#LeyChayote o la institucionalización del “no pago para que me peguen”

#LeyChayote o la institucionalización del “no pago para que me peguen”

Cuauhtémoc Cruz Isidoro

@cuau_cruz

Hace 36 años, el entonces presidente José López Portillo advertía: “no pago para que me peguen”. En aquellos años, el Gobierno Federal había suspendido la contratación de publicidad gubernamental —hoy conocida como publicidad oficial— a la Revista Proceso, dirigida por Julio Scherer García, como represalia por su línea editorial crítica.

La máxima de López Portillo pintaba de cuerpo entero la relación entre la prensa y el poder gubernamental. La publicidad oficial se fue convirtiendo en un mecanismo de control sobre los medios de comunicación. Si la línea editorial era afín, como premio hay recursos; si no, se busca ahogar económicamente al medio crítico.

Con aquella frase como eje rector, este martes, 205 diputados, encabezados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una iniciativa de Ley de Comunicación Social que lejos de regular con principios claros la Publicidad Oficial; mantiene las puertas abiertas para las malas prácticas.

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos bautizado a esta iniciativa como #LeyChayote (en el argot periodístico se le conoce como “chayote” al pago que hacen los funcionarios o dependencias a los periodistas, columnistas o directores de medios para que publiquen cosas afines) por considerar que “no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”.

De igual forma, la iniciativa, que en términos generales se basa en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) desde hace más de quince años, no retoma ninguna de las iniciativas propuestas por los demás partidos, ni toma en cuenta el decálogo que presentamos organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos en febrero pasado.

Bajo pretexto de que el tiempo impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está encima de ellos -que por cierto, tuvieron desde febrero para iniciar los trabajos- la aplanadora tricolor se cerró al dialogo y no quiso escuchar a las Organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en el Colectivo #MediosLibres; ni siquiera a Artículo 19, organización que ganó el amparo que hoy los tiene legislando.

Asimismo, los legisladores cuyos partidos hoy conforman la Coalición Todos Por México que pretende llevar a José Antonio Meade a la Presidencia de la República, perdieron la oportunidad de hacer cumplir una de las promesas que pregonaba Enrique Peña Nieto hace seis años.

El 16 de julio de 2012, pocos días después de haber ganado la elección presidencial, Peña Nieto publicó en el diario Reforma un artículo titulado “El comienzo del cambio”. Ahí, señaló que impulsaría “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”. El presidente cerraba ese artículo diciendo “Los mexicanos nos dieron su voto de confianza. Iniciemos juntos la transformación de México”.

Dicha promesa volvió a aparecer en aquel memorable Pacto por México. El último compromiso, el número 95, señalaba a la letra:

“Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud.”

Dicha instancia nunca llegó, ni siquiera está planteada en la iniciativa. En cambio el panorama fue totalmente distinto. De acuerdo con datos de Fundar, de 2013 a 2017, el gobierno federal gastó en #PublicidadOficial 40 mil 600 millones de pesos. Comparemos, tan solo el presupuesto del INE para las elecciones de este año, las más grandes de nuestra historia, es de 24 mil 215 millones de pesos, aproximadamente 40% menos, y eso que ya incluye el financiamiento a los partidos.

En contraste con otros presupuestos que en los últimos años se vieron disminuidos, como en Educación, Salud o Medio Ambiente, en Publicidad Oficial se gastó 70% más de los recursos aprobados. Sólo con el excedente (16 mil 858 millones de pesos) se podrían construir aproximadamente 196 clínicas del IMSS para atender el cáncer de mama.

Asimismo, de esos 40 mil millones, según documentó Artículo 19, el 55.96% fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación, siendo los principales beneficiarios Televisa, Estudios Azteca y Starcom Worldwide, mientras que el 44.04% restante se repartió a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.

Pese a este escenario y aquella promesa hecha hace seis años, 169 diputados del PRI, 24 del Partido Verde y 10 de Nueva Alianza, más 2 panistas, decidieron aprobar la iniciativa que a todas luces se nota que provino del Palacio de Cobián y que contó -muy seguramente- con el visto bueno de Los Pinos. Aquella promesa seguramente estará en algún cajón, quizá esperando algún momento de la campaña electoral para ser revivida.

Hoy la única esperanza que aún queda para que dicho dictamen sea rechazado o por lo menos modificado, es en el Senado de la República, donde por lo menos existen otras 6 iniciativas y donde el PRI y su aliado el Verde sólo tienen 60 votos.

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