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Samantha Páez

@samantras

La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) resolvió en promedio 48.1% de las investigaciones iniciadas y acumuladas entre enero de 2016 y diciembre de 2017, según sus estadísticas mensuales.

Esto significa que la dependencia arranca el proceso electoral de 2018 con 4 mil 228 investigaciones pendientes, las cuales tendrá que resolver junto con las que se abran en el transcurso del año.

El dato toma especial relevancia porque las denuncias se podrían incrementar este 2018 respecto a los años anteriores, debido a la gran cantidad de cargos en disputa: la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, nueve gubernaturas y otros 2 mil 688 puestos de elección popular, como alcaldías y regidurías.

De los 7 mil 949 casos que resolvió la Fepade entre 2016 y 2017, la mayor parte -65.3%- no tuvo consecuencias porque se determinó la no acción penal, la dependencia se declaró incompetente, se abstuvo de investigar o reservó la indagatoria. Sólo una de cada tres investigaciones terminó en los juzgados.

Bajan indagatorias electorales

De acuerdo con las estadísticas mensuales de la Fepade durante 2016 se iniciaron 3 mil 734 investigaciones por delitos electorales, tomando en cuenta carpetas de investigación y averiguaciones previas. Mientras que en 2017 fueron 2 mil 360 investigaciones, es decir, 36.8% menos que el año anterior.

La disminución podría deberse a que durante 2016 hubo más cargos en juego: 13 gubernaturas –incluyendo la de Puebla-, 967 alcaldías y 239 diputaciones locales; mientras que en 2017 los comicios fueron por sólo tres gubernaturas, 270 alcaldías, 34 diputaciones locales y 138 regidurías.

Una muestra de cómo bajan las denuncias electorales dependiendo de los comicios es Puebla, durante 2016 que se eligió gobernador la Fepade inició 465 investigaciones por presuntos delitos electorales y para 2017, que no hubo votaciones, fueron 381, lo que representa 22% menos.

Bajo esta lógica en 2018 podrían repuntar las indagatorias por delitos electorales, ya que se disputan 629 puestos de elección popular federales y 2 mil 697 puestos locales.

Tomada de diariodemorelos.com/

Poca denuncia ciudadana

De acuerdo con estadísticas de la Fepade durante 2016 y 2017 fueron las autoridades electorales -Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)- quienes denunciaron el 43% de las irregularidades.

En segundo lugar se encuentran las denuncias de particulares o ciudadanos, que representan el 36% de las indagatorias; luego están las denuncias de los servidores públicos (16%) y de funcionarios partidistas o militantes (5%).

Para Leonardo Núñez González, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es común que las denuncias provengan de las autoridades electorales y una mínima parte de los ciudadanos, debido a la falta de la cultura de la denuncia y también por la impresión de que las denuncias no sirven.

Si a esto se añade la destitución de Santiago Nieto Castillo el año pasado, luego de revelar que investigaba el presunto financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Emilio Lozoya, quien habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la credibilidad de la institución está cada vez más mermada.

Según la Fepade de enero a noviembre de 2017 recibió 4 mil 110 llamadas por parte de ciudadanos, de las cuales ocho fueron consultas, 2 mil 259 se clasificaron como denuncias y mil 848 como orientaciones. Una buena parte de las llamadas provendrían de las entidades donde se eligió gobernador: estado de México, Coahuila y Nayarit, así como de Veracruz donde se eligieron 212 alcaldías.

Vía internet la Fepade atendió 3 mil 53 consultas ciudadanas, de ellas la mayor parte fue orientaciones (2  mil 318) y luego denuncias (731). En tanto que por dispositivos móviles fueron 769 notificaciones, de las cuales sólo una de cada diez dio pie a indagatorias.

Falta ajustar sistema

Otra cuestión que destacó Leonardo Núñez es que sin el nombramiento del fiscal anticorrupción los delitos cometidos por funcionarios públicos no se indagan conforme a las reformas del Código Penal Federal. Durante 2017 hubo 205 investigaciones por delitos electorales contra servidores públicos

—Hay un tema pendiente que nos está deteniendo, entre comillas: hay un capítulo referente a los delitos de los servidores públicos que no entrará en vigor hasta que sea nombrado el fiscal anticorrupción.

De acuerdo con el experto, el nuevo fiscal no se ha nombrado por falta de voluntad política, y ello impide actualizar el catálogo de delitos cometidos por servidores públicos.

El presidente Peña Nieto impulsó a Raúl Cervantes Andrade como fiscal general; sin embargo, la postulación fue censurada por los partidos políticos de oposición y diferentes organizaciones sociales.