Yucatán es uno de los diez estados donde las mujeres sufren más agresiones.

Andrea Vega | Animal Político

@EAndreaVega

Martha estuvo tres horas refugiada en la escuela, aterrada y sin saber qué hacer. Al director de la primaria donde estudia su hija le dijo que no podía volver a su casa porque su esposo la iba a matar. A las 5 de la mañana de ese día, 5 de junio de 2018, el hombre le había dado una golpiza. Fue por un cuchillo. Iba a asesinarla. Una de las dos hijas de ambos empezó a suplicar que no le hiciera daño a su madre, eso lo detuvo.

La mujer trató de seguir la rutina y preparó a la niña, de siete años, para llevarla a la escuela. Con ese pretexto logró salir de la casa. Cruzó la puerta de la vivienda pensando escapar, junto con su otra hija de cuatro años, pero no supo adónde ir. Para donde volteara solo había monte y un callejón con una hilera de casas humildes. La última era la suya. Lo único que se le ocurrió fue encaminarse a la primaria y refugiarse ahí.

Después de tres horas de buscar una opción para ayudar a la mujer, el director de la escuela llamó a la asociación civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN). Le dijeron que ahí la ayudarían. Liria May, coordinadora del Centro, tomó el caso. Durante días acompañó a Martha a la fiscalía y a diversas instancias buscando ayuda.

Las autoridades las trajeron dando vueltas. No les dieron ninguna solución, ni siquiera emitieron una orden de protección. Cansada de ir y venir, sin dinero ni trabajo ni vivienda propia, Martha, de 38 años, tuvo que regresar con el marido.

La estadística oficial del INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) registra que Yucatán es uno de los diez estados donde las mujeres sufren más agresiones. La prevalencia es de 65.2%. La más alta es la CDMX con 78.4%.

Pero Liria May dice que ese porcentaje será la prevalencia promedio en todo Yucatán. En las comunidades que ella atiende: San Antonio Siho, en Halacho, y Maxcanú en la zona maya del sur de la entidad, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.

Casi ninguna obtiene justicia o protección por parte del Estado. A CADIN llegan unas 30 mujeres al mes, de ellas solo tres o cuatro deciden levantar una denuncia. Muchas prefieren ir con el juez de paz y conciliar. Otras solo buscan apoyo psicológico o algo que las reconforte: una sobada tradicional maya o digito puntura, servicios que también se dan en el Centro.

De las que han denunciado, “solo en dos casos hemos logrado el acceso a la justicia y ahora esas mujeres están separadas de sus exparejas, trabajan y son independientes”. En el primer caso, una abogada que entonces estaba de planta en el CADIN llevó todo el proceso y ganó. En el segundo, la mujer encontró trabajo y logró escapar del esposo.

El bajo índice de éxito cuando las mujeres denuncian violencia tiene un origen de discriminación por género pero también es una cuestión racista, dice Fátima Gamboa, abogada de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres. “A las autoridades no les importa lo que les pase a las mujeres indígenas. Les ponen un monto de pretextos y les hacen muchos engaños para no atenderlas. No le dan importancia al problema de la violencia. Creen que ellas tienen la culpa de eso”.

Los ministerios públicos que trabajan en el interior de los municipios de Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor. “No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni siquiera hablan español”, explica la abogada.

Pretextos y mentiras

El mismo día que el director de la escuela pidió apoyo para Martha, Liria May la acompañó al ministerio público de Maxcanú. Se levantó la denuncia, y nada más. El médico forense no estaba, así que la víctima no tuvo revisión. Tampoco se emitió una orden de protección para evitar más agresiones. “El fiscal nos dijo que la persona encargada de emitir esas órdenes no estaba y que volviéramos después”, cuenta Liria.

Martha no quiso irse a un refugio. Se fue a la casa de su papá. El esposo llegó en la noche hasta allí. Entró a la fuerza y volvió a golpearla. La mujer alcanzó a llamar al CADIN. Del Centro se comunicaron con la delegación de Halacho. Llegaron varios policías a la casa y se llevaron detenido al agresor.

En casos así, explica Gamboa, el ministerio público tiene 48 horas para vincular al acusado a proceso. Pero casi nunca terminan de hacer la investigación y no tienen todos los elementos para llevarlo ante el juez de control, así que lo terminan soltando.

May sabía eso, por eso llevó a Martha, al día siguiente, otra vez a la fiscalía para tramitar la orden de protección. Le dijo al ministerio público que el esposo había vuelto a golpear a Martha. “Y qué más quiere que hagamos –le respondió él–, la violencia es parte de la cultura de estas mujeres. Las golpean porque lo permiten. Cuántos años lleva aguantando violencia sin hacer nada”.

