Ana Cristina Ramos, Arturo Contreras | Pie de Página

AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.- Chignautla significa nueve aguas abundantes, dice sobre su pueblo Gisela Macías, una mujer nahua asentada en sierra norte de Puebla, donde llueve torrencialmente buena parte del año. “Dios nos ha bendecido con mucha agua, nomás que hay que buscarla”, asegura Macías, quien trabaja en la redacción una iniciativa ciudadana para crear una Ley General de Aguas.

La idea es sencilla: que la regencia del agua caiga en manos de la comunidad, a través de un Consejo Nacional de Aguas. Esto dejaría fuera del juego a la Comisión Nacional de Aguas (Conagua), que de acuerdo con los integrantes de la iniciativa Agua para todos, no representa los intereses de la gente, sino solo el de algunas empresas privadas.

Para evitar que empresas privadas puedan infiltrar sus intereses en los Consejos de Cuencas, Agua Para Todos está apurando los últimos detalles de la ley en la que han trabajado años, para presentarla ante la nueva legislatura que entrará en funciones en septiembre.

Por eso, este fin de semana se reunieron aquí representantes de distintas comunidades del país que trabajan en la defensa del agua, como los integrantes de Mexicali Resiste, quienes han librado una batalla férrea en contra de compañías cerveceras por el uso del agua en la capital de Baja California, representantes del pueblo Cucapá, y de las comunidades de la huasteca potosina y de Tamaulipas, quienes están protegiendo sus aguas del fracking. También llegaron representantes de pueblos teének, mazahuas, zoques, otomíes, tepehuas y yaquis y comunidades de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y Querétaro.

El tema del control del agua se filtró en la agenda nacional hace menos de cinco meses, cuando Enrique Peña Nieto promulgó un decreto en el cual eliminó la prohibición de explotar, por medio de concesiones, las reservas acuíferas del país.

La mayoría de estas concesiones se han otorgado solo a un puñado de empresas ¬ — mineras, de fracking, cerveceras y manufactureras — que se caracterizan por usar y contaminar grandes cantidades del líquido.

“El .003 por ciento de los concesionarios de agua son los que están contentos porque gozan de impunidad sobre el agua”, explica Elena Burns, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del equipo coordinador de Agua para todos. “Ellos controlan aproximadamente el 60 por ciento de las 500 mil concesiones que se han otorgado desde 1992”.

Burns cree que el cambio de poder en el país es el momento preciso para reinsertar el tema del agua en la agenda pública.

“Creo que los legisladores y el propio presidente (electo) tienen la astucia de entender por dónde van las cosas”, asegura la académica, que coordina el área de planeación del Centro para la Sustentabilidad de la UAM, Centli.

Su confianza se basa en que Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de diciembre, anunció ante diputados y senadores electos que revertiría el decreto de Peña y que las reservas de agua no podrían ser explotadas.

“Lo único que nos puede salvar de estos megaproyectos es la iniciativa de ley ciudadana, porque esta ley establece que el agua no se puede usar para estos megaproyectos”, dice Rosa Esther Peña, de la huasteca Potosina, donde se perfila la explotación de unos 3 mil pozos fracking que ponen en riesgo la seguridad hídrica de la región.

Los ciudadanos deciden

La idea de la Iniciativa Ciudadana para una Ley General de Aguas es que la gente tenga poder de decisión sobre cómo se usa el recurso; facultad actual de la Conagua, que ha otorgado miles de litros en concesiones a empresas que sobrexplotan los mantos acuíferos y sentencian a cientos de localidades a la sequía.

“Estamos proponiendo que desaparezca Conagua y que se creen nuevos organismos reguladores de aguas nacionales”, explica Edtih Cruz, miembro de la Central Campesina Cardenista, una de las organizaciones que conjunta a la mayor cantidad de campesinos en Agua para todos.

La idea, dice, es que se cree un Consejo Nacional de Aguas, que representaría a todas las fuentes de agua del país, y que se encargaría de los temas administrativos, de concesiones y permisos, así como de determinar qué tan viable es concesionar el agua y para qué en ciertas regiones.

“Va a ser una representatividad electa por el pueblo, no por los funcionarios, se va a sacar desde los ejidos, desde las comunidades, desde los núcleos agrarios”, asegura Cruz.

Así, la lógica del Consejo Nacional de Aguas es que esté integrado por los Consejos de Cuencas Regionales, que a su vez van a estar integrados por diferentes células en cada localidad. Estas pequeñas células, todas ciudadanas, regirán el uso del agua en sus comunidades a través de ocho sistemas de gestión: pueblos originarios, núcleos agrarios, productores sostenibles, investigadores y organizaciones civiles, sistemas comunitarios de agua, juntas municipales y representantes de ecosistemas hídricos, quienes serán los responsables de hablar por los ríos y mantos.

La propuesta establece los lineamientos necesarios para asegurar que se reconozca la facultad de los pueblos sobre el derecho al agua. También establece la creación de una defensoría del agua, órgano encargado de sancionar a quien contamine el agua o la desperdicie. Sobre todo, busca revertir las concesiones de explotación que tienen algunas empresas y que privan del acceso al agua la ciudadanía. Además se asegura que los sistemas comunitarios de gestión de agua no puedan otorgar nuevas concesiones a privados y prohíbe el uso de agua para la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica o fracking.

Para Gisela Macías la figura de los Concejos de Cuencas no es nueva. En su región, el agua no la controla el gobierno; la controla un comité comunitario, y ellos deciden cuánto se explota y para qué fines.

“El control del agua siempre ha estado en manos del pueblo, nunca en manos del gobierno”, explica la indígena. “Han querido tomar el control los municipios, pero los comités no los dejan”.

Construir el momento

Entre las 12 reformas prioritarias que Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 11 de julio, después de una reunión con a diputados y senadores electos, están las modificaciones para mantener las vedas del agua.

Agua para todos espera presentar su iniciativa de ley a mediados de septiembre; se trata de un trabajo de más de seis años que representa a comunidades y pueblos de 29 estados y miles de comunidades que sufren de despojo de agua por proyectos industriales o de desarrollo de infraestructura, como acueductos o presas.

Elena Burns asegura que lo único que falta para que la ley ciudadana del agua llegue a buen puerto, es voluntad política.

“Reconocemos que no cae del cielo. Se construye. Creo que la elaboración de esta ley es parte de una etapa de 30 años, que han sido dos décadas y media de estar a la defensiva. Esta es una articulación que nos permite pasar a la ofensiva”, dice.

Sin embargo, a pesar de que algunos actores de la sociedad civil quieren creer que el gobierno entrante no permitirá más concesiones de agua en estas zonas, no abandonaran sus peleas legales.

Tal es el caso de Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista.

“Nosotros no vamos a liberar los amparos, vamos a seguir el proceso legal tal cual”, dice el campesino. “Para que por cualquier otra situación o por algún compromiso político, estas aguas puedan seguir protegidas”.

«Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx«.

*Fotos de Ana Cristina Ramos y Arturo Contreras