Destrucción legalizada en la zona arqueológica de Cholula

Destrucción legalizada en la zona arqueológica de Cholula

Ante la falta de un reglamento sobre el tipo y altura de construcciones alrededor de la pirámide, el INAH y el gobierno de San Andrés avalaron un centro comercial de tres pisos a sólo 250 metros de distancia del corazón de la zona arqueológica

Foto: Marlene Martínez
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Cholula es un pueblo que ha visto cambiar su paisaje verde por el gris, no sin resistir, pero al final rendido y silenciado por la represión. Ahora alrededor de su zona arqueológica, a menos de medio kilómetro, ha comenzado a construirse una plaza comercial de tres pisos, una estructura metálica y negra que se puede ver desde la cúspide de la pirámide, y cuyo tamaño y estilo no tiene comparación con ninguna construcción de la zona. ¿Es ilegal? Dice la Ley que queda a criterio de las autoridades, y las autoridades, las mismas sobre las que pesan denuncias de corrupción y omisión, dicen que no.

Esta es la historia:

Cambio de paisaje

Cholula es la ciudad viva más antigua del continente americano. Su gran pirámide, enclavada en el corazón de los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, tiene la base más grande del mundo.

Los habitantes de estos municipios, apenas separados por una calle, han construido su vida alrededor de esa gran pirámide, que alguna vez fue centro ceremonial prehispánico, y que durante la conquista fue cubierta por los españoles con un cerro –Tlachihualtépetl, en náhuatl “falso cerro” o “cerro mandado a hacer”–, en cuya cima está la iglesia más importante de la región: el Santuario de la Iglesia de los Remedios, lugar de devoción que une a los habitantes de las Cholulas.

La gran pirámide, flanqueada por campos de flores, es hoy el centro espiritual que conecta ambos municipios, y junto a ella, a sólo 250 metros de la entrada al antiguo centro prehispánico, se yergue una estructura metálica de tres pisos, que rompe con el paisaje y la armonía de las construcciones comerciales y habitacionales de una o dos plantas.

Se trata del centro comercial Plaza Gran Pirámide, que irrumpe en la zona arqueológica aprovechando el vacío reglamentario sobre la altura y tipo de comercios que pueden construirse alrededor de la zona arqueológica protegida por un decreto de 1993, dejando a interpretación y criterio de las autoridades federales el otorgamiento de permisos, ante la indiferencia del gobierno municipal y el silencio temeroso de los habitantes de las Cholulas.

Trabajos alrededor de la zona arqueológica de Cholula
Foto: Cortesía
El distribuidor vial, las expropiaciones y el centro comercial

A diferencia del paisaje actual, hasta antes del 2014 el centro espiritual de las Cholulas era limpio y verde. Ese año comenzaron las intervenciones y nada de lo que los pobladores hicieron logró detener por completo la transformación de la zona.

El resultado es que hoy en día un centro comercial de tres pisos está casi terminado, a un lado del primer polígono de la gran pirámide, zona protegida por un decreto de 1993 que, en teoría, restringe las construcciones y modificaciones para evitar su destrucción.

Pero tanto el decreto como la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos son ambiguos en cuanto a las especificaciones de lo que se permite o no, por lo que las autoridades federales, estatales y municipales se lavan las manos adjudicando la responsabilidad a otra.

El Artículo 8 del decreto, que se refiere a predios particulares dentro de la zona, dice que de ser necesario el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) deberá promover “la modificación o adecuación de las obras o bienes no arqueológicos de cualquier naturaleza que afecten la vista y el acceso a los monumentos o puedan desvirtuar su apreciación y comprensión dentro de la zona a que se refiere este Decreto.”

De modo que cuando se pretenda una construcción demasiado grande o alta deberá ser revisada bajo el Decreto, que remite a la Ley Federal de Monumentos, donde no se establece una altura máxima fijada para tales construcciones (tampoco en su reglamento), lo que deja abierta la puerta a la interpretación y criterio de las autoridades.

Por ello el centro comercial Plaza Gran Pirámide, que empezó a construirse en mayo de 2017, tiene ya un tercer piso a punto de ser terminado.

Para Xóchitl, habitante de Cholula, la plaza comercial es una prueba más de que al INAH, la institución federal que fue creada para salvaguardar el patrimonio histórico de México, le importan más los comercios que la zona arqueológica.

