Animal Político

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El 28 de enero de 2017, en Torreón, Coahuila, Serymar Soto fue asesinada.

Jorge, el novio con el que estaba comprometida, la atropelló intencionalmente y luego se dio a la fuga. La joven, de 22 años y con un hijo de 2 años, agonizó siete días en el hospital hasta que perdió la vida.

Una amiga que la acompañaba ese día fue testigo de todo. Ella contaría después que se había salvado de milagro cuando saltó a un lado de la calle antes que el auto la arrollara también.

Siete meses después Jorge fue localizado y capturado.

El crimen ocurrió en Coahuila, un estado que tiene 400 agentes del Ministerio Público y 300 policías ministeriales. Pero ninguno de ellos participó en la investigación que llevó a esta captura.

Fue gracias a Sandra, la hermana de Serymar.

“La policía ministerial siempre te dice: ya los tenemos localizados, pero nunca los detienen. A nosotros nos lo dijeron y estoy segura que a todos se los dicen… ellos juran y perjuran que van, que hicieron citatorios y que no encontraron a nadie, pero casi te puedo asegurar que no hicieron nada”, recuerda Sandra en entrevista.

El caso de Serymar es un homicidio donde el sospechoso estaba identificado desde el inicio. Las pistas eran contundentes: una sobreviviente reconocía a Jorge plenamente; el auto de Jorge quedó en la escena del crimen porque perdió el control tras arrollar a su prometida y chocar contra un inmueble, y él desapareció luego del homicidio.

Pero los días y las semanas pasaban sin que la policía lo capturara. Sandra, que inicialmente confiaba en las autoridades, se convenció de que mientras más tiempo transcurriera sería más difícil localizar al homicida de su hermana.

Finalmente tomó la decisión de hacer su propia investigación. Sabía que era posible encontrar a una persona que tenía rostro, nombre y apellido, y más si conocían la historia de Serymar. “Se trataba de que no fuera un caso más, un número de expediente —que eso era para la autoridad— sino una víctima que tenía una vida”, recuerda Sandra.

Decidió abrir una página de Facebook que tituló “Los Machos nos Matan en México”. Cada día Sandra publicaba una nueva foto de Serymar, narraba un fragmento de su historia y de quién era el homicida.

“Las publicaciones eran para sensibilizar a la sociedad y que dieran información y yo decía: alguien que se esconde no puede estar tan aislado de todo… mi intención era llegar a muchas partes para que alguna persona que lo viera se decidiera a denunciarlo, porque no puedes andar por la vida matando gente y no enfrentar tu responsabilidad”, dijo Sandra.

La estrategia dio resultados.

Siete meses después del crimen, cuando se acercaba la fecha que Serymar y Jorge habían pactado para su boda, Sandra subió una foto con el vestido que su hermana ya no usaría. Unos minutos después recibió un comentario privado en la página de Facebook, donde una persona le contaba que Jorge estaba en Parral, Chihuahua.

Sandra decidió acudir a las autoridades. Fue con el procurador de Coahuila para pedirle que le solicitara a Chihuahua la detención del sospechoso.

“Y eso lo hicimos porque sabemos que tú les dices (a los policías ministeriales) con toda la ilusión que vayan a detenerlo y resulta que, en vez de irlos a detener, pues le sacan partida. Le hablan y le piden lana”, dijo Sandra.

Jorge fue detenido en Chihuahua y entregado a las autoridades en Coahuila. Eso sí, tras la captura la Fiscalía de Coahuila se acreditó el éxito del caso, que era producto de las “investigaciones” que habían realizado.

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Pero éste no es el único caso en el que Facebook sirve para detener a un homicida.

El padre de un joven asesinado en 2013 en un puesto de comida de Ciudad Juárez, Chihuahua, relata que gracias a una búsqueda que hizo en Facebook con uno de sus hijos, consiguió identificar a los homicidas.

“Ellos eran del Barrio 72 (una banda delictiva). Buscamos en Facebook a los del Barrio 72 y ahí estaban las fotos y mi otro hijo (que fue testigo del homicidio) los reconoció. Le dimos a la fiscalía todas esas fotos”, afirma.

El padre de la víctima dice que esto ocurrió cuatro meses después de que se había perpetrado el homicidio, tiempo en el cual la fiscalía del estado de Chihuahua —que cuenta con más de mil 100 agentes del MP y mil 200 policías ministeriales— no le informó de un solo avance en la identificación de los homicidas.

“Yo les llevé la información, la fiscalía no había hecho nada hasta entonces y aun así me dijeron que no les estaba dando nada nuevo, pero después de que llevé la información a las dos semanas los detuvieron”, recuerda.

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Graciela Zavaleta Sánchez, presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A. C., y quien por casi 30 años ha apoyado a múltiples víctimas en Oaxaca, dice que hay casos donde no basta con que los familiares le den a la policía la ubicación de una pista clave o del posible homicida. Además tienen que financiarlos para que acudan a los lugares que les indican.

“La policía no tiene ni gasolina para sus camionetas y la víctima tiene que buscar la forma de cubrir los gastos del policía para que pueda llevar el caso. Si no le proporcionan los gastos no hay investigación, no hay detenciones”, señala la activista.

En Sinaloa y Veracruz son las víctimas organizadas en colectivos las que buscan cuerpos de personas asesinadas en fosas clandestinas, porque no confían en la policía. En Guerrero ellas se organizan para financiar pruebas de ADN, pues el gobierno les dice que no tiene recurso para ello.

