Miriam Jemio | Connectas

Bolivia.- “Han venido a tomar muestras de agua, pero no sabemos los resultados”, esta es la frase que más repiten en las comunidades indígenas que viven en el área de influencia del Parque Nacional Aguaragüe, zona de recarga acuífera para la región del Gran Chaco, ubicado en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia donde habitan 147.478 personas.

En el Aguaragüe se realiza actividad hidrocarburífera desde los años 20 del siglo pasado, la cual ha dejado contaminación en sus suelos y fuentes de agua. Un hecho denunciado de manera sostenida por los indígenas guaraníes, habitantes ancestrales de la zona.

Antes de cerrar 2017, el gobierno y la Unión Europea divulgaron los hallazgos de una investigación que arrancó en 2014 y los resultados no ocultan el desastre: existen cinco pasivos ambientales de alto riesgo que contaminan el suelo y agua en el Aguaragüe, dando así la razón a las denuncias de los indígenas.

Los pasivos ambientales son un eufemismo para nombrar a los pozos de exploración y explotación perforados en los campos petroleros que luego quedan abandonados con deficiencias en el sellado y con emanaciones de hidrocarburos sin ningún tipo de control.

Esta situación, reconocida oficialmente por el gobierno, trunca uno de los objetivos establecidos cuando se creó el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado en el año 2000: Proteger la serranía del Aguaragüe como área reguladora del régimen hídrico y como única fuente de agua del chaco tarijeño.

La declaratoria no sirvió para frenar la exploración y explotación de petróleo y gas en las últimas décadas. Además de los recursos dañados, en las comunidades, los guaraníes aún viven en la pobreza, sin servicios básicos cubiertos y sin tierra, sin áreas de cultivo.

Asediada por la contaminación, la fuente de agua del Gran Chaco disminuye

Hace décadas que los habitantes de la ahora autónoma Gran Chaco (Tarija) saben que su fuente de agua nace en el Aguaragüe, precisamente por eso se creó el Parque Nacional para proteger esa región y ese importante recurso para los pobladores de los municipios Yacuiba, Villamontes y Caraparí.

Pero su riqueza hidrocarburífera se convierte en una amenaza. Desde la década de 1920, el subsuelo del Aguaragüe ha sido explotado y ha dejado una herencia de pasivos ambientales, como pozos petroleros, campamentos, infraestructura de almacenamiento, maquinaria y oleoductos, entre otros, que operaron hasta 1996.

De esa primera etapa extractiva, realizada solo por empresas privadas, quedaron al menos 60 pozos principalmente en las zonas Caigua, Los Monos y Sanandita, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). Muchos no fueron cerrados adecuadamente y aún provocan emanaciones de gases y líquidos, afirmó a la RAI Jorge Campanini, investigador del Cedib.

La explotación, a pesar de ser un área protegida, se incrementó con los contratos petroleros firmados entre 2006 y 2013, tras la nacionalización de las empresas durante la primera gestión de gobierno de Evo Morales. El Cedib cuantificó que el 72,5% de su superficie está comprometida entre contratos petroleros, contratos de Sociedad Anónima Mixta, convenios de estudio y áreas reservadas para capitales extranjeros.

Los indígenas guaraníes llevan más de una década denunciando, de manera sostenida, que sus fuentes de agua están contaminadas por esa actividad extractiva. “No somos escuchados”, aseveró el Mburubicha (capitán mayor) de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Caraparí, Víctor Barrios, quien lamenta que hasta la fecha no se haya eliminado esa contaminación.

“El Aguaragüe es nuestra fuente de vida, porque el guaraní se dedica a la caza y la pesca”, expresó Verónica Roca, indígena de la comunidad Achoral. Contó que cuando no estaban las empresas petroleras en Caraparí (segunda sección de la provincia Gran Chaco, ubicada a 32 kilómetros de Villamontes), tenían para alimentarse: “Salías al monte y te conseguías un animal. Cazabas y tenías para vivir. Ibas al río a pescar. Pero ahora, con las empresas petroleras y el movimiento que hay, hasta el mismo animal ha desaparecido con la bulla. Eso nos complica más aún la vida”.

En la comunidad Caigua, ubicada en el municipio de Villamontes (tercera sección de la provincia Gran Chaco), los guaraníes tienen la misma versión. “Antes que vinieran las empresas tomábamos el agua de las vertientes, ahora nos hace daño”, afirmó Isabel Borda Vega, capitana de los indígenas de esa comunidad mixta.

Por la gravedad del problema y la demanda de los indígenas, en la última década, instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Medio Ambiente o la ONG Prometa, llegaron a la zona y tomaron muestras de suelo y agua para determinar el grado de contaminación; pero, según los indígenas, no conocen los resultados de esos análisis.

