Felicito Mazariegos conocerá las pruebas recabadas por la fiscalía.

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Durante los últimos dos años, Axel Romero, viceministro de prevención de la violencia del Ministerio de Gobernación (Mingob) ha visitado las cárceles del país para verificar la atención a madres y menores: “La situación en los centros carcelarios es grave porque todos están sobrepoblados. En las cárceles departamentales no hay guarderías, sólo módulos especiales donde habitan las madres con sus hijos, pero no tienen ningún tipo de acondicionamiento o de atención diferenciada”. El viceministro dijo durante entrevista con Distintas Latitudes que el plan es empezar cubriendo las necesidades en la ciudad, donde se encuentra la mayor cantidad de menores dentro de las prisiones y posteriormente con los penales en los departamentos del país.

En el país existen 23 centros carcelarios a cargo del Sistema Penitenciario, uno de ellos está inhabilitado. Son 2, 622 mujeres las que están privadas de su libertad en estas cárceles, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario a Distintas Latitudes en respuesta a una solicitud de acceso a la información emitida el 9 de mayo de este 2018.

Romero cree que el Sistema Penitenciario ha dejado rezagada la rehabilitación de los reos. “El Sistema Penitenciario está tratando de lidiar con lo urgente que es el control de los centros carcelarios. Se ha ido olvidando de otras competencias como la rehabilitación. Ahora estamos buscando un fortalecimiento en los equipos multidisciplinares para completar el personal dentro de todas las cárceles porque definitivamente la atención médica es clave para tener una dignificación”, asegura.

Según datos del Sistema Penitenciario, proporcionados a Distintas Latitudes hasta mayo de 2018, sólo seis de los 11 centros carcelarios departamentales tenían un médico. En la cárcel de Puerto Barrios siguen sin contar con un doctor actualmente.

Solicitudes de transparencia

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Leticia permanece recluida en el centro carcelario capitalino de Santa Teresa desde 2016, está acusada de haber cometido el delito de extorsión. Su caso se encuentra en etapa intermedia. Ella dice que han retrasado varias audiencias por la ausencia de otras personas acusadas en el mismo proceso judicial. La detuvieron cuando tenía 32 años y seis meses de embarazo. Durante la etapa de gestación tuvo algunas complicaciones —náuseas, sangrado de nariz, dolores de cabeza— debido a que, según dice, en las requisas es normal que los guardias penitenciarios lancen gas lacrimógeno. Leticia relata que, durante los dos meses restantes de su embarazo, tuvo que dormir en el suelo, con poco espacio para movilizarse.

El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, dijo en entrevista a Distintas Latitudes que los agentes pueden utilizar gases si encuentran resistencia de los reclusos durante las requisas. Pero dice que no lo aplican de forma frecuente. No llevan un control sobre en cuántos operativos han autorizado el uso de gases.

El centro preventivo de Santa Teresa, ubicado en la ciudad, es de baja seguridad. Esta cárcel fue creada para reclusas en prisión preventiva, pero también se encuentran algunas que cumplen una condena. En Guatemala, desde hace diez años, dejó de existir una separación de reos en prisión preventiva y los que cumplen condena debido a la sobrepoblación generalizada en todas las cárceles. El Sistema Penitenciario registra que Santa Teresa tiene una capacidad para 250 personas, pero había 1,511 reclusas hasta el cuatro de mayo de este 2018.

Por la sobrepoblación, las mujeres no reciben visita conyugal, quedar embarazada dentro del penal está prohibido. Aunque la ley del Sistema Penitenciario no veta este derecho, en Santa Teresa sí es una norma. En el Centro de Orientación Femenina (COF), una cárcel ubicada en el municipio de Fraijanes de ciudad Guatemala, las mujeres reciben visita conyugal una vez por semana.

Durante una visita que hice en junio de 2017  a la clínica Santa Teresa pude ver que no cuentan con todos los insumos. Tienen algunas medicinas básicas: acetaminofén, ibuprofeno, aspirinas. La ginecóloga llega tres veces por semana para dar consultas especializadas y realizar exámenes como el Papanicolau. Hay un médico en horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Una enfermera es la única que permanece en el centro las 24 horas. El doctor de Santa Teresa puede atender entre 40 o 50 reclusas por día. Eso quiere decir que le dedica menos de 15 minutos a cada una. Él también se encarga de llevar el control prenatal. Además, atiende las emergencias médicas en el Anexo B, la cárcel aledaña. Los médicos del Sistema Penitenciario están subcontratados, por lo que no tienen prestaciones, ni seguro de vida.

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El bebé de Leticia fue prematuro. Faltaba un mes y medio para la fecha estimada de su parto. Ella recuerda que en los controles durante su embarazo el médico de la cárcel le decía que todo estaba bien. Pero cuando la trasladaron de emergencia al hospital Roosevelt, el doctor del nosocomio le mencionó que tenía bajo el nivel del líquido amniótico.

La ginecóloga Miriam Montejo, especialista del Centro Médico, con 30 años de experiencia, explicó a Distintas Latitudes que este líquido protege al bebé, proporciona una temperatura estable y permite la libre circulación de fluidos, necesarios para el normal desarrollo de los pulmones. Cada control tarda en promedio 30 minutos. Según la especialista, el ginecólogo debe medir la altura del fondo uterino con cinta métrica, llevar un registro para asegurar que el crecimiento es correcto y que se incremente de forma gradual el fluido amniótico. Montejo menciona algunas de las consecuencias para los fetos que se desarrollan con poco líquido amniótico que pueden ocasionar contracturas de las extremidades y también hipoplasia pulmonar —significa que estos órganos no se terminan de desarrollar o son pequeños, el padecimiento puede ser mortal—.

