Un trabajador coloca bloques de construcción elaborados artesanalmente en la construcción de parte de una vivienda vecina a una zona afectada por los efectos del huracán Irma, en el barrio del Vedado, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Patricia Grogg | IPS

LA HABANA, 9 nov 2017 (IPS) – La vivienda es el sector con mayor número de medidas legales en Cuba en las últimas décadas, pero también encabeza la lista de insatisfacciones entre la población,  con un déficit oficial de 883.050 unidades, que podría subir a 900.000 al concluir el año, por las secuelas del huracán Irma.

“Este problema, cada vez más acuciante en muchos territorios del país, es muy complejo y debe ser analizado en su totalidad y con objetividad”,  comentó a IPS el profesor Fernando Martirena, experto en temas de vivienda de la Universidad Central “Marta Abreu”, de la central provincia de Santa Clara.

Desde los años 60 este sector ha sido objeto de varias leyes y decretos y casi dos centenares de regulaciones adicionales. El Decreto 288 aprobado en noviembre de 2011 figura entre las reformas mejor recibidas por la población bajo la presidencia de Raúl Castro, iniciada en 2008, al eliminar la prohibición de comprar y vender inmuebles.

Esta norma, que modificó la Ley General de Vivienda de 1988, abrió las puertas a la libre compra y venta de inmuebles entre ciudadanos cubanos e, incluso, residentes extranjeros. Además, eliminó trámites y regulaciones oficiales en los intercambios de vivienda, la llamada permuta, y legalizó la cesión de propiedades.

Pero antes de esa restitución del derecho de propiedad de las unidades residenciales, en 2010 se aprobó conceder licencias para edificar por “esfuerzo propio”, vale decir, en forma privada, a titulares de terrenos, azoteas u otras áreas, tanto para la reparación de viviendas en mal estado como para su ampliación.

Dentro de la reforma económica emprendida por el actual gobierno, ese mismo año, también para estimular la edificación habitacional en el sector privado, se autorizó la venta liberada de materiales como cemento, áridos y bloques, que hasta entonces eran exclusivamente de asignación central o de comercializados en pesos convertibles (CUC, equivalente al dólar).

A juicio de Martirena, ese cambio del modelo de gestión de la  vivienda, ha tenido resultados muy positivos, especialmente por el aumento de las ventas directas de materiales  a la población y por el hecho de que una parte importante de esos recursos son producidos por la economía local en los territorios.

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