La última vez fue en agosto. “Vinieron, y no dicen nada del resultado. Hay que exigir el resultado. Acaso en vano van a gastar plata en hacer los análisis”, señaló el Mburuvicha de la APG Villamontes, Hilario Trigo. Se refiere a la inspección realizada por una comisión conformada por miembros del Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía de Villamontes, indígenas y campesinos.

La insistencia guaraní arrancó una remediación ambiental parcial

Tras una marcha de protesta que realizaron desde la población de Yacuiba a Villamontes en 2010, el gobierno firmó un convenio con los guaraníes para dar una pausa al Aguaragüe mientras se realice la remediación ambiental en los pozos abandonados entre las décadas del 70 y 90.

Los mburuvichas de Villamontes, Yacuiba y Caraparí coinciden en que esos trabajos no concluyeron hasta la fecha y lamentan que el gobierno ya haya procedido a dar nuevas concesiones en esa área.

El Aguaragüe tiene una superficie de 108.307 hectáreas, es un proveedor de servicios ambientales relacionados con la oferta de agua a las comunidades y ciudades cercanas a la serranía. Pero el área tiene también relación espacial y geológica con los principales megacampos gasíferos para la exportación: San Alberto, Itau, Sábalo, San Antonio y Margarita.

Por la constante presión de los indígenas, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a fines de 2011 una consultora para que ubique, diagnostique y proponga la remediación a los pasivos ambientales dejados por las empresas petroleras que operaron desde 1926.

A fines de septiembre de ese año, la estatal petrolera junto a dirigentes indígenas guaraníes y autoridades de Villamontes, Yacuiba y Caraparí inspeccionaron 12 pozos petroleros abandonados en los años 90 en el Aguaragüe, tras lo cual acordaron dar prioridad al cierre técnico de seis por la evidencia de la contaminación.

La estatal petrolera realizó un plan de remediación ambiental. Se ejecutó en dos fases, según comunicación oficial. Empezó en 2011 con dos pozos petroleros en Sanandita (SAN-X3 y SAN-31) que presentaban fugas en superficie y contaminaban la Quebrada Cororoy. Su remediación ambiental concluyó a inicios del pasado año.

La segunda fase se inició en 2014, abarca siete pozos (SAN-2, SAN-9, SAN-17, SAN-26, SAN-28, SAN-32 y S/N Itavicua), y aún no fue concluida.

No se conoce con exactitud el número de pozos que hay en el Aguaragüe. Un informe de la consultora contratada por el gobierno, tras la nacionalización de las empresas petroleras en 2006, registró 135 de esos pasivos. Según el Cedib, recomendó “proceder a la remediación inmediata” en 19 casos hallados en San Alberto “por ser procesos erosivos” y en diez pasivos del campo Sábalo por ser “áreas erosionadas con deslizamiento, erosión severa”.

En el recorrido que realizó, en octubre pasado, este medio por la serranía Santa Rosa donde están los pozos San Alberto, el urubicha de Caraparí, Víctor Barrios, mostró los pozos cerrados y los que aún funcionan. Explicó que algunos fueron perforados cerca o sobre los ojos de agua, lo que provocó que algunas de esas vertientes desaparecieran o se contaminaran.

Entre las comunidades afectadas directamente están Caigua, Los Monos, Sanandita y La Costa. Y en general, explica Gabriel Baldiviezo, dirigente indígena de Caraparí, las lluvias escurren los contaminantes –usados en la extracción de petróleo y gas- por la quebrada afectando las fuentes de agua y, lo primero, que se ha visto es que los peces empezaron a desaparecer.

Aseguran que eso pasó con la presa Caigua (Villamontes). Captaron agua de las vertientes, la canalizaron hasta la represa, pero está contaminada. “Ahora, hemos perdido todo, ¿de dónde tendremos agua?”, se preguntan.

En Caigua, los guaraníes contaron que ellos y su ganado enfermaban al tomar el agua que brota naturalmente, dejaron de usarla porque venía turbia y aceitosa. Como la producción agropecuaria de la zona abastece el 60 % de los alimentos que consume Villamontes, las autoridades construyeron una presa.

Son años de reclamos que no son atendidos ni por el gobierno ni por las autoridades locales, aseguran. Esas denuncias no son apoyadas por los campesinos. Ellos minimizan el problema porque perjudica la venta de pescado o de sus productos agrícolas, explicó la capitana Borda Vega. Caigua es una comunidad mixta, está conformada por la organización territorial de base (OTB) de los campesinos y la APG de los guaraníes, cada una se rige por sus propias normas.

En lo que sí están de acuerdo los campesinos en la comunidad Santa Rosa (Caraparí) es que hay menos agua. Lo atribuyen a que en la apertura de pozos de exploración “hurgaron la tierra y taparon las corrientes de agua”, explicó Hilario Quispe, dirigente campesino de esa comunidad, que es compartida con los indígenas. Estiman que disminuyó en 50%.

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