En sus palabras, lo peor de todo es que alrededor de la construcción de la plaza hay silencio, una muestra del miedo a revivir la represión, como la que sufrió el Movimiento “Cholula Viva y Digna” que en 2014 hizo frente a las expropiaciones y a la destrucción de la zona arqueológica milenaria, por la que fueron detenidas cuatro personas y hubo amenaza de órdenes de aprehensión contra otras diez.

Ese año el ex gobernador Rafael Moreno Valle -esposo de la actual candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso- inició la construcción del Distribuidor Vial Cholula, una gigantesca obra a menos de 500 metros de la zona arqueológica, que separó los barrios tradicionales de las Cholulas.

Durante las excavaciones para dicha obra, a principios de agosto de 2014, hubo importantes hallazgos -12 entierros prehispánicos y el cráneo de lo que parecía ser un Guerrero Jaguar-, que fueron desestimados por el INAH. A pesar de ello, y de que el Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla le pidió públicamente detener los trabajos que dañarían el paisaje cultural, el entonces delegado del INAH en Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, declaró que el cráneo del Guerrero Jaguar no ameritaba la suspensión del proyecto.

Al poco tiempo, el 26 de agosto, los cholultecas despertaron con la noticia de la expropiación de los campos de la pirámide para construir el “Parque Intermunicipal” o “Parque de las 7 culturas”, cuyo proyecto definitivo nunca fue dado a conocer por las autoridades, pero llenó de concreto una parte de los campos.

La represión hacia el movimiento Cholula Viva y Digna en 2014 tuvo como resultado el silencio social, pese al enojo y el desacuerdo de los vecinos de las Cholulas, como Aída, quien lamenta que al final el gobierno haga lo quiere. Y “nadie dice nada, porque la policía te lleva, si dices algo te llevan, por eso ya nadie quiere hacer nada. Ellos hacen lo que quieran, están destruyendo, lo que es Cholula cada vez se hace más y más chico, cada vez queda menos, ha ido desapareciendo.”

Cholula. Defensa del territorio
Foto: Marlene Martínez
La legalización de la destrucción

El jefe del área jurídica de la Delegación INAH Puebla, Juan Manuel Reyes Ortega, dice que tanto el área de Arqueología como el área de Monumentos Históricos de la dependencia hicieron sus respectivos análisis y dieron los permisos para la plaza, al no encontrar ninguna estructura, ni vestigios.

“Sí hubo material de recolección como cerámica y todo eso, como en cualquier sondeo que se hace en Cholula. Cholula es un área donde en cualquier lugar que le hace uno así (escarbar o sacudir) aparece el tiesto, aparece la carita, por eso se hace la intervención del instituto para realizar los estudios correspondientes. Entonces, en virtud de que no había afectación a monumento arqueológico alguno, (el permiso) se liberó por parte de la sección de Arqueología”, explica el abogado.

De hecho el área de Monumentos Históricos resolvió que no hay “monumentos históricos relevantes en el entorno”, ya que la mayoría de inmuebles (viviendas y negocios) que hay en las calles que rodean la zona arqueológica, del lado de San Andrés Cholula, son contemporáneos, aunque a escasos 200 metros está la zona arqueológica

“Entonces con base en en esos criterios, no hay afectación al contexto histórico porque no lo hay en esa área, entonces se autoriza esa construcción. Y como le comentaba, tomando en cuenta los visuales, llamémosle así, que existen hacia la pirámide, bueno pues no hay una afectación porque esa manzana ya está construida”.

Sobre la altura de las construcciones en la zona protegida por el decreto de 1993, Juan Manuel Reyes Ortega confirma que “no hay una reglamentación. Aquí es en análisis técnico de contexto, por la topografía de los terrenos. No podemos poner una norma estándar. Nosotros mismos estaríamos creándonos una situación difícil que no podríamos, afectaríamos visualmente digamos lo que es la gran pirámide.”

El análisis técnico se hace tomando en cuenta la topografía de cada terreno en particular, ya que no se puede establecer una altura estándar por la inclinación y elevación de la zona, por lo que los casos se analizan predio por predio.

En ese sentido, la antropóloga y Doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana, Elvia de la Barquera considera hay una serie de irregularidades en cuanto a las disposiciones y dictámenes del INAH, y el principal problema es que no existe una normativa que permita defender legalmente la zona arqueológica respecto a la altura de inmuebles nuevos, como el centro comercial.

