“La impunidad tiene muchas aristas. La impunidad no se constriñe a tener un culpable porque impunidad es también que la persona que no debe estar adentro (de la cárcel) lo esté”
“En la investigación criminal en México no se entiende que el principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos y ligado a eso un derecho de las víctimas: el derecho a la verdad”
Animal Político

@pajaropolitico

Cuando Alejandro, un policía de investigación de la Ciudad de México, habla de “resolver” un homicidio se refiere a tener un culpable a quien presentar ante el juez. Como sea.

“Le voy a ser honesto: en la escena del crimen me vestía con playerita y me acercaba a la gente, amas de casa y les preguntaba qué habían visto, qué había pasado”.  Si esas personas con quienes platicaba Alejandro le señalaban a alguien, “violando todo protocolo, agarraba al fulano y ‘te vas por homicidio’”.

Alejandro, quien pidió usar un nombre ficticio, es un hombre de 50 años, barrigón, de bigote tupido y con una experiencia de 15 años en la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

“Los detenía con golpes ‘¡ora cabrón!’… hubo abusos fuertes”, reconoce. Aunque luego matiza y aclara que no siempre fue necesaria la fuerza. En ocasiones, “solo por ver que yo era judicial la persona declaraba su crimen”.

Alejandro viste una camisa verde pistache, un traje oscuro sin corbata y carga un portafolios algo viejo. Llega a la cita para esta entrevista con prisa, es su horario laboral y para escaparse de la oficina inventó una diligencia. Pide solo una taza de café al mesero. Está acostumbrado a malpasarse y ya más tarde comerá algo en la calle, según dice.

La imagen de Alejandro está lejos de parecerse a la de algún detective de serie de televisión de Estados Unidos. Quizá sólo comparte con ellos el desaliño y ese gesto de melancolía y soledad.

Su trabajo rutinario comienza a las 9 de la mañana, cuando llega a la Fiscalía a checar reloj, luego va con el ministerio público que tiene asignado y éste le entrega un paquete de citatorios, diligencias o entrevistas qué hacer.

Ese es el trabajo que le corresponde: cumplir con las diligencias del MP, que es responsable de la investigación. Este último dicta a quién buscar.

Entonces Alejandro se sube a una patrulla que comparte con otros 4 o 5 policías de investigación y pasa las 8 horas de su jornada laboral recorriendo la Ciudad de México para cumplir estos trámites. Cuando no hay patrulla o no tienen para la gasolina, Alejandro hace su repartición en metro. Cuando tiene que escribir un informe, acude a un cibercafé.

En todo homicidio el MP o fiscal es la cabeza de la investigación y dirige el trabajo del policía de investigación. Idealmente, el MP plantea la hipótesis del crimen, define la estrategia jurídica para llevar al acusado ante el juez y vigila que sea legal el trabajo del policía de investigación; éste, por su parte, trabaja en calle, entrevista testigos y sospechosos, recolecta la información, los datos y la evidencia para llevarla al MP. Pero en el México real, según el diagnóstico Reforma procesal y Ministerio Público publicado por la UNAM en 2016, esta coordinación no se da: el MP no tiene capacidad para dirigir al policía y éste es casi un “ente autónomo” sin controles.

En Nuevo León la policía de investigación Laura, que tiene diez años de experiencia en el área, usa la misma técnica de investigación de Alejandro.

“Llegas a hacer cosas que no debes hacer”, como aleccionar a las familias para que declaren contra una persona o intimidar y amenazar con cárcel a testigos para que señalen a un culpable, reconoce Laura. “Hay veces que pega en juicio y hay veces que no. Las personas llegan a decir en pleno juicio que no sabían (quién era el culpable), sino que el policía le dijo que dijera que así se llamaba”.

Laura, quien también pidió usar nombre ficticio, calcula que la gran mayoría de los homicidios los ha resuelto por confesiones, ya sea de testigos o de familiares que conocían al culpable.

La estadística de Alejandro es más contundente: la totalidad de los homicidios que resolvió fue por testigos de hechos. “Si no hay testigos, no hay nada”, resume.

En su experiencia, la confesión o la delación son las únicas pruebas válidas para llevar a alguien ante el juez y, por lo tanto, las únicas que le importa obtener. “No sirven los peritajes ni las evidencias. La única forma de probar un asesinato es hacer que alguien te diga ‘yo fui’ o que te digan ‘fue él’”.

