Protesta por el primer aniversario del asesinato de Agnes Torres. Marzo, 2013.
Foto: Joel Merino | LADO B

Aranzazú Ayala Martínez | María José Andrade Gabiño

@aranhera | @majoag23

En 2012, después del asesinato de la activista Agnes Torres, se tipificó el homicidio por la calificativa de odio por preferencia sexual, y aunque desde entonces a la fecha se han registrado 33 crímenes de odio, sólo dos Carpetas de Investigación en 2017 fueron iniciadas por esa agravante, de acuerdo con una solicitud de información hecha por la organización “Vida Plena. No dejarse es incluirse” a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una de las omisiones de las autoridades es la falta de protocolos específicos para investigar crímenes de odio, dice Juan Corona, integrante de esa asociación civil.

Corona explica, en entrevista para LADO B, que como la FGE no tiene los lineamientos necesarios entonces no sabe cómo investigar estos casos y quedan muchas veces como homicidios o robos.

En febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género. Sin embargo, en el estado no se cuenta con ningún tipo de protocolo ni hay datos de que este protocolo federal se haya seguido de alguna manera.

Aunado a las trabas en la aplicación de justicia, Tuss Fernández, miembro del Consejo de Derechos Humanos del municipio de Puebla y activista de la comunidad LGBTTI, agregó que se debe trabajar en el reconocimiento de la identidad trans en el estado, un derecho humano que las autoridades estatales han ignorado.

Cabe recordar que justo una legislación sobre la identidad trans, específicamente la modificación de los artículos 831, 925, 930, 932, 934, 935 del Código Civil del Estado para permitir a las personas transgénero y transexuales tener la concordancia sexogenérica en sus documentos oficiales, es por lo que Agnes estaba luchando antes de ser asesinada.

En Puebla todavía falta mucho camino para la igualdad y el respeto a la comunidad trans. El informe anual de Letra ESE “Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017”, posiciona a Puebla en el sexto lugar en homicidios con agravante de odio, con 22 casos identificados de enero de 2013 a diciembre de 2017.

La comunidad LGBTTI es una de las más discriminadas en el estado. De acuerdo con los datos de la ENADIS (Encuesta Nacional sobre Discriminación) 2017, la entidad no es sólo primer lugar nacional en discriminación, sino que revela que las personas trans son la población a la que se percibe que menos se le respeta (poco o nada), con un 71.9 por ciento, seguidos de las personas gays o lesbianas (65.5 por ciento).

Agnes, justicia incompleta y tardía

Seis años después del asesinato de la activista trans Agnes Torres Hernández, tres de sus cinco asesinos (Marco Antonio Berra Spezzia, Agustín Flores Zechinelly y Luis Fernando Bueno Mazzoco) fueron sentenciados. Uno, por ser menor de edad, ya fue liberado luego de cumplir con su sentencia, mientras que otro de los asesinos, señalado como autor intelectual, sigue prófugo.

Dos de los asesinos, Marco Antonio y Luis Fernando, presentaron un recurso de apelación y un juicio de amparo al recibir la primera sentencia, argumentando que no era justa; sin embargo el 5 de agosto de este año, media década más tarde, el juez resolvió que la causa de apelación no tenía sentido y emitió la sentencia, anunciada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la noticia fue celebrada por una parte de la sociedad, activistas de la comunidad LGBTTI reconocen que todavía falta mucho por hacer, específicamente en el contexto de Puebla que sigue ocupando los primeros lugares nacionales en crímenes de odio. Para Juan Corona, no se puede decir que el asunto esté concluido porque falta un responsable aunque, por otra parte, celebró que pese a que el proceso fue tardado, la sentencia mandó un mensaje a la sociedad de que un crimen de odio será investigado y los culpables serán sentenciados.

“No podemos estar contentos”, porque de 1996 a mayo de 2018 se han cometido en Puebla 62 crímenes de odio –de acuerdo con el registro hemerográfico hecho por “No dejarse es incluirse”, y en el 90% de ellos no hay una investigación, ni un responsable, ni nada que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda decir, reprocha Corona.

En opinión de Tuss Fernández, la sentencia a los asesinos de Agnes no sólo tardó demasiado sino que no es suficiente. Fernández dijo que deberían haberles impuesto la pena máxima porque no fue sólo un asesinato sino que se cometieron actos de tortura, existiendo más factores que sólo la privación de la vida. Dos de los culpables fueron sentenciados por homicidio  a 35 años de cárcel más la reparación del daño, y el tercero pasará 23 años cuatro meses, acusado sólo por robo de vehículo.

Tanto Tuss como Juan coincidieron en que todavía no se hace justicia por completo porque el autor intelectual sigue prófugo, demostrando que la actuación de la Fiscalía y las autoridades en general se quedan cortas frente a crímenes de odio.