“Las víctimas, en muchas ocasiones, son las que aportan, las que van y se meten a los pueblos, las que escarban con palas para encontrar restos. Si eso lo puede hacer una persona con sus propios recursos, por supuesto que lo puede hacer una autoridad con más recursos y con una planeación”, dice Sofía Velazco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León.

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La tarde del 26 de septiembre de 2013 la chef Roxana Moya Guerrero, de 24 años, llegaba a su casa ubicada en un barrio de clase media en Monterrey, Nuevo León, cuando tres sujetos armados la interceptaron.

Con amenazas consiguieron que la joven les abriera la casa para robarla. Ella cooperó, les abrió una caja fuerte y les entregó todo lo de valor que había en la residencia. Pero eso no la salvó. Antes de escapar los delincuentes le dispararon en la cabeza.

El impacto que tuvo el crimen provocó que las autoridades reaccionaran y gracias a un video se localizó a los tres implicados. Pero luego de ello inició el viacrucis de los padres de Roxana para sostener un caso que se ha tambaleado por descuidos de la fiscalía.

Por ejemplo, fueron los padres de Roxana los que descubrieron que uno de los implicados había falsificado un acta de nacimiento para simular ser menor de edad y tener una pena reducida. Aunque se lo advirtieron al Ministerio Público, no se hizo nada, por lo que ellos obtuvieron el acta de nacimiento verdadera del sospechoso.

Ni así obtuvieron justicia. Consiguieron el acta de nacimiento real y se la entregaron al ministerio público, pero éste “olvidó” enviarla al juez, que por ello determinó que sí era menor de edad.

Ahora los papas de Roxana han invertido más recursos (como viajes de Monterrey a Ciudad de México) para que la Corte acepte el caso bajo el argumento de que una falsificación se ha mantenido por negligencia del ministerio público.

“Nos reciben muy bien las autoridades. El secretario, el procurador, siempre son muy atentos, pero nuestro caso se detiene, no avanza, no sé si sea por exceso de trabajo o por favoritismo de las personas”, dijo Rosa Ana Guerrero, madre de Roxana.

La familia también ha padecido el cambio constante de los fiscales responsables del caso y de la burocracia que impera para que el caso avance.

“Nosotros vamos a salir adelante porque era nuestra hija y por ella, más que todo, estamos tratando de que se haga justicia como debe de ser. No vamos a parar. Tenemos que seguir hasta que terminemos, porque es la justicia que le queremos dar a las personas que nos hicieron tanto daño, que paguen por lo que hicieron”, dijo Rosa Ana.

Hay casos de familias que también han tenido que investigar con sus limitados recursos, pero no para perfeccionar la investigación de las autoridades sino para que no se cierre arbitrariamente, como pasó con el caso de Lucía Bravo Montalvo, asesinada en marzo de 2017 en Tuxtepec, Oaxaca. Ella fue encontrada sin vida en su domicilio.

Estrella, la hermana de Lucía, narra que durante los seis meses posteriores al homicidio los agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo del caso —porque hubo rotaciones constantes— no hicieron ni una sola diligencia para avanzar en la investigación y, para colmo, terminaron concluyendo que había perdido la vida de forma natural.

Sin embargo, Estrella obtuvo a través de los propios peritos oficiales el dictamen de necropsia de su hermana donde se señala que falleció por envenenamiento con una sustancia tóxica similar al raticida.

“Yo tengo un documento del forense donde aquí dice claramente que es (la causa de la muerte) envenenamiento por raticida (…) además de que a seis meses de ella difunta todavía no se solucionaba nada ni nos habían tomado alguna declaración hasta que fui yo con la autoridad y con el vicefiscal para que nos hicieran caso y pedir información”, relató.

Estrella dice que cuando por fin “convenció” al Ministerio Público para que le tomara una declaración del caso, este lo hizo presionándola todo el tiempo.

“Nos tomó una declaración y me apuraba que porque ya se tenía que ir a comer. Luego le pedí yo la declaración para leerla y me dijo que si la iba yo a leer mejor regresara hasta la noche porque él tenía que ir a comer…”, dijo.

Pese a esos obstáculos, Estrella asegura que continuará investigando para forzar a las autoridades a hacer bien su trabajo. “Se molestan de que yo quiero saber la verdad, pero no voy a renunciar”.

Quien dice que tampoco va a renunciar es Sandra, la creadora de la página de Facebook “Los Machos nos Matan en México”. Y es que cuenta que aunque consiguió dar con el presunto asesino de su hermana, la batalla continúa con los Ministerios Públicos que se niegan a admitir todas las pruebas que la familia ha recabado.

Con el apoyo de su abogado se dio cuenta que existían errores en los dictámenes que se realizaron y que se presentarán al juicio, por lo que ha insistido a los fiscales que tomen en cuenta estos hechos y se corrijan, a la par de que admitan más evidencias que han ido recabando pues teme que, debido a los errores, el proceso no se sostenga en los juzgados.

“Hasta que no haya una sentencia que sea inapelable y que le hayan dado la pena máxima yo te podría decir que se hizo justicia, mientras seguiremos luchando (…) Imagina el miedo que tiene uno. Ves la corrupción, la impunidad, la indolencia de las autoridades. Deja tú de la sociedad, de las autoridades. Entonces claro que pierdes la fe en todo (…) si ellos hubieran hecho bien su trabajo yo no tendría nada que decir”, sentencia.

Conoce el micrositio de Animal Político de la serie completa: “Matar en México”.

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