El uso generalizado de la tortura en la investigación judicial en México, de hecho, motivó una condena por parte de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas, durante su visita al país en el 2017 y ese hecho lo confirman las estadísticas oficiales: registros de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales indican que, en una década, entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15 mil denuncias por tortura. De ese total, 59% corresponden a autoridades federales y 41% a locales.

Las nuevas reglas del sistema penal, vigentes a partir de 2016, impiden que el testimonio sea la prueba máxima de las autoridades contra un acusado, aunque en los hechos, según los testimonios recabados, esa práctica se mantiene.

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Solo la mitad de los estados del país cuentan con un área especializada dentro de las Fiscalías o Procuradurías para resolver homicidios, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y en el país no existe un protocolo homologado para investigar estos crímenes, salvo un documento que plantea recomendaciones, que no son obligatorias y que en los estados que recorrió Animal Político para este reportaje, ni siquiera se conocen.

De ahí deriva la falta de coordinación, uno de los principales problemas que hay para investigar, según cuentan agentes del MP, jueces y policías de investigación. Por ello, esta tercera parte del reportaje se centra en cómo se investiga.

El documento oficial con recomendaciones para investigar determina, por ejemplo, que:

1.- El primer respondiente —policía preventivo— acude a la escena del crimen cuando se ha dado aviso de éste.

2.- El policía de investigación hace el trabajo de campo, entrevista testigos, sospechosos, inspecciona el lugar y vehículos y coteja cualquier dato que surja de la investigación.

3.- El perito debe acudir con el uniforme completo para evitar contaminación, no toca absolutamente nada de la escena del crimen, tampoco fuma, escupe, menos come y trata la evidencia de acuerdo a su especialidad y a las técnicas debidas. Tiene autonomía técnica e independencia de criterio para sugerir al ministerio público diligencias periciales para esclarecer el crimen.

4.- El MP coordina la investigación, vigila la cadena de custodia de datos o pruebas recabados por los policías de investigación o peritos y lanza líneas o hipótesis de quién y por qué cometió el delito.

En Costa Rica, Brasil, Colombia y Estados Unidos se siguen procesos similares de investigación. Hay también unidades especializadas para atender homicidios, ya sea a nivel federal o local.

En México, Alejandro relata que en la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México no hay coordinación entre el policía que trabajaba en la calle y el MP que analiza desde el escritorio.

“El trabajo de investigación es muy bonito, pero no se hace. En la vida real el policía de investigación no investiga, es cartero del ministerio público, solo repartimos citatorios”.

Alejandro dejó esa Fiscalía hace un par de años porque se aburrió de ser “cartero”, pero sigue como de investigación dentro de la PGJ.

Laura, la policía de investigación de Nuevo León, remata contra los MP. “A veces hay ministerios públicos que les llevas las diligencias y te dicen ‘no, yo no te pedí eso’. Y nosotros les decimos que sigan la pista, que les va a ayudar y se mantienen con que no”. Con esto, Laura expresa la falta de confianza de su MP, que pese a dirigir la investigación que ella realiza en campo, no confía en ella.

Pero esta queja no solo es de los policías de investigación a los MP, prácticamente todos los servidores públicos que intervienen en la investigación del homicidio se quejan de sus contrapartes: policías preventivos, peritos, policías de investigación, agentes del MP, fiscales, jueces.

“El MP presiona al policía de investigación porque tiene en su haber 300 carpetas de investigación. Y el policía contesta que ya investigó, pero no encontró elementos y le pide al MP que le dé mayores elementos”, dice Said Villalobos González, agente del MP en Oaxaca con licencia y maestro en Derecho Penal, al explicar la falta de iniciativa de los policías de investigación.

Héctor Hawley, un perito especializado en casos de feminicidios en Ciudad Juárez, acusa a un MP que no hace su trabajo. En una ocasión “levanté huellas de una chica que dejaron en un arroyo, levanté algunas fibras, mucho material biológico y al MP se le olvidó mandarlas procesar”. Esa prueba se perdió. Por fortuna, el caso se salvó pues en la casa de los sospechosos había un periódico con el crimen subrayado y el par de la sábana con la que estaba envuelto el cuerpo de la joven.

