La agenda conservadora rebasa a la anticorrupción en Guatemala

La agenda conservadora rebasa a la anticorrupción en Guatemala

Guatemala vive otro episodio que enfrenta a la CICIG con un presidente en turno. El país urge medidas para enfrentar la corrupción. En este contexto, una iniciativa de ley que amenaza derechos de mujeres y LGBTI+ se abre camino y se perfila para ser aprobada en septiembre.

Diego Perez Damasco | Distintas Latitudes 

Luego de años de jugar un papel crucial en la lucha contra la corrupción en tierras chapinas, el 31 de agosto de este 2018 el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue crucial en la caída y posterior encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina. Al presidente de la CICIG, el colombiano Ivan Velázquez, se le ha negado el acceso a territorio guatemalteco por razones de “orden y seguridad pública”. Esto ocurre en momentos en que el propio Morales corre riesgo de un juicio y el país urge medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. No obstante, de entre todos los proyectos de ley atorados en el Congreso, sólo una iniciativa se perfila con posibilidades de ser aprobada en lo inmediato: la ley de “Protección a la Vida y la Familia”.

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Foto tomada de La Prensa

Dicha ley, se trata de una iniciativa que pareciera un “combo” contra todo lo que los sectores conservadores han designado como “ideología de género”: en un mismo texto se aumentan las penas para las mujeres y médicos que realicen abortos, se prohíbe hablar sobre aborto en espacios públicos, se confirma la prohibición al matrimonio igualitario y se especifica que esta institución se reserva para hombres y mujeres “así nacidos”, y también se recluye la educación en sexualidad exclusivamente al ámbito familiar.

Pese a esto, la iniciativa número 5272 (Ley de Protección a la Vida y la Familia) es una ley que nacería muerta: sus contenidos son tan inconstitucionales que fácilmente se vendrán abajo, consideran organizaciones como Visibles, Incide Joven y Congreso Transparente. No obstante, mientras la discusión sobre este proyecto, muy popular y con amplio apoyo ciudadano, está sobre la mesa, la negociación que iría en línea con el contexto inmediato del país y las señales que da la salida de la CICIG está quedando de lado, pero ¿es casual? ¿Hay una intención específica para que sea este escenario el que prevalezca?

CORTINA DE HUMO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Ángel Ramírez, director del proyecto Congreso Transparente, considera que para entender el avance de la Ley de Protección a la Vida y la Familia es importante tener en cuenta dos datos: la baja cantidad de proyectos de ley que se han aprobado en el congreso guatemalteco en los últimos tres años, y la cantidad de diputados que no podrían reelegirse si no se reforma la ley de transfuguismo, la cual castiga a los políticos que cambian de partido una vez que han sido electos.

“La iniciativa de ley de protección a la vida y la familia, es básicamente un proyecto que se está manejando como una plataforma para demostrar que existe discusión y que existe posibilidad de aprobar algo dentro del Congreso. Hace algunas semanas en el Congreso muchos de los diputados dijeron estar en huelga de aprobar cualquier iniciativa de ley, porque no se aprueba la iniciativa que modifica la ley de transfuguismo. Hay 77 diputados (de 158) no podrían salir reelectos si esto no sucede, y quieren modificarla a como dé lugar”, dijo Ramírez a Distintas Latitudes.

En 2016 se aprobaron 38 decretos legislativos con corte al 21 de agosto, en 2017 esa cifra bajó a 12 en la misma fecha, y subió ligeramente a 15 en 2018, algo sin precedentes en un tercer año de legislatura, según los datos de Congreso Transparente. Para Ramírez, los Congresistas en este momento buscan demostrar que sí están trabajando, con la aprobación de una ley que, en su opinión, refleja el sentir del pueblo guatemalteco.

Esta teoría cobra relevancia al comparar las similitudes entre las agrupaciones políticas que están moviendo ambas iniciativas: en ambos casos se trata del partido oficialista, Frente de Convergencia Nacional, el Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana, con excepción de las diputadas mujeres que se han negado a apoyar este proyecto de ley. “Pero el número de mujeres en el Congreso es bastante bajo, entonces eso no cambiaría mucho las fuerzas”, acotó Ramírez.

El Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana son partidos que nacen del ex Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, que se encuentra preso, y del partido Líder, del excandidato presidente Manuel Baldizón, quien está preso en Estados Unidos. De acuerdo con Ramírez, esta base de diputados necesita reelegirse para mantener su inmunidad.

“Aquí también hay que resaltar que el partido oficialista tiene muchísimas cosas en contra. Tiene un proceso antejuicio contra el presidente, tienen que negociar el presupuesto del próximo año, gran parte de su bancada son diputados tránsfugas, y eso determina muchísimo la forma en que ellos se comportan a lo interno del Congreso, porque hay muchas cosas que tienen que negociar, y no tienen la capacidad para llegar a los acuerdos necesarios”, dijo Ramírez.

UNA LEY INCONSTITUCIONAL, PERO PELIGROSA

La iniciativa de Ley de Protección a la Vida y la Familia no deja de plantear serios riesgos para la defensa de los derechos humanos en Guatemala.

Luis Eduardo Barrueto, presidente de la organización LGBTI+ Visibles, considera que, además de los elementos que se están negociando por detrás, esta iniciativa se introdujo con conocimiento de causa de potenciales avances en materia de derechos humanos que podrían darse en el país, a raíz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a los estados de la región a regular el matrimonio igualitario.

Por su parte, Kendra Avilés, de la organización Incide Joven, que trabaja derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, expresó su preocupación por el debilitamiento de los derechos de las mujeres que implicaría esta iniciativa, además de lesiones a la libertad de expresión y de asociación.

“En Guatemala actualmente sólo se permite el aborto terapéutico, y ninguna otra causa más. Sin embargo, lo que hace esta iniciativa es aumentar las penas para las mujeres y para los médicos que practiquen abortos”, dijo Avilés a Distintas Latitudes.

Sobre la prohibición a hablar en público sobre aborto, Avilés cree que “para ellos (quienes promueven el proyecto de ley), el hablar de estos temas provoca que otras mujeres aborten, cuando es todo lo contrario: las personas tenemos derecho a tener información, o podemos tener el derecho a decir que queremos la despenalización, o que no”.

Barrueto y Avilés coinciden con Ramírez en que esta iniciativa tiene múltiples agujeros que evitarán que entre en vigor, ya sea por acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial o llevándose ante organismos internacionales. Esa es la estrategia de contempla Visibles.

“En caso de que todo esto fracasara, es una situación que permitiría hacer un litigio contencioso para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que es un asunto que lleva las de perder. Sin embargo, el hecho que lo estén retomando en este contexto parece que es parte de una estrategia más amplia de restricción de derechos, que podemos ver, por ejemplo, en la propuesta de una ley para controlar y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, y también de reformar la ley de reconciliación nacional para impedir investigar abusos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado”, dijo Barrueto a Distintas Latitudes.

No obstante, en un parlamento fragmentado, con 13 bancadas distintas, y un complejo contexto político, Ramírez está convencido de que esta iniciativa es la que más tiene posibilidades de ser aprobada en el corto plazo, frente a cualquier otro proyecto de ley.

“Es muy probable que se esté aprobando la próxima semana, con alguna posibilidad que se atrase por el tema del antejuicio del presidente. Pero no pasaría de setiembre sin que se apruebe, y sospecho que van a usar el discurso nacionalista del 15 de setiembre para levantar esta discusión”, dijo Ramírez.

“Realmente es muy fácil que esa ley [se apruebe, pero] no entre en vigor, porque tiene muchas inconstitucionalidades. Pero el asunto de fondo en el Congreso no es que esto entre en vigor, sino es demostrar que existe voluntad para trabajar. Estamos discutiendo un tema que va a morir, y que no está quitando el foco de los puntos neurálgicos de la lucha anticorrupción dentro del Congreso”, concluyó.

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