“Eso nos dijo el licenciado”, dice Liria. Fue cuando Martha le espetó: “sí, pero ya no quiero seguir aguantando”. No les dieron la orden de protección, ni ese ni los dos días seguidos en los que volvieron por el documento. “Nunca encontramos al supuesto responsable de emitirla”. Sólo se levantó una nueva denuncia.

Fátima Gamboa la abogada de Equis Justicia dice que es mentira que haya una figura responsable de emitir las órdenes de protección. “En el ministerio público los agentes investigadores o los fiscales que estén ahí tienen la competencia para dictarla. Solo que muchos no saben que pueden hacerlo ni cómo”.

Otra cosa que suelen decirles a las mujeres indígenas –dice Leticia Murúa, directora de Apis Sureste, Fundación para la Equidad, otra organización que apoya a víctimas de violencia– es que para obtener una orden de protección primero deben levantar una denuncia y también les piden que la solicite un abogado. “Ninguna de las dos son condicionantes”. La mujer puede solicitar una orden de protección de emergencia y la autoridad tiene que emitirla.

El idioma también es un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al ministerio público, dice Gamboa, les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que entienden español, entonces les dicen, ah, bueno, vamos a hacerlo todo en español”. Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor, tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde la central de Mérida.

Liria acusa que a las promotoras de justicia comunitaria o a las acompañantes de las asociaciones, los fiscales les prohíben hablar en maya con las mujeres. “Nos dicen que no estamos en la lista de traductores de la fiscalía y que entonces debemos hablar en español con ellas”. Eso también complica todo el procedimiento.

Lo que las mujeres indígenas encuentran en los ministerios públicos –resume Murúa– es una insensibilidad general. “Hasta les preguntan si están seguras de levantar la denuncia, les dicen que si ya lo pensaron bien, porque luego se arrepienten y los perdonan”.

Martha y Liria también fueron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de Halacho para tramitar la pensión alimenticia. La mujer estaba decidida a separarse del esposo. Pero ahí tampoco encontraron a la encargada de llevar el procedimiento. “Nos dijeron que solo está un día a la semana, pero no hay día fijo ni hora para encontrarla”, explica May.

Volver con el agresor

El esposo de Martha salió libre. Después de dos semanas, ella decidió volver a la casa con él. No tenía a dónde ir, en la de su papá vivían otras familias y no cabían ya. No tenía trabajo. “Decidió volver porque no tenía dinero para darle de comer a sus dos hijas. No podía llevar a la mayor a la escuela, no tenían donde vivir y ella apenas si habla español”, explica Liria.

Las mujeres aquí están atrapadas, resume, no tienen estudios. Las más grandes apenas acabaron la primaria. Las nuevas generaciones ya están llegando a secundaria. Pero se casan muy jóvenes. A los 15 años ya están casadas, empiezan a tener hijos y nunca tienen la oportunidad de buscar un ingreso propio.

No hay una política de Estado que busque modificar eso. “No se preocupan por ayudar a las mujeres a empezar un proyecto productivo para que puedan ganar su dinero y ser independientes. Acá muchas bordan, hacen hamacas, podrían trabajar en eso, pero no hay el apoyo. Las que están empezando a trabajar están entrando a las maquilas”.

A las mujeres indígenas el estado las deja muy solas. A los agresores se les asigna un defensor de oficio cuando los denuncian por violencia intrafamiliar, ellas, en cambio, no tienen acompañamiento legal. “Acá en el Centro no tenemos una abogada de planta que le dé el seguimiento a todos los casos. Hay una abogada y una psicóloga que vienen y dan atención y asesoría a las mujeres, pero no pueden estar todo el tiempo”.

Los hombres también están atrapados en esta región: en la violencia, la pobreza y las adicciones. De 10 hombres, ocho consumen alcohol y drogas, sobre todo marihuana, dice Liria. También es por la falta de oportunidades. “Hay muchos jóvenes buscan salir adelante, pero no pueden. No hay dinero para que sigan estudiando. Están frustrados porque no son lo que quieren. El mismo patrón de violencia que ven en sus casas los llevan también a la adicción”. Tampoco hay una política pública de apoyo para ellos.

Liria vive a tres o cuatro casas de la de Martha. Cuando pasa, escucha los gritos del esposo ofendiéndola. No sabe si ha vuelto a golpearla. Cuando se encuentran en la calle, la mujer la saluda y se va. May no puede hacer nada mientras Martha no vuelva a solicitarles acompañamiento. “Ahí estaremos para apoyarla si vuelve a buscarnos”. Habrá que ver si entonces el Estado quiere hacer su parte para protegerla.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

*Foto de portada tomada de Trekearth