Ricardo Realivázquez Domínguez, secretario de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que antes fue policía de investigación, dice que hasta hace un par de años “todas las corporaciones estaban peleadas: la fiscalía contra la estatal, la estatal contra federal y todos contra la municipal”.  Según dice, no había coordinación y menos confianza para resolver crímenes juntos, pues las corporaciones solían ocultar datos o evidencia que podía ayudar a esclarecer el crimen.

Datos generados por el INEGI lo confirman. En 2017, solo dos estados —Tlaxcala y Querétaro— tenían sistemas para compartir información con corporaciones policiacas de otros estados y solo cinco —Baja California, Colima, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas— para compartir información con policías del mismo estado.

Menos de la mitad de los estados, 13 —Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán—, tenían sistemas para compartir información con la Procuraduría General de la República (PGR) y solo cuatro entidades —Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Tamaulipas— tenían sistemas para compartir información con las fiscalías de otros estados del país.

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“Nos exigían al menos un caso resuelto al mes”, relata Alejandro mientras se toma otra taza de café con tres de azúcar.

Y él los resolvía así: “Un día en un taller mecánico del oriente de la Ciudad se cometió un homicidio. Mataron a uno, había otros dos que estaban ahí y hubo algunos testigos que nos dijeron de ellos. Fuimos y los agarramos. A uno lo llevé a un lado y le dije ‘el otro ya cantó y dijo que fuiste tú’ y así le hice también con el otro. Dos, tres guamazos y los dos terminaron confesando”.

Nada de la coordinación con el fiscal o los peritos que se ve en las series detectivescas, menos de la obsesión por encontrar la verdad, aunque pase noches enteras sin dormir.

La técnica de Alejandro para investigar no es muy distinta a la que relata Laura, la policía de investigación de Nuevo León. “Cuando se trata de riña, por ejemplo, hablamos con los involucrados y si tenemos a dos que dicen que fue Pedro, pero ellos también andaban ahí, les decimos ‘o se van los tres o ustedes dos me ponen a Pedro’. Y ni modo, ahí van de lengua larga a decir que fue Pedro”, aunque esas dos personas también tengan responsabilidad. “Prefieres mandarlos de testigos para tener al autor material”.

El magistrado presidente del Tribunal de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, explica que cuando una sentencia se emite en un juzgado de control prácticamente no hubo un juicio, es decir, no se revisó evidencia ni se contrastaron versiones, lo que hubo fue confesión del acusado. Esto se conoce como juicio abreviado.

“La mayor parte de las sentencias emitidas son por procesos abreviados. El MP explora mayormente esta salida, salida convenida con el imputado a partir de condiciones de favor: si admites los hechos, va una pena atenuada. Los juicios orales son excepción”, explica.

En 2016, según el INEGI, el 54% de las condenas por asesinato emitidas en el nuevo sistema penal, fueron en juzgados de control. Es decir, en más de la mitad de las sentencias condenatorias la única prueba fue la confesión del inculpado.

Guillermo Naranjo, abogado de la organización Id(h)eas, y David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, coinciden al decir que tener a un culpable es lo importante en términos de efectividad institucional. No importa esclarecer los hechos ni los motivos, tampoco si hay cómplices u otros casos relacionados a ese crimen. Y para tener a un culpable, explican, hay que “cuadrar” la evidencia con el testimonio.

“Al acudir al lugar de los hechos van con el enfoque de ‘vamos a buscar culpables’ y si no los encuentran ‘vamos a fabricarlos’”, dice Naranjo. “Toda la evidencia de un crimen te va arrojando las posibilidades de hipótesis que descartan porque solo van a buscar a los perpetradores”.

“En la investigación criminal en México no se entiende que el principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos y ligado a eso un derecho de las víctimas: el derecho a la verdad”, dice Peña. “Lo que buscan es castigar y esta lógica sancionadora es aplaudida por una sociedad cansada de impunidad”.

En Nuevo León, un juez de control que pide anonimato, dice que “en las audiencias es muy común escuchar de testigos ‘el policía me dijo que yo dijera’”.  Calcula que ha regresado más de la mitad de los casos por errores como ese o por violaciones durante la detención, mal resguardo de la cadena de custodia o manipulación de la evidencia. Una jueza en Ciudad Juárez agrega a los errores el no contrastar declaraciones y no hacer trabajo pericial científico.

