Foto: Samantha Páez

Samantha Páez

@samantras

A un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 10/2017 por la contaminación del río Atoyac, aún no se firma el convenio de coordinación interinstitucional y cooperación técnica para el Plan integral de saneamiento de la cuenca.

Integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla y el Centro “Fray Julián Garcés” de Derechos Humanos solicitaron dos veces por escrito que se les incluya, pero hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades.

Esto a pesar de que en la recomendación dirigida a la Semarnat, Conagua, Profepa, Cofepris, gobierno de Puebla y gobierno de Tlaxcala, así como a los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, se estipula que en un plazo no mayor a seis meses se firmaría un convenio de coordinación entre dependencias, empresas instaladas en la cuenca y organizaciones que deseen participar en el saneamiento.

Las organización destacaron la importancia de que los pobladores participen en la recuperación del río atoyac y sus afluentes, además de que haya una coordinación real entre las instancias de gobierno antes de que se planteen nuevas inversiones en plantas tratadoras u otras obras públicas.

Sin avances

El pasado 21 de marzo las organizaciones hicieron un recorrido por varias zonas de descarga de contaminantes del río Atoyac, para visibilizar cómo a un año de la recomendación la situación de la cuenca sigue igual o ha empeorado.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés”, dijo durante el recorrido que la respuesta de las autoridades para sanear el río –desde 1995 a la fecha- ha sido la elaboración de estudios y la construcción de plantas tratadoras.

Sin embargo, esto no sirve si no hay muestreos reales sobre la calidad del agua, ni tecnología diferenciada en las plantas tratadoras dependiendo el tipo de contaminantes que se descarguen.

De 2012 a 2016 el gobierno del Puebla destinó más de 100 millones de pesos a una red de monitoreo que mide en tiempo real los niveles de contaminación del Atoyac, así como su procedencia, el problema es que los resultados de estas mediciones no son públicos y ni siquiera están procesados, como lo documentó en su momento la reportera Suzana de los Ángeles.

Aunado a esta situación la NOM-001-SEMARNAT-1997 -que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de agua- estaría rebasada, ya que su enfoque es hacia residuos domésticos o municipales y por ello no incluye sustancias muy tóxicas como el benceno.

—La misma norma es insuficiente, la recomendación (de la CNDH) documenta que las estaciones de monitoreo no miden todas las sustancias que están arrojándose al Atoyac.

El estudio “Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de negligencia continúa”, de organización internacional Greenpeace, apunta que en el Atoyac se encontraron sustancias tóxicas como el Manganeso, Vanadio, Zinc, Niquel y Cromo.

Asimismo la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó sustancias dañinas para el ser humano, como cloroformo, tolueno, bromodiclorometano, clorodibromometano y bromoformo, en pozos y fuentes de agua cercanos al río Atoyac.

Foto: Samantha Páez

Sin capacidad de vigilancia

Octavio Rosas Landa R., de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, explicó que además el gobierno federal, a través de la Cofepris, tiene nula capacidad de vigilancia, debido a que sólo se hicieron siete visitas de inspección en los cinco municipios sobre los que versa la recomendación y donde hay más de 2 mil industrias.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia a la CNDH, de 2005 a 2016 Conagua abrió 33 expedientes por descargas irregulares en el Atoyac, los cuales derivaron en 18 multas -que en total suman 2.6 millones de pesos- y siete procesos concluidos sin sanción. Mientras que la Profepa detectó 48 descargas y de ellas sólo 12 contaban con permisos.

Para Alejandra Méndez las multas impuestas por la Conagua no son suficientes porque son muy bajas y en pocos meses las empresas contaminantes las cubren. Con esta política prácticamente las industrias “pagan por contaminar”.

Por ejemplo, la empresa Mexichem Resinas Vinílicas, quien recibió una sanción por 45 mil pesos por descargar agua contaminada en el afluente -de acuerdo con a una solicitud de información hecha por Suzana de los Ángeles-, dice en su página de internet que su facturación anual es de 3 mil millones de dólares.

En otros países de América Latina las multas por contaminar los cuerpos de agua son mucho más altas. En 2003 Panamá multó a Coca-cola por 550 mil dólares –unos 5.6 millones de pesos a tipo de cambio de 2003- por derramar colorante y tratar de ocultarlo. Mientras que Uruguay este año impuso una multa de 20 mil 300 dólares –371 mil 490 pesos- a una empresa de celulosa por un vertido de sólidos que «superó levemente lo permitido».

Propuestas ciudadanas

Debido a la incapacidad del propio gobierno para recuperar el afluente del Atoyac, las comunidades y las organizaciones hicieron su propio plan, el cual consiste en:

1)     Que se incluya todos los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas del río dentro de la cuenca del Atoyac.

2)     La restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la Zona Federal.

3)     La prevención, control y monitoreo de la contaminación futura de la cuenca.

4)     El diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca.

5)     El Plan de Saneamiento debe contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones en todas sus etapas.

6)     La aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.

Algunas de las sugerencias más prácticas son los baños secos o Sistema Unitario de Tratamiento y Reuso de Agua, Nutrientes y Energía (Sutranes) -una técnica para separar las aguas jabonosas y las aguas residuales, para luego tratarlas con lirios acuáticos y bacterias- para tratar las aguas domésticas y municipales.

Además instalar a todas las pequeñas mezclilleras en un mismo corredor, de tal forma que puedan compartir gastos para construir una planta tratadora que limpie sus descargas.

Desde la perspectiva de Octavio Rosas la consecuencia de que el gobierno federal no tome en cuenta a los pobladores, es el riesgo de que se privatice el saneamiento; es decir, que sean empresas quienes determinen las medidas a realizarse y sean las comunidades afectadas quienes terminen pagando por ello.