Foto: Marlene Martínez
Una historia de irregularidades

La Plaza Gran Pirámide ha presentado irregularidades durante el proceso de construcción, que comenzó en los primeros meses de 2017. El 22 de mayo la obra fue suspendida temporalmente por no contar con los permisos correspondientes del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

La entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, Carmen María Fortanet Lara, declaró a varios medios de comunicación que el único permiso que había era uno provisional del INAH y el permiso de uso de suelo que otorga el ayuntamiento, pero que los permisos de construcción seguían en trámite.

Algunos vecinos denunciaron desde entonces que las excavaciones en el terreno y la altura  de la construcción, mayor a la de las construcciones aledañas, podrían afectar la zona arqueológica y la vista a la pirámide. Sin embargo, después de casi un mes los trabajos se reanudaron.

La obra tuvo licencia de construcción y permiso de uso de suelo hasta mediados de febrero del 2018, casi un año después de que iniciaron los trabajos, de acuerdo con solicitudes realizadas al municipio de San Andrés Cholula.

Arnulfo Aurioles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, responsabiliza al INAH de permitir la altura y las dimensiones de la construcción, pues es quien autoriza o a quien corresponde revisar esas características de los proyectos. El municipio sólo revisa el tipo de obras que se pueden hacer, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable y la Carta Urbana, publicado en 2008, donde sólo se menciona un “plan de mejoramiento de imagen urbana para los sitios arqueológicos”, sin mayor detalle.

Desde 2014, cuando empezó la administración del actual alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula ha cambiado cinco veces de titular. A finales de 2016, cuando se emitió el permiso del INAH, el encargado era Edmundo Tlatehui Percino. En mayo del año siguiente entró Carmen María Fortanet Lara, y desde agosto de 2017 está a cargo Arnulfo Aurioles Gamboa, quien trabajó en la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Aurioles fue denunciado penalmente en 2014 junto con otros funcionarios por presuntos actos de corrupción en obras públicas, y fue inhabilitado durante dos años.

Construcción del distribuidor Vial Cholula
Foto: @CholulaEnBici
INAH = omisión

La delegación del INAH en Puebla lleva años siendo señalada y denunciada por permitir y solapar la destrucción patrimonial en el estado. La constante destrucción fue objeto ya de una demanda penal, interpuesta por el antropólogo y estudiante de arqueología Reynaldo Lemuz Nieto, en la que están señaladas directamente las autoridades municipales, estatales y federales.

En el permiso para la Plaza Gran Pirámide otorgado por el INAH, el entonces delegado en Puebla, José Francisco Ortiz Pedraza, designó como responsable de la obra al arquitecto Miguel Ángel García Fernández para supervisar todos los trabajos de la construcción. García Fernández también es el arquitecto encargado de la remodelación y construcción del Barrio Smart en Santa María Tonantzintla, localidad de San Andrés Cholula, donde en enero de 2018 se derribó la torre del reloj de la iglesia del pueblo, generando protestas e inconformidad de los habitantes, aunque supuestamente tenía permisos del INAH. Un mes después la dependencia federal dijo que la obra era ilegal.

El ex delegado Francisco Ortiz Pedraza estuvo en el INAH de 2013 a 2017, periodo durante el cual se otorgaron los permisos para el centro comercial.  

Ortiz Pedraza estuvo envuelto en varios escándalos: en 2014 fue señalado y denunciado públicamente por académicos y activistas por aprobar la construcción del Distribuidor Vial donde se encontraron los entierros y el supuesto cráneo del Guerrero Jaguar.

En julio del año pasado, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Varela fue nombrado nuevamente titular del INAH Puebla, delegación que encabezó durante 12 años. Valencia, quien también ha estado involucrado en escándalos de destrucción de patrimonio, sigue manteniendo dentro de la delegación al arquitecto Miguel Ángel García Fernández.

La Plaza Gran Pirámide está siendo construida por el empresario Iván Mange Zamora. La marca, el registro y permisos están a su nombre, así como los correspondientes a la marisquería Hook y la plaza de comida rápida Piki Market, ubicadas a una calle de la plaza en construcción.

La empresa “Proyectos Distrito St. Andrew”, la cual registró la marca “Gran Pirámide Plaza”, nombre que está en el sitio oficial del centro comercial, fue creada a finales de 2016, un mes después de haberse emitido el permiso del INAH.

Al final las leyes que protegen la zona arqueológica prácticamente son de adorno: nada ha salvaguardado la integridad del patrimonio ancestral.

Esta historia fue desarrollada con el apoyo del instituto Prensa y Sociedad IPYS y el Lincoln Institute of Land Policy.

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