Ella, que también habla bajo anonimato, relata: “Sufrimos al escuchar a los policías defender el caso ‘sí, es que a mí me dijo fulano’”. En alguna ocasión la jueza rezó, literalmente, para que el fiscal mostrara una prueba contra un grupo acusado de varios feminicidios y trata de mujeres.

En Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, dice que si existen tales deficiencias es porque nunca se desarrollaron métodos de trabajo, pues era sencillo detener a una persona. Incluso se hizo famosa entre autoridades la frase de “una orden de aprehensión es como un vaso de agua: no se le niega a nadie”.

“Había situaciones de abuso y de arbitrariedad, muchas veces se sembraban drogas y se sembraban armas, se fabricaban delitos”, denuncia el magistrado presidente del Tribunal de Sinaloa.

El nuevo sistema de justicia evidenció esas malas prácticas, agrega Inzunza Cázares, por lo cual la tasa de consignación cayó estrepitosamente y las consignaciones que logran avanzar, se caen en el amparo.

El estudio Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, realizado por Impunidad Cero, refiere que en el 2016 sólo el 6.3% de todos los crímenes denunciados fueron judicializados, es decir, se presentaron ante un juez que en su momento determinará si el acusado es inocente o culpable.

Otro estudio, llamado Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal y publicado por Cidac en el 2017, se concentró en analizar el trabajo de las procuradurías y fiscalías en 8 estados —Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco— y encontró que, en promedio, solo una de cada diez denuncias fue judicializada.

Alejandro, el policía de investigación de la Ciudad de México, reconoce que en su trabajo cometió abusos, pero da un trago largo al café y de inmediato se justifica. “Lo malo es que ahora los detenidos denuncian que se les violan los derechos humanos. De cajón a todos nos inician quejas, eso ya es una regla, ya se desvirtuó. Yo fui duro, pero solo con los que eran malos”.

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La corrupción es un tema que brota al revisar cada parte de una investigación criminal.

En la evaluación que la población mayor de 18 años hace de las autoridades responsables de investigar y juzgar un crimen, solo la mitad manifiesta confiar en ellas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, publicada por el INEGI. En el caso de los jueces, el 55% de la población dice tener algo o mucha confianza, 53.4% en el MP, 52.9% en los de investigación y 51% en los policías preventivos.

Experiencias de corrupción se encontraron en varias partes del país. En Oaxaca, Graciela Zavaleta, defensora de derechos humanos, relata que un MP pidió dinero a una mamá para investigar la desaparición de su hija, no satisfecho con eso, le sugirió una relación sentimental para que el caso avanzara más rápido.

Luis Fernando Cuyás, un perito con experiencia de 30 años de trabajo en Guanajuato y la Ciudad de México, cuenta que en la escena del crimen “muchos aprovechaban para llevarse cosas que estaban a la mano. Celulares, tabletas, dinero, joyas, cosas que están a simple vista y que no son voluminosas para poder echárselas a la bolsa”.

También en Oaxaca, Said Villalobos González dice que varias órdenes de aprehensión no se ejecutan porque se extorsiona a las personas que se debe detener. “Pasa hasta con los jueces”.

A veces la corrupción pone en riesgo a los propios integrantes del equipo, como relata un perito que trabajó durante seis años en el sureste de Veracruz, que dice que ha conocido casos donde un supuesto criminal, enviado por un subprocurador, pidió no hacer la necropsia a un cuerpo. “Si hacen la necro los van a matar”.

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En Ciudad Juárez, el Fiscal Jorge Nava dice que para los investigadores es más sencillo “resolver” un crimen del fuero común como riñas o violencia intrafamiliar.

Los vinculados a delincuencia organizada toman meses o años, cuando se resuelven.

¿Cómo saber si es un crimen de delincuencia organizada, si no se ha llegado a una sentencia? Nava responde: “Con base a la experiencia, los calibres de las armas, en si fueron varios impactos, los tipos de vehículos con los que operan, los antecedentes de la propia víctima”.

Y como los crímenes vinculados a delincuencia organizada no se investigan ni resuelven, homicidios comunes se disfrazan de crímenes de la delincuencia organizada “para engañar al investigador” ya sea con un “narcomensaje” o presentándolo como ejecución, según cuenta Luis Genaro Vásquez, quien fue subprocurador, fiscal y jefe del Estado Mayor de Policía Judicial de la Ciudad de México.