En los centros carcelarios, según datos proporcionados  por el Sistema Penitenciario a Distintas Latitudes en el oficio No. 632-2018-EIPDGSP/JSLDP/cdcr, hasta el cuatro de mayo, vivían 109 menores de cuatro años en compañía de sus madres. De estos, 16 niños viven en cárceles departamentales. Los únicos penales que tienen un sector de guardería son Santa Teresa y el Centro de Orientación Femenino (COF). En los demás, no hay áreas destinadas al cuidado de los menores. En algunos centros ni siquiera tienen médico, sólo enfermera(o).

Desde que nació su hijo, Leticia vive en la guardería. Dejó de dormir en el suelo, ahora duerme en una litera. El área es un salón de aproximadamente 300 metros cuadrados. Por dentro, el espacio se divide en recintos, que simulan habitaciones donde no hay más espacio que para una cama y una litera. Usan cortinas como puertas, Leticia la abre: “Aquí vivo yo”, dice. Una mujer duerme con su bebé en el cuarto. El espacio es tan reducido, que debe pasar por encima de la cama de la mujer para subir a la litera. Pero Leticia asegura que es mejor estar en la guardería que en los otros sectores. “Allá dormíamos cinco personas en un espacio igual”.

En el área de guardería, para el cuatro de mayo, había 71 niños con sus madres. Según datos proporcionados por el Sistema Penitenciario en el oficio citado, la capacidad de la guardería de Santa Teresa es para 62 mujeres acompañadas por sus hijos.

Dentro de la cárcel de Santa Teresa, los niños se recrean en un kiosko con juegos plásticos: casas de juguete, columpios, resbaladero, sube-baja. Los familiares de las privadas de libertad en la guardería son recibidos en esta área. Las reclusas colocan mesas y sillas plásticas que alquilan a otras compañeras para sentarse a conversar durante el tiempo de visita.

Leticia planea quedarse con su hijo hasta que salga de la cárcel o el menor ya no pueda permanecer junto a ella. El delito de extorsión tiene una condena de tres a ocho años de cárcel.

“Con el bebé conmigo, me mantengo ocupada. No siento tan largo el día, en cambio antes no hacía nada. Me la pasaba deprimida”, argumenta Leticia.

Su hijo de nueve años y su madre llegan a visitarla cada miércoles. “Yo sé que estar en la cárcel no es el mejor lugar para un niño, pero mi esposo también está detenido en el Preventivo. Mi mamá no puede hacerse cargo de los dos, ya tiene a mi hijo mayor con ella”, reconoce Leticia.

Sin embargo, la ley del Sistema Penitenciario establece que los menores sólo permanecen con sus madres hasta los cuatro años. Después deben ser reunificados con sus familiares, en caso no tuvieran, el Estado entra a hacerse cargo. Según estadísticas del departamento de trabajo social del Sistema Penitenciario consultadas vía acceso a la información pública, en los últimos cinco años, ningún niño ha sido institucionalizado o dado en adopción. Los tres menores que salieron este año fueron reunificados con familiares.

El modelo de atención a menores

En 2016, el viceministerio de prevención del Ministerio de Gobernación emitió el acuerdo 64-2016 que coloca en papel el “Modelo institucional de atención a niñas, niños y adolescentes vinculados a personas privadas de libertad y guardias penitenciarias”.

Este modelo fue impulsado por el Colectivo Artesana, una organización que trabaja proyectos para mejorar las condiciones de vida de los reclusos y sus hijos. El año pasado se llevaron a cabo mesas de trabajo interinstitucionales con las entidades encargadas de velar por la atención de los menores en las cárceles. Pero el proceso para implementar el modelo todavía está en fase inicial. Este acuerdo contempla acciones específicas para la atención a las mujeres privadas de libertad, a niños, niñas y adolescentes vinculados a familiares privados de libertad y de las guardias penitenciarias mujeres, atendiendo al mandato de la convención de los derechos del niño y de las reglas de Bangkok —el cual incluye setenta reglas de las Naciones Unidas creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas—. Una de estas reglas menciona que los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado teniendo en cuenta las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con niños.

Sin embargo, las autoridades en la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (Sosep) desconocían este modelo. Según explicó  Julia Gálvez, subdirectora de Hogares comunitarios en entrevista con Distintas Latitudes, la anterior directora trabajó este proyecto de la mano del Colectivo. Pero desde su renuncia a finales de 2016, no se han tenido mayores avances en el tema. La Sosep, según el artículo 52 de la ley del Sistema Penitenciario, deberá crear los centros de abrigo y velará por la educación de los hijos, de madres reclusas, mayores de cuatro años, cuyos parientes dentro de los grados de consanguinidad no puedan hacerse cargo de ellos.

En 2017 fueron retomadas las acciones con el fin de dar seguimiento al acuerdo ministerial 64-2016. Para los próximos meses, el viceministro de Gobernación, Axel Romero, tiene como objetivos lograr la unificación de mesas interinstitucionales de trabajo conjunto con las instituciones a cargo del cuidado de menores en las cárceles, la firma de un acuerdo con la Sosep para lograr la alimentación y el cuidado de los niños. Además, la construcción de espacios de atención a madres y sus hijos en las cárceles de Zacapa y Cobán.

Las políticas siguen en papel. El acuerdo con la Sosep y la construcción de los espacios aún no se concreta. Mientras tanto, las madres en las cárceles sobreviven sin los controles del embarazo, en espacios inadecuados para cuidar de sus hijos y costeando la alimentación de los niños por medio de donaciones o con ayuda de sus familiares.

Este reportaje es parte de la serie final de la 2da generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.

*Ilustraciones por Alma Ríos

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