Foto: Cuartoscuro, tomada de publimetro.com.mx

Aranzazú Ayala

@aranhera

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, dijo este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

La Ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se discutirá en el Senado, donde se prevé sea aprobada también, pese a la crítica de organizaciones nacionales e internacionales, ha sido calificada como un riesgo y un retroceso

Jorge Javier Romero, profesor investigador de la facultad de política y cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, explicó en entrevista para LADO B que la Ley de Seguridad Interior sólo regulariza una estrategia fallida, porque hace once años que tenemos al Ejército en las calles y la violencia no sólo no ha disminuido, sino ha aumentado en los estados.

Es decir, en lugar de modificar e iniciar un plan gradual para regresar al Ejército a los cuarteles, están legalizando su presencia en las calles.

Además, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil es que esta ley se apruebe en la antesala de las elecciones, y que pueda tener un uso político.

Pero cómo afectará directamente en los estados, aquí te hacemos un breve recuento:

1. Esta legislación faculta al titular del Ejecutivo Federal, o sea al presidente, para decidir en cualquier momento y de manera arbitraria cuándo existe una situación que “compromete la seguridad nacional” y así enviar las fuerzas armadas a las calles.
2. La ley establece que la información que se desprenda de estas decisiones “compromete la seguridad nacional”, por lo que será clasificada como confidencial y por ende no será de acceso público. La propuesta cierra todo el acceso a la información.
3. La legislación quita poder y responsabilidad a autoridades estatales y municipales sobre la seguridad pública, pues cuando el presidente de la República determine mandar al Ejército y Marina a las calles no será necesario que pregunte a gobernadores y alcaldes,  so pretexto de que está comprometida la seguridad interior e incluso podrá hacerlo contra la voluntad de estos.
4. Esta iniciativa genera incentivos negativos para que los gobernadores y alcaldes hagan su tarea en cuanto a la promoción de la seguridad ciudadana. Las autoridades estatales y locales podrán desentenderse (todavía más) de su tarea de hacer frente a la inseguridad y proponer políticas diferentes que cuestionen el origen y causas de la violencia.
5. Al ser el Presidente quien directamente ordene la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, los gobernadores se pueden desentender del gasto para el actuar de las policías estatal o municipal en situaciones de violencia. Así será aún más difícil que se replanteen desde lo local los mecanismos con los que funciona la policía.
6. La Ley enterró la propuesta de un Mando Mixto policiaco, que si bien según Jorge Javier Romero no era lo ideal, sí ponía sobre la mesa la discusión de la formación de policías. El investigador dijo a LADO B que lo que se necesita es reconstruir a las policías desde su formación, acercando la seguridad a la ciudadanía, y no militarizando más el país. Actualmente las policías más relacionadas con ilícitos son los mandos municipales, y hay pocas o nulas propuestas que se hayan volcado a atender ese problema.