“Ya nos les dan seguimiento entonces el ministerio público que por lavarse las manos dijo: ‘no, esto es delincuencia organizada, mándalo a PGR’ y ese homicidio queda impune”.

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En México, el 94.8% de los homicidios cometidos entre 2010 y 2016 están impunes. Pero aún hablar de que en el 5% de los casos hubo justicia, es cuestionable, dice José Alberto Mosqueda, juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La impunidad tiene muchas aristas. La impunidad no se constriñe a tener un culpable porque impunidad es también que la persona que no debe estar adentro (de la cárcel) lo esté”, acota Mosqueda, que fue juez del caso Alfonso Martín del Campo, el hombre sentenciado a 50 años de prisión por el homicidio de su hermana y su cuñado, y que 23 años después, comprobó su inocencia.

Cuando se pregunta a Alejandro qué siente al hablar de justicia en este país, sin titubeos responde que “impotencia”.  Y luego añade: “Si me pasa algo a mí o mi familia, no va a ocurrir nada. Sé qué tan grande es la corrupción y la impunidad que, si nos pasa algo, no va a haber justicia”, dice con cierta resignación y entonces ya no parece ese policía de investigación arrogante que golpeaba y amenazaba a los detenidos para que confesaran un crimen, sino un hombre que en cualquier momento puede ser víctima del sistema al que pertenece.

Luego, da el último trago al café, recoge su saco, su portafolios y se dirige al metro, donde pasará toda su jornada laboral repartiendo citatorios.

Fabricar culpables y engañar a las víctimas

Yarold Christian Leyte Quintanar fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por el homicidio calificado de María Teresa González, cometido en Veracruz, en el año 2012. 

La sentencia contra Yarold, dice su madre Rosalinda Quintanar, se basa en irregularidades que involucran a toda la cadena de investigación de un crimen: el acusado ‘confesó’ bajo tortura, la víctima no fue asesinada donde dijo el acusado, no hay pruebas de sangre o ADN que confirmen la presencia del acusado en la escena del crimen o que haya tenido contacto con el cuerpo de la víctima y el supuesto móvil del delito —que ella había acudido a su casa a cobrarle una deuda bancaria y por eso la mató— no se sustenta, porque Yarold no tenía deuda. 

Yarold fue detenido porque la Fiscalía de Veracruz dice haber recibido una llamada anónima donde lo acusaron, por lo cual se giró una orden de presentación (que no orden de aprehensión) en su contra.

La señora Quintanar relata que las autoridades judiciales fueron a su casa a buscarlo, le pusieron las esposas y se lo llevaron. Y narra la tortura que sufrió:

“Luego de esposarlo lo meten a la Agencia Veracruzana de Investigación y ahí es donde le ponen unas vendas. ‘Tú la mataste, no te hagas’ y comienzan a echarle vasos de agua y lo empiezan a ahogar y lo enderezan y lo vuelven a ahogar.

“Ven que no da resultado. Lo tiran al piso y le comienzan a echar agua en el cuerpo. Le dan descargas eléctricas. Aun así, él siguió sin confesar. Entonces le pusieron un arma, cortaron cartucho y le dijeron que lo iban a matar, que iba a aparecer en pedacitos flotando en un río en una bolsa negra diciendo que pertenecía al cártel de los que están allá.

“Mi hijo siguió sin confesar. Entonces lo levantan en el cabello y lo pegan en una reja y ahí, él escucha llorar a mi nuera. Le dicen que si él no confiesa van a matar a uno de sus hijos y que él lo va a ver. En ese momento él dice ‘está bien, vamos a hacer un trato. Déjenlos ir y yo les firmo lo que quiera. Yo digo lo que ustedes me digan’”.

Yarold ‘confesó’ que forcejearon, que ella se pegó en una mesa y se murió, que él la sacó arrastrando de su domicilio y dejó su cuerpo en la casa de enfrente.

