Marcha para exigir la aparición de personas desaparecidas en Puebla. Julio 2015.
Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El aumento en las desapariciones de mujeres y niñas en Puebla no fue tomado en cuenta en la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que presentó la Academia Litigio Estratégico en Incidencia en Derechos Humanos (Aleidhac) en septiembre del año pasado.

Durante el evento “Ella escribe en las paredes: ¡Resiste!” realizado el martes en la Universidad Iberoamericana Puebla, Violeta Sánchez Luna, integrante de la organización, dijo que ni el estado de Puebla ni el grupo de trabajo que analizó la solicitud consideraron que la problemática presentada en el documento enfatizaba el grave problema de las desapariciones de mujeres.

En Puebla hay acumuladas tres solicitudes para emitir la AVGM, hecho que Aleidhac cuestiona porque la ley prevé que esto ocurra sólo cuando las peticiones son por los mismos hechos. Y en este caso, el documento que presentaron -a diferencia de los otros dos- documentaba ampliamente el tema de desaparición cada vez más frecuente de mujeres y niñas, y cómo esa problemática está siendo ignorada e invisibilizada por las autoridades.

La organización considera que el Estado no dio una respuesta efectiva ante la anterior solicitud, además de que el seguimiento a su petición fue informal y opaco. Uno de los señalamientos de las defensoras fue que el mismo grupo de trabajo que determinó improcedente de la primera solicitud de AVGM es el que revisó su solicitud.

Sánchez Luna lamentó que los mismos servidores públicos hayan convertido la alerta de género en un tema político. Y específicamente la respuesta del Estado de Puebla no fue efectiva pues seguramente, dijo Violeta, tomaron en cuenta argumentos políticos como un posible freno a la economía, las inversiones y el turismo.

“Desde mi perspectiva no se dan cuenta de que por el contrario, si un estado demuestra que está trabajando a favor de las mujeres eso no afecta a ningún hombre y si mejoramos nuestras instituciones de impartición de justicia toda la ciudadanía resulta beneficiada.»

Narró que en su momento, cuando pedían la AVGM para el Estado de México, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto argumentó que había intención de truncar su ascenso político. En ese caso las organizaciones trabajaron cinco años y enfrentaron un amparo, pues la justicia mexiquense aducía falta de interés legítimo por no ser “directamente afectadas”. Sin embargo, la justicia federal resolvió a su favor y determinó su legítimo interés.

Foto: Marlene Martínez

La emergencia de las desapariciones

Miriam Pascual Jiménez, abogada de Justicia Pro Persona e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, compartió la ponencia “La desaparición como violencia feminicida”, que analiza el fenómeno de la trata ligado a la desaparición de niñas y mujeres en el corredor Puebla-Tlaxcala.

En los hallazgos destacó factores relacionados no sólo con el perfil de las víctimas –como contextos de pobreza, desigualdad y marginación– sino con el agresor: mientras que tradicionalmente los victimarios enganchaban a las jóvenes mediante enamoramiento, ahora son muchos más los casos donde se ejerce violencia para secuestrar a las mujeres.

Miriam compartió algunos casos de éxito donde se ha logrado hallar a las mujeres y rescatarlas. Una de las cosas más importantes para ello ha sido la búsqueda inmediata, y aclaró que no hay ningún fundamento legal para que esperen 72 horas, tres días enteros, antes de iniciarla. Para la abogada, el no iniciar la búsqueda durante las primeras 10 horas es una grave violación a los Derechos Humanos.

Pese a que de acuerdo con datos del diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre trata de personas, las mujeres poblanas son llevadas a los principales estados de explotación de personas, y Puebla encabeza la lista de víctimas localizadas en el extranjero, la abogada dijo que a nivel local no hay ni políticas públicas ni campañas de prevención para la desaparición.

En la presentación, Miriam resaltó que la problemática no es reciente pero no es de interés público, y que lo importante para los gobernadores tanto de Puebla como de Tlaxcala y la Ciudad de México, lugares del corredor de trata y explotación, es la imagen pública, no la vida de las mujeres.