Marcha para exigir la aparición de personas desaparecidas en Puebla. Julio 2015.
Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Las víctimas de violaciones a Derechos Humanos en Puebla no tienen acceso a los derechos que establece la Ley General de Víctimas: ser parte de un registro estatal para poder acceder al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que apoya no sólo en gastos operativos sino en una atención completa para la reparación del daño.

A nivel local todavía no se ha creado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), obligación del gobierno del estado que tiene que ejecutar la Secretaría General de Gobierno.

La creación del organismo independiente se desprende de la Ley General de Víctimas, emitida desde 2013 gracias a la lucha y presión de familiares y víctimas a nivel nacional, principalmente de las organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas.

Pese a que en Puebla ya existe la ley local, en armonización con la Ley General, dos años y medio después sigue sin reglamento y por lo tanto sin ser operativa.

La exigencia de la sociedad civil

El 4 de octubre de este año la mesa de género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla, integrada por el  Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), el Taller A.C., Mujer do Pará, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., Colectiva Hablemos de Género, No dejarse es Incluirse A.C., Mutradh A.C., y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, exigió mediante un comunicado la conformación de la CEAV, después de haber presentado un oficio el 18 de septiembre ante las autoridades estatales competentes.

Rosario Arrambide, abogada del IDHIE, dijo en entrevista a LADO B que el principal objetivo de la creación de la comisión es dar la atención necesaria a las víctimas y sobre todo que tengan acceso al registro y con ello al fondo para reparación del daño.

En su opinión, esta omisión es un claro incumplimiento a propósito, pues el gobierno de Puebla emitió la ley sin reglamento a sabiendas de que así no se puede operar; “es una práctica muy cotidiana, hacer procesos de institucionalización y no armonizarlos”.

La abogada dijo que el mensaje de la no creación de la CEAV es de revictimización, de una obstrucción al acceso a la justicia y de fomentar la repetición de los hechos.

[quote_box_right]Esta omisión es un claro incumplimiento a propósito, pues el gobierno de Puebla emitió la ley sin reglamento a sabiendas de que así no se puede operar; “es una práctica muy cotidiana, hacer procesos de institucionalización y no armonizarlos”[/quote_box_right]

En el comunicado, las organizaciones consideran que el hecho de que no existan estos mecanismos es una omisión directa del Estado para no asumir su responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales.

Volga de Pina, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) explicó que el problema de que no exista la CEAV a nivel local es que las víctimas no tienen acceso a medidas de asistencia, atención y apoyo ni de reparación y compensación subsidiaria.

Una de esas medidas es la asesoría jurídica, que es la figura de un abogado o abogada que apoye a las víctimas. Otro de los apoyos de la comisión son los viáticos en caso que las víctimas deban viajar a otra ciudad a revisar expedientes. También hay un apoyo para renta y fondo de despensa. Son muchas medidas porque muchas víctimas, sobre todo en caso de familias de personas desaparecidas, dejan de hacer sus actividades económicas y se dedican a buscar.

Uno de los elementos centrales de la CEAV es el Fondo de Apoyo, que tiene que determinarse en cada ejercicio presupuestal y debe estar regulado en el reglamento de la ley, que en el caso de Puebla todavía no existe. Arrambide dijo que por ello no es posible saber cuál es el camino que tomaría el fondo, ni el procedimiento del registro para las víctimas, ni siquiera cómo se integraría el consejo de la comisión.

Lo único que hay es un fondo de víctimas del delito pero de la Fiscalía General del Estado (FGE), que no toma en cuenta a quienes hayan sufrido violaciones a derechos humanos. “Se tendría que prever eso, el registro, la posibilidad de acceder a una reparación del daño por violaciones a Derechos Humanos, pues es un tema que muchas veces no se garantiza”, dijo la abogada del IDHIE.

Desde el 28 de noviembre del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 54/2016, dirigida al entonces gobernador Rafael Moreno Valle, en torno al incumplimiento de acceso a la salud en el Hospital General de Cuetzalan. La recomendación determina que las víctimas debían ser inscritas al Registro Estatal de Víctimas de Puebla, para poder tener acceso al Fondo de Ayuda.

Sin embargo, casi un año después, sigue sin haber registro, fondo ni comisión. No sólo hay una violación al acceso a la justicia, sino otra violación a los derechos de las víctimas.