Pero los peritajes revelan que la mujer no murió en casa de Yarold, como él supuestamente confesó, sino que fue asesinada con un arma punzocortante donde se le encontró, en la casa de enfrente. Además, no se encontraron rastros de sangre ni en la casa de Yarold ni en la calle, como habría pasado si hubiera movido el cuerpo. Los peritajes también confirmaron que el cuerpo de Yarold no tenía rasguños que pudieran confirmar el ataque de él y la defensa de ella.

Lo que tampoco se encontró en contra de Yarold fue un móvil para cometer el crimen.  La versión de la Fiscalía es que la mató porque ella intentó cobrarle una deuda bancaria. El banco Compartamos, donde trabajaba la joven asesinada, negó en el juicio que haya enviado a la víctima para cobrarle a Yarold y confirmó que él no tenía adeudo alguno.

Sin embargo, la Fiscalía ignoró esta información y el joven sigue preso.

José Alberto Mosqueda, juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dice que la gran mayoría de las investigaciones de homicidios comienzan con la detención de un supuesto culpable, quien ha confesado el crimen. 

Mosqueda trae a la memoria el caso de Israel Arzate, un joven detenido en Ciudad Juárez, confeso de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. La defensa del joven demostró que fue torturado.

“Integramos mal las investigaciones y paralelamente utilizamos la detención arbitraria y la tortura”, dice, “por eso es tan común entender que la policía podría ver (la tortura) como un hecho común… que así se hace”.

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Carlos Sinuhé fue asesinado el 26 de octubre del 2011 en Topilejo, Tlalpan. Su cuerpo se encontró con 16 impactos de bala que recibió al bajarse del microbús que lo trasladaba de la UNAM a su vivienda.

Han pasado casi siete años desde su crimen y éste sigue impune.

Lourdes Mejía, madre de Carlos, dice que la autoridad, en lugar de investigar, criminalizó a su hijo de 40 años, quien era activista y pasante en la UNAM.

Seis días después del asesinato de Carlos, el 1 de noviembre del 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que en el crimen había un móvil pasional —porque algunos de los disparos fueron en la zona pélvica— y que Carlos era una persona irascible. Agregó que se investigaba su posible vínculo con delitos de narcomenudeo. 

El Código Penal de la Ciudad de México dice que comete un delito cualquier funcionario público que utilice información bajo su custodia. Además, la SCJN y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) han dicho que se violan los derechos humanos al exhibir a personas o información contenida en los expedientes de una averiguación. Para la familia de Carlos, las declaraciones de Mancera pudieron influir en el actuar de sus subalternos y las líneas de investigacion del crimen.

“Me indigné mucho y se lo dije de frente, en una junta. Él dijo que la prensa lo había orillado a decir eso de mi hijo”.

Además de criminalizar a Carlos, las autoridades cometieron errores en la investigación, de acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado de la organización Id(h)eas y representante de la señora.

Primero, el mal resguardo de la escena del crimen; segundo, la inspección formal de la escena del crimen se hizo hasta que pasaron 10 días del asesinato. Ahí se recuperaron tres cartuchos percutidos que el perito entregó al MP y éste no envió a analizar, dice Naranjo.

Tercero, agrega Naranjo, la recolección, resguardo y análisis de la evidencia. Además de los casquillos, los videos recogidos de un Oxxo no se analizaron y se borraron.

Otro error fue la búsqueda y entrevista de testigos. Naranjo explica que, de acuerdo con las cámaras de la SSP, se comprobó que, en el momento del crimen, una patrulla de la Policía Capitalina estaba en el lugar, sin embargo, la Fiscalía no hizo nada para ubicarla y declarar a los policías.  Por otro lado, el policía de investigación que llegó a la escena del crimen detectó la presencia de un militar, pero tampoco tomó sus datos para declararlo y saber qué hacía ahí al momento del crimen.

Lourdes hizo una promesa a su hijo el día que entró al Semefo a reconocer su cuerpo. “Entro y veo a mi hijo desnudo, baleado, su ropa estaba tirada en el suelo, él en una mesa de metal, en un charco de sangre y noté que tenía muchos balazos, sus ojos estaban como salpicados de algo, sin brillo. Y lo abracé, lo besé, lo acaricié de su carita y le dije que lo amaba, que si todavía había algo de él que me pudiera escuchar, que supiera que nunca lo iba a dejar y que no descansaría hasta encontrar justicia y encontrar los asesinos”. 

Han pasado casi 7 años del crimen y 5 ministerios públicos, y ella sigue firme en su promesa.

Como Carlos Sinuhé que fue criminalizado por las autoridades, las víctimas del crimen de la colonia Narvarte —Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Nicole, Alejandra y Rubén Espinosa— también lo fueron. Karla Micheel Salas, abogada de las familias, explica que la PGJ filtró información a los medios de comunicación para contar una historia que culpaba a las víctimas de su propia muerte, sucedida el 15 de julio del 2015.

“La autoridad inició una campaña negra de desprestigio contra las víctimas. Desde las primeras horas la Procuraduría empezó a construir una narrativa, ‘los que estaban drogándose eran Nadia y Rubén´. Luego se dan cuenta que había una víctima colombiana y, como además era mujer, entonces ella es prostituta y estaba vinculada con los cárteles de la droga. Esa es la fórmula en este país, criminalizar víctimas. Así se intentó bajar la indignación y el reclamo social de justicia”, dice Micheel Salas.

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La madrugada del 28 de octubre del 2012, Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años, fue trasladada al hospital Central Ignacio Morones, en la ciudad de San Luis Potosí. Estaba gravemente herida, y con una profusa hemorragia en la pierna derecha, provocada en su lugar de trabajo, la discoteca Play Club, de la que era edecán.

Antes de que se cumpliera un año del crimen, la Fiscalía de San Luis Potosí consignó al jefe de Karla y dueño de la discoteca, Jorge Vasilakos, por homicidio culposo, es decir, accidental. 

Según la investigación, a la hora de su salida, Karla subió al tercer piso por su mochila, pero iba tomada, entonces se tropezó, se estrelló contra la puerta de cristal y se causó heridas que le provocaron la muerte. El MP concluyó eso después de entrevistar a cuatro empleados y al mismo responsable.

Pero, dice Sandra Salinas, abogada de la familia, quien pertenece a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el ministerio público ignoró la evidencia de que la muerte de Karla fue un feminicidio.

Por ejemplo, en la primera autopsia que se realizó al cuerpo de Karla el médico forense incluyó un examen para determinar si había sufrido una agresión sexual, sin embargo, los resultados desaparecieron del expediente judicial que estaba bajo resguardo del agente del MP. Esto lo confirmó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 55/2015.

Además, dice Sandra Salinas, el agente del MP omitió analizar las manos y uñas de la joven para determinar si hubo intentos de defensa. Y eso que el cuerpo de Karla presentaba moretones en el cuello y lesiones en los genitales que ese agente ignoró, al establecer su versión oficial del accidente.

El MP también ignoró la declaración de la señora Esperanza Lucciotto y el novio de Karla, quienes dijeron que el jefe acosaba a la joven. 

Por todas estas anomalías la familia de Karla solicitó una nueva autopsia, esta vez realizada por la División Científica de la Policía Federal. Así se encontraron lesiones en zonas cóncavas del cuerpo que difícilmente podrían causarse al chocar contra una puerta. La segunda necropsia registró 40 lesiones en el rostro, cuello, labios, brazos, muñecas, áreas abdominales, pélvica y genitales, heridas que no se haría al estrellarse con una puerta.

La familia de Karla ha tenido que defenderse de la Fiscalía de San Luis Potosí, que se supone es la institución que velaría por sus derechos de verdad y justicia, explica Sandra Salinas.

Y es que la defensa tuvo que interponer un amparo pues la Fiscalía le negó el acceso al expediente de Karla. Un año después se lo entregó y sólo así se enteró que el jefe de Karla había sido consignado por homicidio culposo, por lo cual podría salir libre bajo fianza. 

Después de enterarse de esa decisión judicial, la familia interpuso un segundo amparo con el que buscan que la muerte se investigue como un feminicidio y no como accidente. Se espera que este año la SCJN, que atrajo el caso, defina una postura. De lograrse, el mérito sería de la familia que busca justicia para Karla.

Los errores de la Fiscalía fueron tales, que la CNDH denunció penalmente a ocho ministerios públicos y peritos, por no reconocer los derechos de la víctima y abstenerse a “practicar y ordenar los actos conducentes para la comprobación del cuerpo del delito”.

Conoce el micrositio de Animal Político de la serie completa: “Matar en México”

Lee AQUÍ las entregas anteriores de este especial de Animal Político.

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